País Valencià: Antimilitaristas condenados a pagar 2.404 € por bloquear tanques en Sagunto durante la operación de la OTAN en 2015
Los cuatro miembros del colectivo Antimilitaristas-moc de Valencia que bloquearon dos tanques militares durante la operación Tridente Jucture de la OTAN al puerto de Sagunto en el año 2015, tendrán que pagar un total de 2.404 euros de multa. La denuncia, interpuesta por la Guardia Civil y contemplada en la ley mordaza, los acusa “de intrusión en instalaciones donde se prestan servicios básicos para la comunidad”.
Ana Fornés es una de las miembros del colectivo Antimilitaristas-moco (Movimiento de Objeción de Conciencia) de Valencia que, en octubre de 2015, accedió al mojado norte del puerto de Sagunto, municipio de la comarca del Camp de Morverdre, para bloquear, junto con otros tres miembros, dos de los tanques que estaban estacionados allí con motivo de la operación Tridente Juncture de la OTAN, la maniobra militar más grande de la última década. Tres años después de aquella acción, la Delegación de Gobierno español ha reactivado la denuncia que interpuso la Guardia Civil a las antimilitaristas, las cuales ya han recibido las notificaciones donde se los imponen multas que ascienden hasta los 2.404 euros, 601 euros a cada una de las cuatro.
Aquel mismo mes de octubre, la Guardia Civil interpuso una denuncia a las cuatro miembros, acusándolas de “desórdenes públicos” y “desobediencia civil”, delitos agravados con la última reforma del Código Penal, y que podían suponer multas de hasta 12.000 euros para el grupo y condenas de hasta un año de prisión; así como “de intrusión en instalaciones donde se prestan servicios básicos para la comunidad, causando interferencia grave en su funcionamiento”, una falta contemplada en la ley mordaza. Aun así, el 29 de noviembre de 2016, el Enjuiciado número 1 de Sagunto decidió absolver las antimilitaristas del delito de “daños”, después de desestimar las primeras acusaciones de “desórdenes públicos” y de “desobediencia”.
Esta sentencia no ha impedido que la causa administrativa, es decir, la denuncia contemplada en la ley mordaza y supeditada a la resolución de las acusaciones penales, se haya vuelto a activar. “Si el juzgado nos hubiera condenado, las multas de 601 euros se habrían retirado, al ser más grave la condena penal a la cual nos enfrentaban, pero como nos absolvieron, ahora se reactivan”, explica Carlos Pérez, uno de los miembros del colectivo que participó en la acción. Para él, la llegada de las notificaciones ha sido “cómo despertarse de un sueño y volver a la dura realidad de la ley mordaza”, puesto que han pasado más de tres años desde que hicieron la acción. Su compañero Antonio Merino se muestra mucho más contundente, denunciando que solo se trata “de otro ejemplo de la burorepressió de la ley Mordaza, que solo quiere frenar las protestas ciudadanas”.
El grupo de activistas que se encadenó a los tanques ha anunciado que recorrerá las multas por varias razones. Por un lado, porque “la apropiación militar de infraestructuras básicas como los puertos para llevar a cabo ensayos de guerra y reforzar el dominio militar de los países de la OTAN no se puede considerar un servicio básico a la comunidad”. Por otro lado, para Pérez, el recurso va mucho más allá, puesto que es una forma de “no posar al alcance del Estado español los 2.404 euros de las multas y mostrar nuestro rechazo a la ley mordaza”.
La respuesta represiva ha sido una de las primeras aplicaciones de la ley mordaza, a la cual se han sumado las multas que, a lo largo de los últimos meses, han recibido las feministas que participaron en las acciones realizadas durante la huelga feminista del pasado 8 de marzo al barrio de Benimaclet, así como el grupo de ecologistas que también hizo una acción no violenta por el cierre de la central nuclear de Cofrentes en el año 2016.
“Nos encadenamos para rechazar la cultura militar y de la seguridad”
Las cuatro antimilitaristas aprovecharon la apertura en una de las tapias del recinto portuario de Sagunto, que fue la puerta de entrada principal del material militar de la operación Tridente Juncture en 2015, para entrar. Una vez dentro, se encadenaron con tubos metálicos a las cadenas de dos tanques Leopard daneses que estaban preparados para partir hacia la base de Chinchilla, a Albacete.
Después de tres horas, la Guardia Civil consiguió cortar los tubos que los unían y fueron detenidas, junto con otras dos miembros de Antimilitaristas-moco que habían sido presentes durante el bloqueo, hasta que fueron posadas en libertad con los cargos mencionados. “Nos encadenamos para rechazar la cultura militar y de la seguridad que existe. Se hicieron las segundas maniobras militares más importantes después de la Segunda Guerra Mundial, porque se permite el flujo de material y personal de estos juegos de guerra, realizados mientras las personas refugiadas mueren a la mar”, denuncia Fornés.
La operación Tridente Juncture de la OTAN se llevó a cabo durante los meses de octubre y noviembre de 2015, con el objetivo de realizar entrenamientos de guerra. De hecho, el ministro de Defensa en aquel momento, Pedro Morenés, presentó las maniobras militares como una demostración del liderazgo del Estado español dentro de la OTAN. Al puerto de Sagunto llegaron barcos provenientes de países como el Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Italia. Además, participaron 30.000 militares procedentes de 30 Estados y que se desplegaron por varias ciudades de la península Ibérica.
Desde el colectivo Antimilitaristas-moco, se espera que estos tipos de acciones de desobediencia civil motiven a otras personas a emplear también la desobediencia no violenta, con la finalidad “de entorpecer el funcionamiento de la maquinaria de la guerra, bloqueando o negándose a colaborar, por ejemplo, con el transporte de armamento que, desde los puertos españoles, será empleado por las fuerzas armadas saudíes en la guerra de Yemen”. Además, porque pueden servir de inspiración a movimientos otros territorios que, como Siria, “han resistido con la no-violencia a la brutalidad de las armas de su propio ejército”, reivindican en un comunicado. En suma, defienden que estas acciones son una manera de contribuir a “una cultura de país, basada en la cooperación, la justicia y la no violencia, y no en la disuasión y la fuerza”.
(Fuente: Directa.cat / Autora: Ester Fayos)
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