PSOE, PP y Vox de acuerdo en evitar la reversión de bienes inmatriculados por la Iglesia y en emitir las corridas de toros en RTVE
“La política hace extraños compañeros de cama” es una cita que algunos atribuyen a Churchill y otros a (Groucho) Marx. Compañeros si son no aunque tienen poco de extraños si pensamos en la trayectoria de PP y PSOE que las evidencia como fuerzas políticas del Régimen y en sus frecuentes coincidencias en aquello que es sustancial.
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades aprobaron ayer una incitativa del PP, con el apoyo de Vox y gracias a la abstención del PSOE, por la que se pide que vuelvan las corridas de toros en directo a TVE, además de documentales del toreo y reportajes divulgativos de tauromaquía.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, con los votos de PSOE, PP, Vox, Cs y, parcialmente, PNV, una incitativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano por la que se instaba al Gobierno a reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. El texto constaba de tres puntos que Vox, PP y PSOE han rechazado. Así, el primero de ellos, que pretendía instar al Ejecutivo a que, en el plazo improrrogable de tres meses, trasladara a esta Cámara el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica desde 1946 hasta 2015 al amparo del derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, acompañado de sus respectivas notas simples. El segundo punto de la proposición abogaba por que el Gobierno ordenara, en el plazo improrrogable de tres meses, mediante Orden Ministerial o Decreto, la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica (en cualquiera de sus denominaciones) con arreglo al artículo 206 LH, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución española, por flagrante inconstitucionalidad sobrevenida, que además se llevaría a cabo en ejecución de la doctrina y resoluciones vinculantes del TEDH. En tercer lugar, Bildu y ERC proponían que el Congreso instara al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses, habilite los mecanismos oportunos para posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares.
Fuentes: Infolibre / Insurgente
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