Los cinco miembros de la CUP encausados en la AN por quemar fotos del Borbón dan plantón al juez
La Audiencia Nacional (AN), tribunal de excepción heredero del viejo Tribunal de Orden Público del franquismo, citó este miércoles a declarar, como investigados, a cinco jóvenes que quemaron fotografías de Felipe de Borbón durante la Fiesta Nacional de Catalunya, conocida popularmente simplemente como “La Diada”.
La manifestación anticapitalista con motivo de la Diada, fue organizada por la CUP de Cataluña y otras entidades relacionadas como Alerta, Arran y Endavant. Durante la marcha, los participantes gritaron consignas como: “Quien siembra la miseria recoge la rabia”, “Abramos fronteras”, “Fuera fascistas de nuestros barrios” e “I – inde – independencia”, entre otros lemas. Bajo el lema “En los Països Catalans desobedecemos por la independencia”, los organizadores cifraron en 5.000 los asistentes a la marcha, que finalizó con discursos de distintos asistentes, entre ellos, la diputada de la CUP Anna Gabriel y la concejal barcelonesa Laia Estrada. Una na decena de personas, a cara descubierta, quemaron fotografías del Borbón.
La fiscalía abrió diligencias tras la manifestación anticapitalista. Las imágenes del Borbón quemadas estaban impresas en hojas de papel que, en el reverso, contenían una página de la Constitución. El juez instructor había ordenado las comparecencias después de que los Mossos d’Esquadra identificaran a estos participantes en la marcha como autores de la quema de fotografías. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha calificado este acto de protesta “como un delito de injurias a la Corona” y citó a los cinco jóvenes.
Los investigados son Aitor Blanc, portavoz de SOM Gramenet en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona); Jordi Almiñana, Nora Miralles, Ivan Altimira y Roger Santacana. Miralles fue parte de la candidatura de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) en Barcelona, como suplente, en las elecciones autonómicas de 2015; Altimira es asesor del grupo de esta formación en el Ayuntamiento barcelonés; y Santacana está vinculado con el partido anticapitalista y quedó incluido en las listas de Manresa (Barcelona).
“Ni rey ni miedo, desobedecemos”
Durante la manifestación anticapitalista de la Diada, Altimira fue uno de los quemó una foto del monarca español en medio de la plaza del Rei de Barcelona, donde instaló una pancarta que rezaba “Ni rey ni miedo, desobedecemos”. Altimira y Miralles enfatizan que el hecho de quemar fotos o páginas de la Constitución no es un delito, por lo que afirmaron que no quieren “pedir perdón por no reconocer unas instituciones cuya actitud es fascista”.
El viernes de la semana anterior, Altimira ya advirtió que ninguno de los cinco investigados comparecerían en los juzgados, ya que habían tomado “la humilde decisión de desobedecer” a este tribunal de excepción. Lo dijo en una rueda de prensa en la plaza del Rei de Barcelona ante la misma pancarta de “Ni Rey ni miedo, desobedecemos” y en la que se podía ver una foto en llamas de Felipe VI.
Dicho y hecho, Ninguno de los cinco se presentó a declarar el pasado miércoles a declaras, dando plantón al Juez de la Audiencia Nacional. Los cinco estaban llamados a comparecer en diferentes juzgados catalanes: Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y Manresa (Barcelona) para declarar por videconferencia ante el juez.
El TC lo califica como “ofensa” e “incitación al odio”
Por su parte, para el “democrático” Tribunal Constitucional (TC), que va incluso más allá de catalogarlo como injuria, “quemar públicamente el retrato de los monarcas es un acto no sólo ofensivo sino también incitador al odio” y no está amparado por la libertad de expresión. También considera que “la cremación de la imagen física de los monarcas expresa, de un modo difícilmente superable, que son merecedores de exclusión y odio”.
Así lo sentenció el año pasado al rechazar el recurso de otros dos jóvenes catalanes, Jaume Roura y Enric Stern, por la quema de fotos en septiembre de 2007, en otra manifestación independentista en Girona, con motivo de la visita de los monarcas, y por la que fueron condenados a pagar 2.700 euros.
El abogado que defendía a Roura y Stern, Benet Salellas, señaló, a raíz de ello, que el TC actuaba “con cinismo y frivolidad, y compara la actuación de los dos condenados con los que hacen discursos xenófobos, antisemitas y racistas”, así como que “banalizan” el concepto de libertad de expresión al considerar la quema de fotos como injuria. Salellas anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya que es “desproporcionada y un golpe de estado jurídico”.
(Fuentes: El periódico / La Vanguardia / Deia / Canarias Semanal / Estrella Digital)
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