La explotación laboral en el campo andaluz es conocida por todas las administraciones y por los encargados de impedir que los empresarios agrícolas incumplan las leyes en materia laboral. Esto pasa en todo el campo andaluz, pero especialmente en las zonas donde la contratación de mano de obra inmigrante es mayoritaria, casos de Almería y Huelva en los cultivos bajo plástico.

En estas zonas de Andalucía se ha creado un modelo económico “alegal”, basado en la sobreexplotación de la mano de obra inmigrante, mujeres principalmente. Se ha creado un “limbo” legal, una zona oscura donde no intervienen las administraciones ni se aplica la legislación laboral: una sobreexplotación consentida por las administraciones que miran hacia otro lado para no tener que intervenir y sancionar a los propietarios de las explotaciónes agrícolas con multas económicas considerables y penas de cárcel en algunos casos. Ni Ministerio de Trabajo, ni Junta de Andalucía, ni ayuntamientos, ni fiscalía, ni la inspección de trabajo quieren hacerse eco de la situación de semiesclavitud que padecen cientos de trabajadoras en territorio andaluz.

Un modelo económico “alegal” que permite al empresario agrícola tener beneficios o al menos pagar los gastos de explotación, a pesar de los bajos precios de los productos en origen, motivado por el oligopolio de las grandes empresas distribuidoras que deciden los precios. Si los agricultores andaluces cobraran un justiprecio por sus productos, el precio al consumidor final en los grandes centros económicos del Estado español y de Europa se multiplicarian por tres, elevando en gran medida el precio base de la cesta de la compra en esos lugares, lo que motivaría la exigencia por parte de los trabajadores de revisiones de convenios y aumento de salarios.

La sobreexplotación de trabajadoras inmigrantes en Andalucía tienen un beneficiario principal: los grandes centros económicos de Europa. Una transferencia de capital desde Andalucía hacia los centros industriales. Un robo a las trabajadoras y un robo a Andalucía: el que las administraciones miren hacia otro lado, no es casual ni inocente.

Simón Cano para La Otra Andalucía.

Jornaleras de Huelva en Lucha denuncia incumplimientos del convenio colectivo del campo

Incumplimiento generalizado en el pago del salario mínimo interprofesional, manipulación de nóminas y registros horarios, y negligencias a la hora de aplicar la Orden GECCO, que regula la contratación en origen, son algunas normas que, según advierten, las empresas agrícolas violan de manera sistemática. 1

Pepa Suárez

El balance sindical de Jornaleras de Huelva en Lucha, circunscrito al primer semestre del presente año, deja en evidencia la normalización de irregularidades cometidas por las empresas agrícolas con sus trabajadores, principalmente migrantes. El informe ha sido realizado por este colectivo, que comenzó su andadura sindical en 2018, y que sobrevive gracias a una campaña de crowdfunding. Desde entonces, JHL (Jornaleras de Huelva en Lucha) saca a la luz una realidad basada en la explotación laboral en un sector agrícola de grandes ganancias. 

Según el informe, todas las personas trabajadoras con contrato en origen atendidas denuncian el incumplimiento de la jornada laboral de 39 horas semanales, regulada en el artículo 7 del Convenio colectivo de Trabajadores del Campo de Huelva. También está regulada la jornada continuada en el artículo 31.a de la Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022. Se trata de la orden GECCO. Según esta Orden, los empleadores tienen que garantizar para los trabajadores contratados en origen la actividad continuada, durante la vigencia de la autorización solicitada. En casos excepcionales, deben asegurar, al menos, el 75% del tiempo trabajado habitual en el sector. Sin embargo, las trabajadoras denuncian que la jornada laboral, al principio de la campaña, son mucho más cortas porque no hay trabajo para cubrir las horas estipuladas. En este caso, los empleadores llegan a unir en las nóminas dos jornadas de trabajo incompletas en una sola con el consiguiente perjuicio para las cotizaciones de las trabajadoras y de su sueldo mensual. Por el contrario, cuando la fruta madura, les obligan a trabajar excediendo las 39 horas semanales contempladas en el convenio. De tal manera que la estancia en suelo español de las personas contratadas en origen, y en el cómputo total de jornadas, se observa que los salarios que perciben no se parecen en nada a las expectativas que los empresarios les plantearon a la hora de ser contratados. 

Incumplimiento de jornada continuada y horas extras

El caso de once trabajadores hondureños, contratados en origen a principios de este año, ilustra el caso de incumplimiento de la jornada continuada por parte de los empleadores. Poco después de llegar a suelo español, interpusieron una denuncia contra la empresa Surexport ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). También solicitaban asesoría sindical porque no se cumplía la jornada continuada de 6.5 horas contempladas en la Orden anual GECCO. Según testimonios recabados por la revista digital La Mar de Onuba, los trabajadores afirmaban haber trabajado tan solo 3, 4 o 5 horas diarias y les obligaban a compensar el resto de horas ampliando otras jornadas laborales sin que la empresa considerase esas horas como extras. Sin embargo, el convenio colectivo del campo deja claro los derechos de los trabajadores en estas circunstancias: “A los trabajadores eventuales y temporeros y a las trabajadoras temporales y temporeras, se les abonara el 50% del salario, si habiéndose presentado en el lugar de trabajo hubiera de ser suspendido antes de su iniciación o transcurridas dos horas de trabajo. Si la suspensión tuviese lugar después de las dos primeras horas percibirán íntegramente el salario, sin que ninguno de los casos proceda a recuperación del tiempo perdido” (Artículo 11º del convenio). En este sentido, Perico Echevarría, editor de La Mar de Onuba, apunta que “la práctica de algunas empresas es una perversión en toda regla”. 

Según Echevarría, las empresas agrarias incumplen la ley que las obliga a disponer de un mecanismo de control horario compartido entre empresas y trabajadores. Esa verificación de horas de entrada y salidas del puesto de trabajo, así como de jornadas de trabajo, queda en manos de las empresas, de forma que empresas y trabajadores no suelen coincidir en el cómputo de días y horas trabajados, sin la posibilidad de poder llegar a un acuerdo y quedando al arbitrio de las primeras. Sin embargo, existe un mecanismo compartido para la productividad. Todos los trabajadores de muchas de las empresas del sector disponen de una pulsera electrónica donde se computan el numero de cajas que recolectan al día. Este cómputo puede tener consecuencias para los trabajadores, en el caso de que no lleguen a la media de productividad.   

Ni una sola trabajadora atendida por JHL ha cobrado la hora extra un 75% por encima de la hora normal de jornada, tal como contempla el artículo 8 del convenio del campo

De la misma manera, también observan irregularidades en el pago de las horas extras. Ni una sola trabajadora atendida por JHL ha cobrado la hora extra un 75% por encima de la hora normal de jornada, tal como contempla el artículo 8 del convenio del campo. Por el contrario, se cobran como horas normales de trabajo. 

Incumplimientos generalizados en el pago del Salario Mínimo Interprofesional      

El informe de JHL afirma que “casi en el 80% de empresas de las que hemos recibido denuncias no se paga el Salario Mínimo Interprofesional que actualmente se sitúa en 51,12 euros”. Según JHL, existen empresas que, al calcular el SMI en nómina, se produce un resultado superior al establecido por la ley. “Esto se debe a que no contemplan las jornadas reales de las trabajadoras y trabajadores uniendo, a veces, las horas de una jornada con otra, apareciendo en nómina menos jornadas reales de las trabajadas. Esta actuación conlleva un grave fraude tanto para las personas jornaleras como para la Seguridad Social y las arcas públicas”, explican en el informe JHL.  

Manipulación de horarios en los almacenes

Esta situación se multiplica en los almacenes donde se encuentran nóminas y registros horarios manipulados por las empresas para saltarse la ley. Un ejemplo claro, según JHL, son las 6 horas y media de trabajo que aparecen en los registros horarios de los trabajadores de estos almacenes, “cuando de sobra se sabe que esto no es cierto y que se echan muchas más horas de trabajo”, añaden JHL en su informe.  

En las nóminas de las personas trabajadoras de los almacenes, sin embargo, no aparecen horas extraordinarias pero sí un salario por productividad. Es decir, los empresarios se ahorran tener que pagar esas horas extras trabajadas que contempla el convenio.     

Sin embargo, la Inspección de Trabajo de Huelva no acepta como prueba el registro horario que los  trabajadores recogen en sus libretas o en aplicaciones de móviles. Este organismo se apoya en la invalidez jurídica de ese cómputo para desestimar la denuncia.  

Existen otros incumplimientos, como el cobro de la luz en todos los casos de trabajadoras contratadas en origen, cuando el convenio del campo expresa con claridad la obligación de los empresarios “a poner a disposición de las trabajadoras un alojamiento adecuado durante la vigencia del contrato de trabajo…”. Como también se observa el impago generalizado de la indemnización por camino, es decir, el pago por kilometraje cuando el trabajador vive a más de dos kilómetros del puesto de trabajo.  

Venta de contratos

En cuanto a las personas temporeras sin permiso de trabajo, que trabajn de forma ilegal en las plantaciones, se ha detectado la venta de contratos por parte de empresarios, bien directamente o a través de otra persona a cargo, con promesas de papeles a cambio de trabajo gratis. En ocasiones, una vez terminada las labores del campo, y llegada la hora de comenzar el proceso de regularización, les despiden. La mayoría de estas personas, sin documentación legal, viven en asentamientos de chabolas en condiciones deplorables, sufriendo continuos incendios que arrasan los asentamientos. El informe de JHL apunta a la imposibilidad de estos trabajadores de obtener el certificado de empadronamiento, el primer requisito para comenzar el proceso de regularización. Los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto se niegan sistemáticamente a recoger la solicitud de empadronamiento cuando la vivienda es una chabola, a pesar de que la Ley de Régimen Local protege ese derecho. 

Empadronamiento Varias personas migrantes consiguen presentar la solicitud para empadronarse en sus chabolas

Pepa Suárez

El caso de la temporera S. B. 

Especialmente grave es el caso S. B., una temporera de 57 años contratada en origen. Enferma de cáncer, denunció a mediados de junio de este año no ser atendida por Atlantic Blue, la empresa de Huelva donde trabajaba. Después de trabajar durante catorce años en la misma empresa, S.B. tuvo que ser atendida por la ONG sevillana Afavi cuando enfermó. Según la temporera marroquí, desde que le dieron la baja médica, el pasado mes de mayo, no fue atendida con los cuidados que necesitaba. JHL tuvo conocimiento de este caso a través de una denuncia pública de la hija de la temporera en la televisión marroquí. S.B. estaba recibiendo un tratamiento de quimioterapia en Marruecos que pagaba con el dinero que ganaba en las campañas agrícolas de Huelva desde hacía siete años cuando le diagnosticaron el cáncer. En el mes de mayo su situación de salud empeoró y señala que la encargada de la empresa se negó a llevarla al médico. También se negó a que JHL la sacara de la finca para llevarla al hospital, por lo que tuvieron que llamar a la Guardia Civil. Otra de las dificultades con la que se encontró fue cobrar la baja laboral. Finalmente, la temporera marroquí fue atendida en el hospital sevillano Virgen del Rocío donde le diagnosticaron un cáncer terminal y S.B. decidió, entonces, volver a Marruecos con su familia. Las circunstancias de abandono en la que se encontró esta temporera la recogió la revista La Mar de Onuba y elDiario.es.

Dificultades para la negociación de un nuevo convenio colectivo

Por otra parte, CCOO y FICA UGT Huelva lamentan la irresponsabilidad de Asaja ante la paralización de las negociaciones de un convenio que tiene que recoger la nueva reforma laboral y el Salario Mínimo Interprofesional, según una nota de Europa Press del pasado 22 de julio. Los dos sindicatos indican que, tras más de un año, las negociaciones no avanzan, afectando esta situación a más de 70.000 trabajadores. Según la misma nota, Mónica Vega, responsable del sector agroalimentario de la Federación de Industria de CCOO, puso de manifiesto que los agricultores onubenses pagan el 90% de los salarios con las ayudas de la PAC. La responsable del sindicato puso de manifiesto también la relación directa que existe entre los asentamientos de chabolas donde malviven miles de temporeros y la ubicación de estos, cercanos a las fincas de los frutos rojos. 

Los dos sindicatos auguran un “otoño caliente”. No descartan las movilizaciones de los trabajadores agrícolas en el caso de que la patronal no cambie de actitud con respecto a la negociación de un nuevo convenio. 

Campañas agrícolas exitosas

El contrapunto lo ponen las sucesivas campañas exitosas de frutos rojos. El balance de este año realizado por la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva ha terminado con una producción de 270.120 toneladas de fresa, lo que supone un 4% menos que el año pasado. El precio medio de venta experimentó un crecimiento del 2,80%. Pero la subida de los costes de producción no pudo ser compensada con esta subida. Con todo, las berries constituyen uno de los motores económicos más importantes de la provincia de Huelva. Según Interfresa (Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza), el sector de los frutos rojos de Huelva generó en 2021 unos 100.000 empleos (52% españoles, 20% comunitarios y 28% no comunitarios) y supone el 8% del PIB andaluz, con 11.630 hectáreas plantadas, 1.300 productores y seis asociaciones empresariales.