Mitos de la educación concertada… El supuesto menor coste al erario público

¿Supone la educación privada concertada un ahorro en el gasto público?

En USTEA tenemos claro que ni la subvención con fondos públicos de centros privados a través de los conciertos supone un ahorro para las arcas públicas ni el derecho a la educación puede ser evaluado o analizado en términos economicistas o de gasto, ya que sobre cualquier consideración de este tipo debe prevalecer la obligación de hacer efectivo y real el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos y todas. Aun teniendo en cuenta esta premisa, creemos que es necesario desmentir el mantra, repetido hasta la saciedad por los defensores de la privatización, que afirma que la escuela privada subvencionada con fondos públicos supone un ahorro para el erario público. 

En primer lugar, desde los sectores que de una forma tendenciosa aluden a unos datos totalmente sesgados sobre gasto medio por alumno/a según el tipo de centro, se obvia intencionadamente que es la escuela pública la única encargada de garantizar el derecho a la educación en todas aquellas zonas y sectores de población donde los centros privados ni están ni se les espera, precisamente, por no ser rentables para su negocio. 

En efecto, los datos oficiales, analizados de manera amplia y rigurosa, arrojan una realidad bien distinta a la que se pretende hacer creer desde posiciones interesadas y desde la prensa afín a los centros privados. Lejos de ser verídico el manido mito de que los conciertos educativos suponen un ahorro en el gasto educativo, según el estudio “el coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada” del Observatorio por la Educación Pública, exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad de condiciones ambos modelos cuestan lo mismo, con la salvedad de que en los centros privados – concertados el coste anual para las familias es significativamente superior, por lo que, en el cómputo global, la educación privada concertada termina suponiendo un coste mayor. 

¿Cómo es posible entonces que se asegure desde determinados sectores que el gasto medio por alumno o alumna sea inferior en los centros privados concertados? La respuesta a este interrogante es bien sencilla: si la privada concertada tiene menor coste es porque ofrece peores servicios. En efecto, toda una serie de ámbitos educativos son atendidos en exclusiva por la educación pública, como es el caso de la educación a distancia, educación en el exterior, enseñanzas de régimen especial, educación compensatoria, etc. De la misma manera, tampoco se pueden imputar a la educación pública las partidas que atienden indistintamente a ambas redes de centros, como la formación del profesorado o la investigación educativa, entre otras, como se hace sistemáticamente desde los artículos publicados constantemente por la prensa y medios afines a los centros privados y favorables ideológicamente a que se profundice en las políticas de extensión de los conciertos y privatización. 

Existen tres elementos fundamentales en el cálculo del coste medio de una plaza escolar y que tiene una relación estrecha con la calidad educativa: ratio profesorado/grupo, ratio alumnado/grupo y condiciones laborales del profesorado. En estas tres variables la educación pública presenta unos datos que hacen aumentar su coste, ya que cuenta con más profesorado por grupo, un número de alumnos y alumnas por aula menor y ofrece mejores condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras, ya sean docentes o no. Todo ello es consecuencia, entre otros factores, de que la educación pública tiene que asegurar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de los centros privados subvencionados con fondos públicos (concertados) que, además de desarrollar estrategias para la selección del alumnado por razones socioeconómicas, muestra un total desinterés por situarse en áreas poco rentables, como las zonas rurales o municipios pequeños o a acoger a alumnado que requiere mayor atención educativa. En efecto, los centros privados concertados se concentran en las capitales de provincia y en los grandes núcleos urbanos al tiempo que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales se concentra en los centros públicos, con la reducción de la ratio que su escolarización supone además del incremento de recursos necesarios. Esta última consideración se hace extensible para el caso del alumnado inmigrante. 

Desde USTEA entendemos que el acceso a una educación pública de calidad es un derecho fundamental de toda la población y que, por lo tanto, los poderes públicos tienen la obligación de garantizarlo por encima de cualquier criterio economicista o de “gasto”. Sin duda, solo una educación cien por cien pública es capaz de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos y todas, en contraposición al modelo de privatización a través de los conciertos educativos que, como vemos, profundiza en la segregación socioeconómica del alumnado, provocando mayores desigualdades educativas e incidiendo negativamente en la cohesión social.

Por ello, la cuestión del coste económico de una red y otra es una cuestión que no debería entrar en consideración, ya que el valor social de la educación pública, como única capaz de garantizar una educación de calidad y equitativa para todos y todas, está por encima de cualquier otra consideración. No obstante, y dado que desde los sectores con intereses en que se avance en la privatización y en la extensión de los conciertos educativos se alude continuamente al asunto del “coste” o del “ahorro”, es importante dejar claro que la educación pública no solo es la única que llega a todos los lugares, atiende a todo tipo de alumnado, ofrece todas las modalidades educativas, mejores condiciones laborales a sus trabajadores y trabajadoras y, en definitiva, una educación de mayor calidad y equidad, sino que, además, lo hace de manera más rentable, tal y como demuestra un análisis real y riguroso de los datos. 

Andalucía, 9 de marzo 2021