La Policía exige impunidad para reprimir ante un posible giro autoritario de Macron

Desde el asesinato del joven Nahel, han aumentado las presiones y amenazas de las fuerzas represivas contra cualquier ataque a la impunidad policial. Así ha sucedido desde que, el 20 de julio, se dictó prisión preventiva contra un agente de la BAC de Marsella.

Durante la salvaje represión de las revueltas, un agente de esa fuerza golpeó salvajemente a un joven de 22 años que acababa de ser alcanzado en la cabeza por un lanzador de balas de defensa (LBD por sus siglas en francés). Durante esos días la Policía francesa afirmaba que “estamos en guerra”. Ante el procedimiento judicial, varios centenares de policías de Marsella se ausentaron por enfermedad para exigir su libertad. El sindicato “Unité SGP Police FO” ha llamado a los policías de todo el Estado francés a ir a la huelga, para exigir medidas más amplias contra la impunidad: un “estatuto específico para los policías implicados o investigados”, así como “el anonimato total de los procedimientos al principio de su carrera, y magistrados especializados en el uso de armas para las fuerzas del orden”.

Impulsado por los policías de base, el movimiento cuenta también con el apoyo de la Alianza de la Policía Nacional y de la UNSA Police. Aunque se concentra principalmente en Marsella, donde entre 300 y 700 policías (según cifras policiales y sindicales) están en “código 562” -es decir que solo realizarán tareas de emergencia o esenciales), o de baja desde hace unos días, también se extiende a la región de Île-de-France y a varias ciudades, como Le Mans, Lyon, Toulouse, Aviñón y Niza. En las redes sociales, las páginas de la Policía están difundiendo numerosas fotos de unidades policiales, de espaldas a sus comisarías, mostrando su apoyo a su colega y a su impunidad. Ni más ni menos que un amotinamiento policial.

La comparecencia ante la prensa del Director General de la Policía Nacional (DGPN), Frédéric Veaux, el domingo por la noche marcó un punto de inflexión. Enviado a hablar con el diario Le Parisien por el Ministerio del Interior, declaró: “Saber que está en la cárcel me quita el sueño”, afirmando que “ante un posible juicio, un policía no tiene sitio en la cárcel”. Laurent Nuñez, Prefecto de París y antiguo número 2 del Ministerio del Interior, expresó su apoyo a la DGPN en las redes sociales y también a los parlamentarios de Renacimiento (el partido de Macron, anteriormente llamado “La República en Marcha”). Unos días antes, en CNews, el ex diputado macronista Jean-Michel Fauvergue abogaba por un “trato desigual en favor de los policías” y por una “excusa para la violencia”. De manera informal, pero igualmente significativa, Gérald Darmanin (ministro del Interior) dijo a su entorno que tenía “gran confianza” en Frédéric Veaux.

En primera línea de las ofensivas represivas de Macron, la policía llama a una nueva ola de autoritarismo

Estas declaraciones son la continuación de lo que no puede interpretarse de otra manera que un llamamiento a la guerra civil, emitido por los sindicatos policiales el 30 de junio. En medio de las revueltas en los barrios obreros, se llamaba a utilizar “todos los medios” para restablecer el orden contra las “hordas de salvajes” y las “pestes”. En términos más generales, los últimos años han estado marcados por diversos movimientos policiales que reclaman un refuerzo de sus prerrogativas, desde el movimiento de la “policía furiosa” en 2016 hasta la manifestación frente a la Asamblea Nacional el 19 de mayo de 2021, sin olvidar el intento de intimidación a France Insoumise frente a su sede en septiembre de 2019.

Situados en primera línea de la ofensiva de un gobierno que sólo ha podido imponer sus sucesivos ataques antisociales con el apoyo de las fuerzas de represión, los sindicatos policiales sienten que les crecen las alas e intensifican la presión sobre el gobierno, que ha multiplicado sus “regalos” hacia ellos en los últimos años. Sin embargo, a diferencia de movimientos anteriores, esta vez la jerarquía del Ministerio del Interior ha optado por salir abiertamente en apoyo de esta campaña, respaldando la demanda de legalización de la impunidad policial que ya reina en el régimen. De este modo, un ala del Estado está pidiendo la legitimación abierta de la libertad de golpear y matar para la Policía y la legalización de la impunidad que ya es la regla, como parte de un régimen “oficial” de excepción para la policía. Una verdadera licencia para matar.

Tras la gran movilización internacional contra la violencia policial de junio de 2020, el Estado respondió con la Ley de Seguridad Global y la Ley de Separatismo, desencadenando una ola de disoluciones de organizaciones musulmanas, antirracistas, antifascistas y anticapitalistas que continúa hasta hoy. Para ciertos sectores del régimen, es necesario ir aún más lejos, en el marco de un salto autoritario del que “la búsqueda de la impunidad policial absoluta, de un régimen de terror creciente contra las poblaciones racializadas” sería uno de los aspectos más destacados, como subrayamos en nuestro análisis de la revuelta de los suburbios. Una campaña autoritaria que expresa un debate abierto en el seno de la clase dominante sobre la actitud a adoptar ante la crisis social y política.

Si bien todo el régimen está de acuerdo en la necesidad de métodos bonapartistas, en un país muy polarizado donde las movilizaciones del movimiento obrero y de los barrios populares han demostrado su fuerza, el objetivo de llevar la ofensiva autoritaria a un nuevo nivel, apoyándose en el aparato policial, no cuenta con el apoyo de la mayoría debido a los riesgos que ese salto supondría para el gobierno (y para el mismo régimen). En este sentido, en su entrevista del lunes, Emmanuel Macron optó por una posición de statu quo, negándose a comentar o condenar las declaraciones de su director de Policía, diciendo que comprendía la “emoción” de los policías, al tiempo que se refería al “Estado de derecho” y evitaba pronunciarse explícitamente sobre las reivindicaciones de los uniformados. Esta postura fue reafirmada por Eric Dupond-Moretti -ministro de Justicia- que añadió, en apoyo de la posición del Presidente: “Nadie está por encima de la ley de la República. La justicia debe seguir trabajando con serenidad e independencia. (…) Esta es una condición esencial para el respeto del Estado de Derecho, que es el fundamento de nuestra democracia”.

En su discurso, Macron hizo hincapié en “orden, orden, orden”, pero su frágil Gobierno se enfrenta a una situación en la que la inestabilidad social y política sigue profundizándose, como demuestran la revuelta en los barrios obreros y la última remodelación de la crisis. En este marco inestable, su reto consiste en mantener un frágil equilibrio que permita continuar con los ataques neoliberales y las leyes de seguridad (Ley de Inmigración, censura de las redes sociales).

Macron no nos protegerá de su Policía: el movimiento obrero debe prepararse para luchar

Si el presidente parece dudar sobre qué actitud adoptar, es ante todo porque la reacción del movimiento de masas asusta a las clases dominantes. Desde este punto de vista, los llamamientos a un gobierno que sólo entienda el equilibrio de fuerzas no sólo parecen un callejón sin salida, sino que siembra grandes ilusiones sobre la posibilidad de resolver la situación actual por la vía institucional.

Desde ayer, la izquierda institucional denuncia, con razón, la ofensiva policial en curso, y el lunes se publicaron varias reacciones en forma de comunicados, por un lado por parte de Francia Insumisa, el Partido Socialista y Europa Ecología -Los Verdes-, y por otro por parte del Partido Comunista Francés, que se negó a firmar el comunicado de NUPES (Nueva Unión Popular Ecologista y Social -una alianza de centroizquierda, de los partidos mencionados, liderada por Jean Luc Mélenchon-), prefiriendo adoptar una postura independiente. Lo que tienen en común estos comunicados es que se dirigen a Gérald Darmanin, Elisabeth Borne (primera ministra) y Emmanuel Macron, instándoles a garantizar “el Estado de Derecho” y los “fundamentos de nuestra democracia”.

Tales demandas solo pueden desarmar a los trabajadores, porque siembran importantes ilusiones sobre la posibilidad de que el gobierno regenere a la Policía, que habría sido desviada de su función original, y así volverla “republicana” y garantizar el mantenimiento del “Estado de derecho”. Este discurso oculta que es mediante el uso de todos los instrumentos de este “Estado de derecho” y su constitución muy antidemocrática, que Macron ha lanzado en los últimos años una brutal ofensiva bonapartista. Ello estuvo marcado por la proliferación de medidas de emergencia, con la integración en la ley de numerosas disposiciones del estado de excepción a partir de 2017, la disolución de organizaciones, prohibiciones de manifestaciones, el recrudecimiento de la represión a las movilizaciones y barrios obreros, y los compromisos otorgados a la institución policial en términos de medios y garantía de impunidad en su seno.

Fuente: Izquierda Diario.