La Junta (PP-C’s) sigue incumpliendo sentencias que declaran no urbanizable los parques naturales
Tras la contundente sentencia el Tribunal Supremo (TS) que dictamina que se debe demoler la totalidad de la urbanización Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) por haberse construido ilegalmente en un espacio incluido en la Red Natura 2000 de la Unión Europea (UE), el colectivo Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Andalucía y algunos ayuntamientos persisten en la pretensión de recalificar terrenos protegidos de la Red Natura 2000 en la provincia de Cádiz, desafiando a estos altos tribunales.
Tanto el Tribunal Supremo (TS) como el Tribunal Constitucional (TC) ya se pronunciaron en este largo procedimiento judicial declarando ilegal esta urbanización de lujo en una isla protegida y determinaron que toda la Red Natura 2000 tiene que protegerse como suelos no urbanizables de especial protección. El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado, en sentencia de 13 de noviembre de 2019, que todos los espacios incluidos en la Red Natura 2000 (RN2000) deben quedar preservados de su transformación urbanística y deben ser clasificados como Suelo No Urbanizable (SNU) de especial protección por sus valores naturales, en aplicación de la legislación española y comunitaria. Previamente, se había pronunciado el Tribunal Supremo (TS) en sentencia de 29/01/2014, determinando que la inclusión de unos terrenos “en la Red Natura 2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección (…), y determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”.
Ecologistas en Acción notificó hace un año estas sentencias a las consejeras de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPyDS) y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (CFIyOT), advirtiendo que en varios parques naturales -todos están incluidos en la Red Natura 2000- se estaban aprobando planes urbanísticos para recalificar suelos. No hemos tenido contestación de ninguna de las dos consejeras.
A pesar de nuestras advertencias, varios ayuntamientos y la Junta de Andalucía han seguido tramitando planes urbanísticos que afectan a terrenos protegidos en la Red Natura 2000. Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra esta manifiesta ilegalidad; todas nuestras alegaciones han sido desestimadas. Asimismo, hemos advertido en las Juntas Rectoras de los parques naturales afectados de este incumplimiento de las sentencias judiciales; todas nuestras advertencias han sido ignoradas.
Como ejemplos baste citar el Parque Natural Sierra de Grazalema, donde se ha modificado la normativa del parque natural para desproteger varias zonas de Villaluenga y El Bosque y permitir así su urbanización. En Ubrique está en tramitación un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que recalifica tres zonas del parque natural para la construcción de 400 viviendas y un polígono industrial. En el Parque Natural Bahía de Cádiz, el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) incorporaría un polígono “tecnológico” para empresas junto al pinar de La Algaida (Puerto Real), zona de altísimo valor ecológico, decisión más que sorprendente, pues lo que sobra en la Bahía de Cádiz son suelos industriales, y lo que faltan son industrias. Por último, en la Zona de Especial Conservación Los Acebuchales de la Campiña de Cádiz, también incluida en la Red Natura 2000, se están tramitando varios proyectos urbanísticos. El Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules ha incluido en el PGOU la macrourbanización La Sacristana, distante del núcleo urbano, con una superficie de 1.000.000 m2, y previsiones de construir 350 viviendas, un hotel y un campo de golf. El Ayuntamiento de Barbate ha aprobado un proyecto urbanístico en la finca La Carrasca, en la pedanía de Manzanete Bajo, proyecto que Ecologistas en Acción ya ha recurrido en los tribunales; y en Vejer se tramita otro proyecto turístico de lujo en la finca Los Moratos, en la pedanía de Patría.
Ecologistas en Acción ha advertido a los responsables de las delegaciones territoriales de Desarrollo Sostenible y de Fomento, a las direcciones de los parques naturales y a las presidencias de las Juntas Rectoras de los parques naturales afectados, de la ilegalidad de estos planes urbanísticos, y les hemos comunicado que, de proseguir su tramitación y terminar por aprobarlos, los recurriremos ante los tribunales, además de que se podría estar cometiendo un presunto delito de prevaricación.
La Junta, gobernada por el PSOE, estuvo una década declarándose insumisa a la legislación estatal y comunitaria en relación con la obligación de someter los planes urbanísticos a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica. Las consecuencias fueron la anulación en cascada de planes urbanísticos; en Cádiz: Prado del Rey, El Puerto, Chiclana, Valdevaqueros (Tarifa)… Ahora la Junta, gobernada por el PP, se declara insumisa a las normas de protección de la Red Natura 2000 y a las sentencias del TS y del TC. Las consecuencias serán las mismas.
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