Estados Unidos intensifica medidas contra Venezuela después ser demandando en La Haya por crímenes de lesa humanidad

El gobierno de Estados Unidos aumenta su política de asfixia a Venezuela en medio de un proceso de demanda por crí­menes de lesa humanidad presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la nación suramericana contra ese gobierno.

Apenas 10 días después de que el canciller Jorge Arreaza presentara en La Haya la denuncia de los graves delitos cometidos contra el pueblo venezolano como resultado de la aplicación del bloqueo, la Casa Blanca renovó la orden ejecutiva declarando a este país “amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad.

Con la renovación de esa orden firmada durante el Gobierno de Barack Obama, la administraciónn de Donald Trump, no solo asegura su patente de corso para realizar esas acciones punitivas, sino que demuestra, una vez más, su prepotencia imperial al ignorar el proceso en su contra.

En tanto, el Estado bolivariano prepara nuevas pruebas para presentar en el ente jurídico internacional y convoca a una campaña de denuncia sobre las consecuencias de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por la Casa Blanca desde 2014, las cuales impiden adquirir medicinas y alimentos, y causan un perjuicio financiero de 116 mil millones de dólares, según estimaciones oficiales.

La víspera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó ultimar los detalles para denunciar esas acciones ante los organismos internacionales y frente al mundo entero.

El pasado 13 de febrero el canciller Arreaza acudió ante el tribunal de justicia internacional, encargado de juzgar a las personas acusadas de cometer crí­menes de genocidio, de guerra, agresión y de lesa humanidad, para presentar la demanda contra Washington.

En su intervención el jefe de la diplomacia venezolana apeló a la aplicación del Artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo adoptado el 17 de julio de 1998, el cual clasifica como crimen de lesa humanidad el ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Entre los argumentos presentados por la nación suramericana destaca que las medidas han coartado los derechos humanos del pueblo venezolano y afectado la economía del país, las mismas impiden la importación de alimentos y medicamentos.

De igual forma refiere que el Gobierno norteamericano en complicidad con la derecha venezolana ha realizado ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional y servicios públicos, restringe el derecho al desarrollo productivo y limita el uso de los activos de Venezuela en el exterior para asfixiar económicamente al pueblo.

Todo ello, según señala el documento presentado, tiene como consecuencia un aumento de la mortalidad infantil y de personas adultas, el deceso de pacientes dentro y fuera del paí­s sometidos a tratamientos de alto costo, el incremento de enfermedades,  entre otras afectaciones.

Fuente: www.cubadebate.cu

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Francisco Vílchez

Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.

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