Rechazan desde Andalucía acuerdo UE-MERCOSUR: “causará un impacto brutal en el pequeño y mediano campesinado”
Después de 25 años de negociaciones MERCOSUR (un bloque económico formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la Unión Europea (UE) han firmado el que se ha calificado como el “mayor acuerdo de la historia” para la supresión de aranceles. El monto de los intercambios comerciales entre estos dos bloques de Estados es en la actualidad de 109.500 millones €, afectando a un total de 730 millones de personas.
De manera muy resumida- tras introducir dos claúsulas de salvaguarda, para dar una apariencia de sostenibilidad (adhesión a los acuerdos de París sobre cambio climático y detención de la deforestación)- el acuerdo comprende la supresión de los aranceles en los bienes industriales, agrícolas, materias primas y servicios. Solo establece alguna excepción -y con límites- en algunos productos como el ganado vacuno. El acuerdo lo ha firmado la Comisión Europea y podría ser vetado en el Consejo Europeo por los Estados miembros, pero los Estados que lo vetaran deberían sumar un mínimo del 35% de la población de la UE. De momento los Estados que se han opuesto han sido el francés y el italiano, alegando que perjudica a sus agricultores, y los que lo han apoyado el alemán y el español, resaltando la supresión de los aranceles en las industrias automovilística, química y farmacéutica.
Con motivo de este acuerdo el partido de izquierda independentista Nación Andaluza ha denunciado que “este acuerdo beneficia geopolíticamente a la Unión Europea ya que rebaja los costos para comprar materias primas agrícolas y minerales a estos países. Beneficia al oligopolio industrial español y europeo agrupado en la ERT (Mesa Europea de la Industria), a los terratenientes de MERCOSUR y de la Unión Europea y a las multinacionales de la agroindustria de ambos lados”. Supone “una nueva colonización del continente americano y una intensificación de la transferencia de riqueza y plusvalías desde los países americanos hacia la UE para intentar reimpulsar la decadente industria europea, reproduciendo un esquema librecambista que siempre beneficia a las grandes potencias capitalistas dada su posición privilegiada en la cadena de valor. Todo ello en un contexto de rivalidad con China, que también invierte en esa zona en infraestructuras y vende productos en condiciones ventajosas para ambas partes como país en desarrollo”.
Denuncian que es una prolongación de la Política Agraria Común (PAC) “que busca liquidar la agricultura, ganadería y pesca en beneficio de sectores que aportan mayor valor añadido al capital. Andalucía tiene un 7% de nuestro PIB y un 9% de la población activa en el sector primario. El impacto de este acuerdo sería brutal porque perjudica al pequeño y mediano campesinado andaluz (especialmente el aceite de oliva, la carne de vacuno, el azúcar o la miel). Es un acuerdo que tiene como objetivo terminar con la agricultura familiar que en nuestro país aporta el 56% de la producción y el 70% del empleo, que va a traer productos agrarios producidos a miles de kilómetros de distancia a precios irrisorios en condiciones de explotación salvaje de la clase obrera del Mercosur y sin garantías sanitarias”.
La formación política denuncia que en este tema “el Estado español sigue haciendo de mamporrero de los intereses de la oligarquía, dando por bueno un acuerdo que impactará gravemente en las vidas de millones de andaluzas y andaluces. El acuerdo de la UE con el MERCOSUR vuelve a poner de relieve la necesidad de una República Andaluza de Trabajadoras con la que se pueda escuchar la voz del Pueblo Andaluz, libre de los dictados de la Unión Europea“.
Señalan la necesidad de “derrotar el poder de los monopolios y las mafias de la comercialización que se benefician de estas políticas, nacionalizando las grandes empresas transformadoras y comercializadoras para asumir los procesos de producción, distribución y comercialización del producto y poniéndolos bajo la gestión y control popular”.
Apuntan que en este momento “hay que reivindicar unos precios justos para el campesinado, ligados a unas condiciones laborales y sociales dignas para el proletariado agrícola, así como la necesidad urgente de superar la explotación asalariada en el campo por el trabajo en cooperativas jornaleras”.
Y concluyen afirmando que “sigue siendo necesaria una Reforma Agraria y que las tierras ociosas en manos de bancos, fondos buitres y terratenientes se pongan a disposición de las trabajadoras en paro de nuestros pueblos, primando la diversificación productiva y la producción ecológica por encima de la agroindustria que envenena el medio ambiente”.
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