La inflación dispara los alquileres y los grandes tenedores hacen su agosto

La inflación parece que ha venido para quedarse. La espiral inflacionista que vivimos comenzó en marzo de 2021 cuando la actividad económica empezó a normalizarse tras el parón en la economía causado por la pandemia, pero lejos de estabilizarse, el estallido de la guerra ha dado un mayor impulso al fenómeno inflacionista. El pasado mes de febrero la inflación interanual se situó en el 7,4% y 1,3 puntos más que el mes de enero. Un nivel de precios que no se alcanzaba desde julio de 1989.

La subida de los precios tiene un impacto casi inmediato en los bienes y productos de consumo más cotidianos algo que recae sobre los bolsillos de los trabajadores y sectores populares y que choca con las exiguas o inexistentes subidas (revisiones) salariales. Solo algunos convenios cuentan con clausulas de revisión salarial, en este caso la media es de 1,5% de aumento, un 2% si eres empleado público y un 2,5% si cobras el SMI o eres pensionista. Esto lo vemos en el impacto de la subida de los carburantes que ha llevado a los paros en el transporte, en la subida de los precios de la luz que negocia en subastas diarias o el precio de alimentos como el aceite o la harina.

Este aumento generalizado de los precios se empieza notar también en uno de los gastos más importantes para millones de asalariados, los alquileres. Según los últimos datos, el aumento del IPC está teniendo un especial impacto en la subida del precio del alquiler en todo el Estado, algo que se nota especialmente en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o Málaga, donde los alquileres ya estaban por las nubes. En el mes de febrero en estas ciudades los alquileres han subido entre 42 y 65 euros al mes (lo que supone entre 500 y 800 euros más anuales), mientras que la media del Estado se sitúa en 53 euros más al mes (634 euros más anuales), según los datos publicados en el informe de una conocida web de alquileres y venta de vivienda.

El problema de la vivienda es un problema estructural en el capitalismo español y se agudiza ahora con la escalada inflacionista y la situación de crisis social que desencadena. En todo este tiempo el Gobierno “progresista” no ha paliado ni en lo más mínimo las consecuencias más dramáticas de esta problemática. Conocedor del drama de la falta de vivienda para muchos, el Gobierno ha hecho algunas intentonas de maquillaje progresista en materia de vivienda que no han tenido ningún impacto real. El Consejo de Ministros prorrogó el pasado mes de febrero el decreto “anti desahucios” hasta el 30 de septiembre. Sin embargo se trata de un decreto bastante ineficaz. Pese a que esta medida se aprobó a raíz de la pandemia, tan solo en 2021 se ejecutaron más de 30.000 desahucios.

La problemática de la vivienda está condicionada por la precariedad laboral a lo que se suma la voracidad de la lógica capitalista muy especialmente en mercados como el de la vivienda. Esto nos sitúa en un grave problema estructural. Ahí que el problema de la vivienda necesite de soluciones de fondo, radicales, que toquen los intereses de los grandes tenedores de vivienda como la congelación de todos los alquileres, la intervención del mercado del alquiler bajo el control de los inquilinos, la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social, así como otras no exclusivas al ámbito de la vivienda como la incorporación inmediata de cláusulas de revisión salarial en todos los convenios que indexen el IPC de forma mensual y de forma automática o la nacionalización sin indemnización y bajo control de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la energía y el trasporte entre otras. Medidas urgentes para evitar que esta crisis se descargue sobre las familias trabajadoras.

Fuente: Izquierda Diario.