Wallmapu: El PC chileno apoya la ampliación del Estado de Excepción y la persecución de la resistencia mapuche
El equipo de Revista De Frente tuvo acceso a la minuta del comité parlamentario del Partido Comunista de Chile, Federación Regionalista Verde Social e independientes para la votación del día viernes 29 de julio del presente año, donde llaman a votar a sus parlamentarios a favor de la medida de prórroga del Estado de Excepción Constitucional en el Wallmapu. Lo anterior en un clima enrarecido donde el Ministerio del Interior se ha plegado casi por completo a las medidas represivas exigidas por las empresas forestales, el gran empresariado y la derecha, en contra del movimiento autonomista mapuche y donde en anteriores votaciones, buena parte de los parlamentarios pro gobierno han rechazado la medida o se han abstenido.
El día viernes 29 de julio se aprobó en la Cámara de Diputados una nueva extensión del Estado de Excepción Constitucional en la mal llamada «Macro Zona Sur» (lenguaje ocupado por la dictadura militar para referirse al Wallmapu). De las parlamentarias que integran el comité parlamentario del PC sólo se opusieron a la medida Lorena Pizarro y María Candelaria.
En un ambiente político marcado por la «agenda de seguridad» impulsada por la derecha y avalada y promovida por el Ministerio del Interior, algunos aliados políticos de gobierno han tomado la decisión de avalar políticas en contra del pueblo nación mapuche que hace poco criticaron con fervor. Hoy la «lucha contra el enemigo interno» sea «migrante ilegal» en el norte, «delincuente» o «narcotraficante» en la zona centro y «terrorista» en el wallmapu, tiene al país en una escalada de violencia estatal que se expresa en su foco más crítico en la militarización del Wallmapu y en el desarrollo de una agresiva agenda legislativa y penal.
Persecución al robo de leña
Dentro de las medidas legislativas destaca la lucha en contra del «robo de leña», medida que en lo formal se presenta como necesaria para combatir este delito. Organizaciones que forman parte del movimiento autonomista mapuche como la CAM liderada por su vocero histórico Héctor Llaitul (aquí se puede leer una entrevista a este dirigente), han señalado que esta medida es impulsada por la industria forestal a través de sus representantes políticos entre los que destaca Felipe Kast (Evopoli), para así atacar a los movimientos mapuche que practican recuperaciones territoriales en territorios usurpados por la industria forestal. (Fuente: Declaraciones de Héctor Llaitul en el lanzamiento del libro Chem Ka Rakiduam, Junio 2022, población Lo Hermida) En la misma línea Orfelina Alcaman, vocera del Lof Peleko Pidenco de Lumaco quienes recuperaron un predio usurpado por la industria forestal, ha señalado en relación a las acusaciones de robo de madera’ “hacemos uso de los recursos que allí están.” Nosotros usamos los recursos para reconstruir más de 100 hectáreas, terreno “que hemos ido limpiando del desastre que dejó la forestal…allí hemos plantado trigo y avena, y tenemos chacras y animales.»
En relación al robo de leña, la minuta del comité parlamentario PC-FRVS señala: «Se debe focalizar la persecución de los grupos paramilitares que se encuentran principalmente ligados al tráfico de madera y estupefacientes.» Si bien la minuta a la que tuvo acceso en exclusiva Revista De Frente no especifica el carácter de esos grupos «paramilitares», abre la puerta para calificar de terroristas a grupos autonomistas mapuche que como la CAM, practican la reivindicación territorial en contra de las industrias forestales. Lo anterior se encuentra en concordancia con la declaración de «grupos terroristas» que ya realizó el parlamento (con oposición del PC) sobre las agrupaciones Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Weichan Auka Mapu, las cuales fueron calificadas de “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”. También se encuentra en concordancia con la ampliación de querellas por «Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de la CAM y su vocero Héctor Llaitul impulsada por el gobierno luego de la incesante presión de la industria forestal y la derecha. Al respecto el presidente Boric señaló que «asumía la responsabilidad». También señaló en el matinal de Megavisión: “Héctor Llaitul ha tenido muchos dichos y los de ahora último son particularmente graves porque se atribuye la autoría de delitos. Y, por lo tanto, analizando aquello, nos apreció que era pertinente ampliar la querella que ya había sido presentada porque hay, justamente, nuevos antecedentes”.
El aumento de penas para combatir la lucha reivindicativa de los pueblos originarios por parte de los estados, se encuentra sancionada en el derecho internacional y en tratados vinculantes para el estado chileno como el convenio 169 de la OIT. También cabe destacar que existen denuncias del ex capitán de Carabineros, Miguel Toledo quien ha insistido en que el negocio del robo de leña se encuentra vinculado a bandas criminales integradas por Carabineros y Militares en ejercicio.
Estado de Excepción
El estado de excepción constitucional de emergencia (EEC) fue declarado el día 17 de mayo de 2022, Fue prorrogado por un nuevo período de 15 días, estando vigente este hasta el 15 de junio. Posteriormente a esto, fue aprobada una prórroga por parte del Congreso Nacional, extendiendo el ECC hasta el 29 de junio, donde nuevamente se aprobó una prorroga de acuerdo a lo señalado en el decreto 219 del Ministerio del Interior. Al vencer este, se solicitó una nueva prorroga, la que también fue aprobada por el poder legislativo el 15 de julio de 2022. Esta medida contemplada en la constitución de la dictadura, se solicitó para las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, y respecto de toda la Región de la Araucanía.
La minuta del comité parlamentario PC-FRVS si bien en lo formal señala que «No podemos avalar indefinidamente la militarización del Wallmapu», en los hechos aprueba invocar un «Estado de Excepción» de manera no excepcional, sino casi permanente. Con esta ampliación más de 2/3 del mandato del presidente Gabriel Boric se encuentra marcada por esta medida, manteniendo así la tendencia a militarizar la sociedad que se inició en Octubre de 2019 para enfrentar la revuelta social y que se mantuvo durante la primera etapa de la pandemia. Cabe destacar que la Constitución de la dictadura no contempla límites para volver a aprobar de manera indefinida los EEC. Lo anterior deforma completamente la alicaída democracia chilena, acercándolo más bien a una democracia formal tutelada por los militares. En un momento político donde el proyecto de nueva constitución avanza en un propuesta de Plurinacionalidad, el cual se basa en el reconocimiento, diálogo y restitución territorial a los pueblos originarios, este tipo de medidas compromete gravemente la credibilidad de dicha vía. Más aún, de seguir las extensiones del EEC en el wallmapu, las cuales podrían estar vigente el 4 de Septiembre del presente año, día del plebiscito de salida para aprobar o rechazar el proyecto de nueva constitución emanado de la Convención Constitucional.
A continuación compartimos la minuta del comité parlamentario del Partido Comunista de Chile, Federación Regionalista Verde Social e independientes a la cuál tuvo acceso en exclusiva Revista De Frente.
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Comité Partido Comunista de Chile – Federación Regionalista Verde Social – Independientes
Prórroga de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia 29.07.2022
Propuesta de votación: APROBAR.
1.- Antecedentes El estado de excepción constitucional de emergencia (EEC) fue declarado el día 17 de mayo de 2022, mediante decreto N° 189. Fue prorrogado por un nuevo período de 15 días, mediante decreto N°199, estando vigente este hasta el 15 de junio. Posteriormente a esto, fue aprobada una prórroga por parte del Congreso Nacional, extendiendo el ECC hasta el 29 de junio, donde nuevamente se aprobó una prorroga de acuerdo a lo señalado en el decreto 219 del Ministerio del Interior. Al vencer este, se solicita una nueva prorroga, la que también fue aprobada por el poder legislativo de acuerdo a lo que indica la Constitución Vigente, lo que fue reflejado en el Decreto N° 223 del 15 de julio de 2022. Cabe destacar que se solicita respecto de las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío, y respecto de toda la Región de la Araucanía.
Luego del bloqueo por parte de la oposición del Proyecto de ley de Infraestructura Crítica, en su versión modificada por el Gobierno actual, se carecen de otras herramientas para continuar la intervención en la mal denominada “Macrozona Sur”, que con todo, ha demostrado ser exitosa en cuanto a la disminución de hechos de violencia, así como la desarticulación de las bandas de crimen organizado. En conjunto con lo anterior, no podemos desconocer las diversas estrategias desestabilizadoras que sectores mas duros de la derecha están implementando con miras al plebiscito por la nueva constitución del 4 de septiembre. Por lo anterior, resulta importantísimo aprobar esta prorroga, no solamente como un espaldarazo a la gestión del gobierno, sino también como una medida que permita dar una mayor sensación de seguridad, en miras del proceso constitucional en curso.
Argumentos a favor de la medida:
⦁ En cuanto su implementación: Efectividad del Estado de Emergencia acotado.
⦁ Disminución hechos de violencia en un 30.7% de acuerdo con los datos de Carabineros y PDI, a través de patrullajes y trabajo coordinado con las FFAA. Cabe destacar que se han reducido en un mas de 88% los incidentes de quemas de camiones, así como en un 57% los incidentes que involucran armas de fuego.
⦁ Aseguramiento libre transito y mantención de caminos, lo cual es de suma relevancia para el abastecimiento de las diferentes ciudades, el avance de las Obras Públicas del Estado en la región, y la sensación de seguridad en general.
⦁ Herramientas de evaluación civil, de manera semanal a través de una mesa interministerial en la que participa la ministra del Interior y Seguridad Pública, el subsecretario del Interior, la ministra de Defensa Nacional, así como también el jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Director de Carabineros y el Director General de la PDI.
⦁ Despliegue militar acotado, en cuanto la presencia de las FFAA se ha limitado a los caminos y carreteras principales, estableciéndose patrullajes mixtos y dinámicos, en conjunto con Carabineros y PDI.
⦁ En cuanto a dialogo y medidas de fondo: Avances del plan Buen Vivir.
⦁ Parlamentos territoriales y trabajo con Naciones Unidas. Se han entablado conversaciones exploratorias con actores de la zona para avanzar hacia los parlamentos territoriales, y luego de la reunión celebrada en La Moneda el pasado 10 de junio, se ha recibido una carta de apertura al diálogo de lof de nueve comunidades de La Araucanía. A su vez, Naciones Unidas realizó una misión de diagnóstico para determinar su rol en este proceso
⦁ Restitución de tierras y fortalecimiento CONADI. Se ha reactivado la entrega de tierras (habiéndose realizado la primera el 16 de junio de 2022, respecto de 172 hectáreas a familias mapuches de Freire), así como también se han realizado diversas reuniones informativas con diversas agrupaciones y comunidades indígenas. Se ha fortalecido la difusión de los programas de capacitación y subsidios de CONADI.
⦁ Presentación por parte de la Ministra de Desarrollo Social y familia del Plan Buen Vivir a las autoridades locales de la región de Biobío. En dicha reunión, que es el puntapié inicial para el trabajo interministerial en la zona, participaron alcaldes, parlamentarios y el Gobierno Regional del Biobío, monitoreando mas de 400 proyectos de inversión con un costo total de $400.000.000.- para 2022, así como otras iniciativas de SUBDERE, CONADI, y otras instituciones públicas.
⦁ Medidas a proponer e implementar por parte del Comité. Es FUNDAMENTAL que se establezcan medidas de manera inmediata que permitan PONER FIN a la militarización del Wallmapu.
⦁ No podemos avalar indefinidamente la militarización del Wallmapu a través de los Estados de Excepción Constitucional, por lo que debemos avanzar en cambios de fondo en la relación Estado y el Pueblo Nación Mapuche. Se debe entablar un dialogo honesto y fraterno con el Pueblo Nación Mapuche, en miras a la reparación del daño histórico provocado por siglos de opresión. Como medidas inmediatas se insiste al gobierno en la necesidad de expandir la política de restitución de tierras por parte de la CONADI, lo que debe reflejarse en la ley de Presupuestos de este año con un aumento considerable en este ítem. Asimismo se debe avanzar en la eliminación de todas las trabas que tiene el proceso de entrega de tierras, como aquella contenida en la glosa 16 del programa de CONADI, que condiciona la entrega de tierras a predios no se encuentren perturbados. Lo anterior hace impracticable la política de restitución de tierras pues son en su gran mayoría los territorios ocupados lo que están en disputa por distintas comunidades Mapuche, quienes, ante la falta de acción del Estado, han avanzado en sus reivindicaciones de manera irregular. Los cambios de fondo requieren cambios normativos estructurales, y en este sentido es importante destacar las normas de la Nueva Constitución relativas a los Derechos de tierras, territorios y recursos de los pueblos y naciones indígenas, señalando a su vez que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general”. Esto se suma a otros avances que hace el nuevo texto constitucional relativos al pluralismo jurídico, escaños reservados, etc., todos en miras a un cambio de paradigma en la relación entre el Estado de Chile y sus primeras naciones.
⦁ Es imperativo detener la escalada de violencia en Wallmapu, lo que requiere de manera urgente la conformación de una fuerza policial investigativa especializada, con capacidad de intervención y medios para realizarla en medio de un escenario cada vez más violento. Se debe focalizar la persecución de los grupos paramilitares que se encuentran principalmente ligados al tráfico de madera y estupefacientes, manteniendo a su vez un estricto respeto a los DDHH de los habitantes de las zonas en conflicto, pues la experiencia internacional nos demuestra que estos fenómenos son multicausales, y que su respuesta debe ser afinada y coordinada en cuanto al respeto, promoción y avance de las justas reivindicaciones del pueblo nación Mapuche (Aún respecto de algunas expresiones que podrían resultar “incómodas” para el Estado), junto con la mantención del orden público, la persecución de los delitos, y sobre todo la atención a factores criminógenos de la zona, como falta de accesibilidad, el estigma social y xenófobo respecto de sus habitantes, etc., En tal sentido, es innegable que el conflicto en Wallmapu se ha visto exacerbado por el actuar negligente, y muchas veces criminal, de las fuerzas orden y seguridad. Ante ello, y con el fin de recuperar las confianzas y contar con herramientas legítimas de orden público, es necesario avanzar con urgencia en la desmilitarización de Carabineros de Chile, algo que ya se ha aprobado en el texto propuesto de Nueva Constitución. Ello, en conjunto con el establecimiento de un mayor control civil de las fuerzas de orden y seguridad permitirá avanzar en soluciones permanentes al conflicto, las cuales se construyen con Justicia, Reparación y cambios estructurales que impidan la repetición de los abusos sufridos por el Pueblo Nación Mapuche a lo largo de su relación con el Estado Chileno.
Fuente: Revista de Frente.
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