Organizaciones palestinas de derechos humanos entregan pruebas de crímenes de guerra y lesa humanidad israelíes al TPI
Cuatro organizaciones palestinas de derechos humanos entregaron el miércoles 700 páginas de pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad israelíes al fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI). Esto ocurre cuando dos comunidades palestinas en Cisjordania enfrentan una inminente destrucción total israelí.
Los crímenes detallados en el expediente incluyen la persecución, el apartheid, el extenso robo, la destrucción y el hurto de la propiedad palestina y la evidencia del “homicidio voluntario y asesinato” de cientos de palestinos desde 2014.
Shawan Jabarin, director del grupo de derechos humanos Al-Haq, señaló que el expediente “proporciona una base convincente y razonable” para que el fiscal abra una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por parte de Israel en Cisjordania ocupada.
Este es el cuarto expediente que los grupos de derechos humanos han proporcionado al tribunal. Mientras que se centra en Cisjordania, los archivos anteriores se referían a los crímenes cometidos por altos funcionarios civiles y militares israelíes durante la ofensiva de 2014 contra Gaza.
Amenazas de muerte y hostigamiento
Jabarin entregó el expediente al Tribunal en La Haya junto con su colega Nada Kiswanson. Kiswanson y otros investigadores de derechos humanos afiliados a Al-Haq han sido blanco de una larga campaña de hostigamiento y amenazas de muerte que un veterano analista israelí ha vinculado a las “operaciones negras” del gobierno israelí.
Al-Haq cree que las amenazas están vinculadas a la labor de Kiswanson preparando los expedientes para el Tribunal Internacional. El gobierno de los Países Bajos, donde se encuentra el tribunal, ha dicho que se ha abierto una investigación criminal sobre estas amenazas.
“Dominación judía israelí”
Según un comunicado de Al-Haq, el último archivo “se ocupa de los esfuerzos de Israel para ampliar su territorio y asegurar la dominación judía israelí en el mismo, alterando la composición demográfica del territorio palestino ocupado”.
Raji Sourani, director del Centro Palestino para los Derechos Humanos, indicó que la transferencia de Israel de colonos a tierras palestinas ocupadas “constituye un único crimen de guerra en el que se combina la confiscación de extensas extensiones de tierras palestinas, desgarrando el género social palestino y el modo de vida”.
Aunque las violaciones de Israel en la Cisjordania ocupada pueden ser vistas separadamente de las de Gaza, Issam Younis, director del Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, explicó cómo están vinculadas: “El aislamiento de Gaza, en última instancia, permite a Israel consolidar su control sobre todo el territorio palestino ocupado y negar a los palestinos su derecho internacionalmente reconocido a la libre determinación”.
Presión
La conducta de Israel durante la guerra de Gaza de 2014, así como las denuncias de numerosos crímenes en Cisjordania, está objeta a un examen preliminar por parte de los fiscales de La Haya. Deben decidir si abrir una investigación completa, lo que podría llevar a acusaciones formales de funcionarios y personal militar israelíes.
No hay límite de tiempo en el examen preliminar, y los fiscales están bajo constante presión de Israel y Estados Unidos para dejar a Israel fuera de investigación. Tienen todos los incentivos para sentarse en sus manos.
Auto-investigaciones impostoras
El mes pasado, dos grupos de derechos humanos concluyeron que el sistema de Israel para investigar los supuestos crímenes contra palestinos por parte de sus fuerzas es una farsa. Cientos de casos, entre ellos los notorios asesinatos de cuatro niños jugando al fútbol en una playa en julio de 2014, no han dado lugar a ninguna rendición de cuentas para los autores.
En mayo de 2016, B’Tselem anunció que ya no cooperaría con las investigaciones militares israelíes de asesinatos y otros ataques contra palestinos en la Cisjordania ocupada. “Ya no vamos a ayudar a un sistema que blanquea las investigaciones y sirve como una hoja de higuera para la ocupación”, explicó el director del grupo israelí de derechos humanos.
Cuando se trata de crímenes como el apartheid y la colonización de colonos, Israel obviamente no haría nada para investigar y sancionar, ya que estos crímenes son planeados y ejecutados por el propio estado. Pero incluso en situaciones en las que Israel reconoce, al menos en el papel, que un acto determinado es un crimen, no ha habido rendición de cuentas.
Esto debería ser un factor importante en las decisiones de los fiscales porque, según su estatuto de fundación, el Tribunal Penal Internacional sólo interviene cuando las autoridades judiciales nacionales no están dispuestas o no pueden llevar a cabo un verdadero proceso.
Las aldeas se enfrentan a la destrucción
Si el tribunal actúa no es sólo una cuestión de contabilidad para el pasado, sino de detener los delitos en curso. Este mes, B’Tselem advirtió a los principales líderes israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, al ministro de Defensa Avigdor Lieberman y al jefe militar, que serían personalmente responsables por crímenes de guerra si continúan con la inminente destrucción de Khan al-Ahmar y Susiya, dos comunidades en Cisjordania.
“La demolición de completas comunidades en los territorios ocupados es algo prácticamente sin precedentes desde 1967”, señaló B’Tselem.
Robert Piper, el principal funcionario de ayuda humanitaria de la ONU en Palestina, publicó en Twitter: “Todos los ojos en la comunidad beduina de Khan al-Ahmar, quienes corren el riesgo de s transferencias forzadas por parte de las autoridades israelíes en los próximos días”.
Sin darse cuenta, identificó un problema en el que la ONU desempeña un papel importante: la llamada comunidad internacional se mantiene al margen y observa mientras Israel comete crímenes todos diariamente.
Es obvio que Israel nunca se presentará ante la justicia y que corresponde al Tribunal Penal Internacional actuar. Tiene montañas de evidencia en sus manos. La cuestión es si tiene la independencia y la voluntad de hacer su trabajo.
(Fuente: The Electronic Intifada / Autor: Ali Abunimah / Traducción: Palestina Libre)
Grupos de derechos palestinos presentan pruebas de ‘crímenes de guerra’ israelíes en Cisjordania
Cuatro organizaciones palestinas de derechos humanos presentaron un informe de 700 páginas a la Corte Penal Internacional (CPI) este miércoles, alegando que los funcionarios israelíes han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este.
Según un comunicado de la ONG palestina al-Haq, uno de los grupos detrás de dicho informe, junto con el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), la Asociación para los Derechos Humanos Aldameer y el Centro de Derechos Humanos de Al-Mezan, el informe había abordado la continua expansión de Israel de su territorio y sus políticas destinadas a alterar la demografía del territorio palestino.
“Las organizaciones palestinas de derechos humanos proporcionan las pruebas suficientes que demuestran que Israel persigue a la población ocupada palestina y los somete a delitos de persecución y apartheid”, señaló el comunicado.
Al-Haq indicó que los grupos de derechos humanos también habían abordado el traslado forzoso de la población palestina, que son consideradas “personas protegidas” conforme a la ley internacional, haciendo referencia a la inminente reubicación forzosa de los beduinos en Cisjordania quienes están impidiendo las expansiones ilegales de Israel en el territorio.
Raji Sourani, director del PCHR, señaló en la declaración que el traslado forzoso de palestinos constituye un “único crimen de guerra”, debido a que “se combina con la confiscación de extensiones masivas de tierras palestinas, la destrucción de propiedades palestinas y el desgarramiento del género social palestino y el modo de vida”. Sourani agregó que las políticas de Israel en la Cisjordania ocupada eran “evidentemente de colonización”.
Los grupos también proporcionaron material “sobre la apropiación extensa y la destrucción, así como el robo de la propiedad palestina. También ofrece pruebas sobre el asesinato voluntario de 300 palestinos por miembros de las fuerzas israelíes desde el 13 de junio de 2014 “, y añadió que estos datos respaldan las afirmaciones de que Israel ha implementado una política de” disparar a matar “contra palestinos.
“Durante los últimos cincuenta años Israel ha sometido a la población palestina a una ocupación beligerante que les priva de sus derechos humanos fundamentales y los somete a crímenes atroces”, explicó Shawan Jabarin, director de al-Haq en la declaración. “El informe a la Corte Penal Internacional ofrece la esperanza de que cualquier persona que cometa crímenes contra palestinos será responsabilizado”. “Estamos convencidos de que no puede haber una paz duradera y genuina sin justicia”, añadió Jabarin.
Según la declaración, el informe es el cuarto presentado por estas organizaciones a la Corte Penal Internacional con respecto a las violaciones israelíes del derecho internacional. Las presentaciones anteriores trataban en gran parte de crímenes presuntamente cometidos por altos funcionarios israelíes durante la ofensiva militar israelí en el año 2014 contra la sitiada Franja de Gaza, cuando más de 2.000 palestinos murieron.
Las organizaciones instaron a que el Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, abra una completa investigación sobre los crímenes israelíes en el territorio ocupado palestino.
“Una investigación es un paso necesario para poner fin a la cultura de impunidad que ha prevalecido desde hace tiempo en relación con los crímenes israelíes y responsabilizar a los funcionarios políticos y militares de alto nivel”, indicaron los grupos.
(Fuente: gencia palestina Ma´an / Traducción: Palestina Libre)
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