Proponen “auditorías masivas” y “un SAS de gestión y provisión 100% públicas” frente al escándalo de los contratos en la Consejería de Salud
En estos últimos días, la Fiscalía Anticorrupción ha ampliado la querella por fraccionamiento de contratos públicos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) introduciendo en la misma contratos por un monto total de 24 millones € a empresas, clínicas y hospitales privados que habrían sido prorrogados de manera irregular en 2024. Han sido imputados en la misma -de momento por prevaricación administrativa- la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y a sus dos predecesores: Diego Vargas y Miguel Angel Guzmán.
Por estos hechos el partido independentista Nación Andaluza ha emitido una nota de prensa en la que señala que “el gobierno de Moreno Bonilla está en shock desde el mes de marzo de 2023, cuando trascendieron los primeros datos del fraccionamiento de contratos. Entonces el portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, dijo que no prorrogarían ningún contrato más de emergencia pero mintió”.
Denuncian que “hay además un hecho demoledor e inquietante: la Intervención denuncia que no hay ninguna acreditación documental, en todo lo que se refiere a hospitales y clínicas privadas, de que los trabajos previstos en los contratos se hayan realizado. Es decir no hay constancia de cuantos pacientes derivados desde la sanidad pública han sido atendidos y qué pruebas e intervenciones quirúrgicas se les han realizado. ¿En qué se ha gastado ese dinero? Desde luego, el argumento de la Junta de que la transferencia de dinero público a la medicina privada era para terminar con las listas de espera para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no queda acreditado documentalmente”.
Declaran “digámoslo alto y claro. Basta de colas a las 6 de la mañana en los centros de salud para pedir cita con el medico de cabecera. Basta de listas de espera para pruebas y operaciones. Basta de transferir dinero público al sector privado… Frente a ello más personal sanitario, más material y aparatos electrónicos de diagnóstico, más quirófanos y, mientras no se construyen, más expropiación de clínicas y hospitales privados. Hay que llegar hasta el final y requerir al sector privado que ha recibido dinero público y no ha hecho “el trabajo” que lo devuelva”.
Y apuntan como imprescindible “auditorías masivas del servicio de Intervención de la Junta al resto de consejerías a fin de comprobar si la práctica del fraccionamiento de contratos es generalizada” así como, de forma más general “un SAS de titularidad, gestión y provisión 100% públicas con prohibición por ley de las externalizaciones”.
Terminan concluyendo que “dentro de este Estado español y su virreinato andaluz el panorama es claro: deterioro de los servicios públicos y políticos ineficaces y que defienden los intereses de los de arriba. Para la burguesía nuestra salud es mera mercancía para hacer negocio. Ahora más que nunca, solo la lucha por una Andalucía independiente y socialista, que supere las relaciones de propiedad capitalistas y la sobreexplotación asalariada nos permitirán dotarnos de una sanidad andaluza pública y de calidad”.
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