Denuncian que el Estado español hace poco “para detectar e identificar a víctimas de explotación la laboral”

El Consejo de Europa critica la “inacción” de las autoridades del Estado español ante las condiciones en las que viven los trabajadores inmigrantes del sector de la fresa en Huelva y las alegaciones de explotación laboral allí.

En un informe de evaluación publicado este lunes, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) se queja de forma general de que, si bien la Administración española actúa contra la explotación sexual de mujeres y chicas, “se hace mucho menos para detectar e identificar a víctimas de otras formas de explotación, en particular la laboral” según recoge Andalucía Información.

Para preparar esta tercera ronda de examen, lanzada en junio de 2021, una delegación del GRETA realizó una visita del 4 al 8 de julio de 2022 en Andalucía y estuvo, entre otros lugares, en las áreas de producción de fresas en Huelva.

En ese momento había allí 25 asentamientos de temporeros en los que vivían 914 inmigrantes -muchos menos que en temporada de recogida-, de los cuales 99 mujeres, en su mayor parte sin papeles y procedentes de Marruecos, Mali y Ghana.

El Consejo de Europa señala que no había acceso al agua potable ni electricidad en los asentamientos y que carecían de condiciones de salubridad.

Según las ONG con las que estuvieron en contacto los expertos, algunos migrantes eran explotados laboralmente e incluso podían ser considerados víctimas de trata. En concreto, trabajaban más horas de las legales con remuneraciones inferiores al salario mínimo y en algunos casos ni siquiera se les pagaba.

La Inspección de Trabajo no funciona

El GRETA señala que los inspectores de trabajo no tienen mandato para ir a los asentamientos. Quien sí que va regularmente es la Guardia Civil, sobre todo cuando hay incidentes o para identificar a personas vulnerables, como mujeres embarazadas o con niños.

Por eso, dice estar “profundamente preocupado por la inacción de las autoridades con esta situación humanitaria que dura desde hace años y genera elevados riesgos de tráfico de personas”.

Los expertos del Consejo de Europa señalan que cuando hicieron su visita el pasado año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) contaba con una plantilla de 857 inspectores y 1.030 subinspectores, a los que hay que sumar 148 en Cataluña y 50 en el País Vasco.

Eso equivale a una media de uno por cada 19.000 trabajadores, una tasa que está “lejos de la referencia razonable” establecida por la Organización Mundial del Trabajo (OMT), que es uno por cada 10.000.

Además, para los representantes de las ONG con los que se entrevistó el GRETA, los inspectores no están suficientemente formados para detectar la trata de personas.

Escasos casos de explotación laboral tramitados

En su informe, a partir de las cifras oficiales estatales, constatan que el número de presuntos casos de trata por explotación laboral ha permanecido estable en los últimos años: 18 en 2018 (con 94 víctimas), 17 en 2019 (con 192), 20 en 2020 (con 99), 21 en 2021 (con 51) y 29 en 2022 (con 89).

Y denuncian que el número de procedimientos judiciales “se mantiene bajo”: 2 en 2018 (con 5 acusados y 34 víctimas), 4 en 2019 (con 12 acusados y 15 víctimas), 6 en 2020 (con 14 acusados y 26 víctimas) y 5 en 2021 (con 20 acusados y 67 víctimas).