“Hay un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España”

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, los agentes que investigan los delitos cometidos por otros policías, han llegado a una conclusión que ahonda en la realidad del narcotráfico: “Existe un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España”. Esta afirmación aparece en un reciente atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, sobre la investigación y el arresto en junio de dos miembros del instituto armado en Cádiz por colaborar activamente con una poderosa organización de narcotraficantes marroquíes, los hermanos Al Moudi.

El informe policial, redactado conjuntamente por Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Brigada de Estupefacientes de la Policía, forma parte de un sumario abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El contenido del atestado fue utilizado por el juez para enviar a prisión provisional a los dos agentes por, entre otros delitos, el de pertenencia a organización criminal. Ambos habrían cobrado importantes sumas de dinero por ayudar a introducir hachís en contenedores a través del puerto de Algeciras.

“El grave problema existente en la Bahía de Cádiz respecto del narcotráfico lleva aparejada la aparición de toda una serie de problemas inevitablemente unidos a esta lacra social [el narcotráfico]: corrupción, asesinatos, extorsión, debilidad institucional, inseguridad, problemas de salud pública, etc…”, escriben guardias civiles y policías. “Una de las instituciones que las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico buscan corromper es, sin duda, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, prosiguen los investigadores.

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil se ha tenido que emplear a fondo en los últimos años en la provincia de Cádiz coincidiendo con el momento álgido del narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar. La capacidad para corromper miembros de las Fuerzas de Seguridad es símbolo del poderío de las organizaciones que, conscientes de ello, “alardean ante otras organizaciones de ’trabajar con la Ley’”, describen los investigadores en el citado atestado.

El Ministerio del Interior no ofrece a los medios de comunicación cifras de miembros de las Fuerzas de Seguridad detenidos desde hace más de una década. El pasado mes de julio, el Gobierno respondió al parlamentario de EH Bildu Jon Iñarritu, quien se había interesado por escrito acerca de la cifra de guardias civiles arrestados en la última década. La cifra en los que ofreció el Ejecutivo es de 131 miembros del instituto armado que fueron arrestados en toda España en los últimos diez años, a una media de una docena anual. A Miguel Ángel Ramos, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Cádiz, no le salen las cuentas. “Sólo desde 2018 ha habido 34 detenciones en Cádiz”, señala a elDiario.es. En esa provincia andaluza hay alrededor de 2.500 guardias civiles prestando servicio, repartidos entre las comandancias de Cádiz y Algeciras.

El portavoz local de AUGC explica que, pese a su gravedad, la situación ha cambiado en los últimos meses. Lo achaca al número y complejidad de las investigaciones contra el narcotráfico que se han desarrollado por las propias Fuerzas de Seguridad, a raíz del plan especial del Ministerio del Interior para la zona, donde el ’narco’ había empezado a exhibir su poder con inusual intensidad. Con las operaciones, las organizaciones criminales dispersaron en el tiempo y el espacio su actividad y, con ello, descendió la implicación de los agentes en estas redes criminales.

Francisco Mena lleva décadas en el activismo social y es portavoz de la plataforma ’Por tu seguridad, por la de todos’, que trabaja en el Campo de Gibraltar. “Que hay miembros de las Fuerzas de Seguridad que se dejan corromper es un hecho evidente. El ’narco’ tienta a todas las capas de la sociedad. Lleva aquí asentado más de 30 años, aunque no fue hasta 2017 que saltó el escándalo. ¿Es generalizada la corrupción en la Policía y la Guardia Civil? No, no lo es”, asegura Mena.

Con todo, tanto el activista como el guardia civil coinciden en la gravedad de los comportamientos atajados por Asuntos Internos en los último años. El más grave, el que motivó la detención del capitán de la Guardia Civil Joaquín Franco, al frente de la Policía Judicial de la comandancia de Algeciras, realizada en julio de 2019 por pasar presuntamente información a los narcos a cambio de dinero.

Cuando el corrupto es un investigador

En el informe policial del pasado junio, Asuntos Internos afirma: “Contar con funcionarios corrompidos en Grupos de Investigación permite a las organizaciones conocer el momento en que están siendo investigados y la entidad de la investigación, ya que estos funcionarios, por el puesto de trabajo que desempeñan, tienen acceso a bases de datos que pueden proporcionar este tipo de información y un nivel de consulta a las mismas medio/alto”. En el caso del capitán Franco ese nivel de conocimiento era elevadísimo. “Era dios, él no tenía que tratar ni con los superiores. Lo hacía directamente con los jueces, con los fiscales antidroga”, asegura el representante de la AUGC.

Otro ejemplo de investigadores del narco que se pasan al otro lado en el sur de España está en lo ocurrido el pasado mes de septiembre en Mérida cuando los cinco integrantes del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Mérida fueron detenidos por trabajar para una organización de tráfico de marihuana.

elDiario.es ha requerido la postura del Ministerio del Interior sobre el problema de la corrupción policial. Un portavoz ha asegurado que su departamento “no tiene identificado un problema de corrupción grave en el sur de España”. “Es obvio –añade– que las redes de crimen organizado buscan activamente corromper a los agentes como método propio par el desarrollo de sus actividades”. Y advierte: “Las unidades de asuntos internos vigilan de manera constante para descubrir cualquier penetración en las distintas unidades policiales allí desplegadas”, en alusión al Campo de Gibraltar y otras zonas ’calientes’.

Esas unidades de Asuntos Internos ponen de manifiesto asimismo de las dificultades para identificar y detener a las ’ovejas negras’, como hacen en el atestado sobre la organización de los Al Moudi. Por una parte, están los destinos de los agentes corrompidos, “por cuanto uno de sus cometidos principales es la lucha contra el tráfico de sustancias en el marco del resguardo fiscal”, esto es, el control de la frontera. Añaden a eso, “el tiempo que llevan desarrollando su labor profesional” y, por último, “el conocimiento detallado sobre su demarcación territorial y el funcionamiento del puerto de Algeciras”. “Todo esto les hace depositarios de un amplísimo margen de maniobra para poder operar”, concluye el informe policial.

La AUGC viene reclamando desde hace tiempo la declaración de Zona de Especial Singularidad al Campo del Gibraltar con el objetivo de que los agentes perciban mayor remuneración y su paso por allí, como ocurría en Euskadi y Navarra durante las décadas de terrorismo de ETA, se incluya en la orden de méritos a la hora de solicitar destino. Serían incentivos que alejarían de la tentación a los agentes, explica el portavoz Ramos. Francisco Mena coincide y asegura que así se evitaría lo que ocurre en la actualidad, que los agentes ’limpios’ “pasan dos años aquí y luego pican billete”.

El guardia Miguel Ángel Ramos está destinado en La Línea de la Concepción y explica el día a día de trabajar y convivir con el ’narco’. “Los guardias prefieren no vivir en La Línea. Te encuentras en el Mercadona a los narcos. Tus hijos van al colegio donde van los narcos. Los detienes un día, pero salen en libertad, y te los encuentras por la calle. A mi me han increpado sus mujeres en el parque infantil”, relata el portavoz de AUGC.

Francisco Mena asegura que la situación de impunidad que se visualizaba en los barrios más desfavorecidos del Campo de Gibraltar ha cambiado en los últimos meses. El Ministerio del Interior asegura que han crecido en un 51% las operaciones policiales en la zona desde que se puso en marcha el Plan Especial para el Campo de Gibraltar, que incluye desde 2018 y hasta diciembre de 2021, el refuerzo de medios humanos y materiales de las Fuerzas de Seguridad para combatir el narcotráfico. “Se está profundizando en el blanqueo de capitales, lo que conduce a empresarios importantes, a funcionarios de la Administración, también policías y guardias civiles, o a funcionarios del Servicio Marítimo”, explica el portavoz de la plataforma ciudadana.

La amplitud de miras del narco a la hora de hacer negocio implica que caigan en sus redes también otros empleados y funcionarios que no son miembros de las Fuerzas de Seguridad. El pasado junio, junto a un exfutbolista local y un antiguo concejal del PP en Algeciras, fue arrestado en una operación el veterinario del Puesto de Inspección Fronteriza, responsable de fiscalizar los contenedores con productos perecederos. La pasada semana cayeron cuatro estibadores que habían reventado los precintos de un contenedor, habían sacado bolsas con 31 kilos de cocaína, falsificado y vuelto a poner los sellos.

Pedro Águeda/El Diario