La Guardia Civil desaloja Somonte a petición de la Junta de Andalucía
Un dispositivo de unos 40 guardias civiles (foto adjunta) procedió en la mañana de ayer jueves al desalojo de alrededor de unos quince jornaleros del SAT que mantenían ocupada la finca de Somonte, situada en el término municipal de Palma del Río (Córdoba), desde marzo de 2012. La finca es propiedad de la Junta de Andalucía y el desalojo se produjo por orden de un juzgado del partido de Posadas a demanda de dicha Administración.
La llegada de las patrullas y el desalojo no cogió por sorpresa los jornaleros que trabajan los terrenos del antiguo cortijo, ni al SAT, que fue el sindicato que realizó en su día la ocupación, ya que la posibilidad del mismo ya era conocido desde días antes, y así había sido anunciado por la propia organización sindical. De hecho, la tarde anterior al desalojo, la sede central de Sevilla del sindicato recibió el auto judicial.
“El desalojo y el trato de los funcionarios ha sido correcto. No nos han puesto ningún impedimento en que organizáramos el desalojo de los enseres he incluso nos han dado un poco de más tiempo para dejar preparado el ganado y que pueda pasar varios días sin necesidades de agua y alimentación”, describió uno de los ocupantes, José Manuel Reyes.
Según José Caballero, miembro de la Dirección del SAT (en la foto adjunta dialogando con los agentes), el desalojo se produjo “sin resistencia ni violencia” por ninguna de las partes: “Ni de los que estábamos aquí ni de los que han venido”. Ha afirmado que “después de cuatro años aquí, no esperábamos esto. Nos sentíamos, si no legalizados, sí con un punto de permisividad para estar aquí”, después de que hubiera transcurrido ya todo este tiempo. No obstante, y a falta de que el sindicato de trabajadores del campo se reúna para analizar la situación y tomar decisiones al respecto, Caballero avisa: “Vamos a seguir luchando por Somonte”.
Desde 2012, cuando ocuparon la finca, que se encontraba abndonada y sin aprovechamiento, sólo a la espera de ser vendida a algún particular, los jornaleros se han encargado de cultivar la tierra con diferentes productos y este año, por primera vez, habían logrado sembrar todas las hectáreas. De hecho, recordaron que aún quedan por recolectar 80 hectáreas de girasol y dos hectáreas de alcachofas. Asimismo, se cuidan unas cien cabezas de ganado entre cabras y ovejas.
Los inquilinos proceden de Palma del Río o Posadas y de los cercanos municipios sevillanos Écija y Fuentes de Andalucía. Hace un año las familias que en este tiempo han trabajado allí acabaron constituyendo una cooperativa para dar salida a la producción que cada temporada han cultivado en la finca con trigo, avena, colza, girasol y hortalizas, además de 200 olivos y 500 árboles entre encinas y algarrobos.
Los productos de Somonte se han puesto a la venta por parte de dicha cooperativa en municipios de varias provincias andaluzas, hasta donde se desplazaban los jornaleros para venderlos, además de repartir cestas preparadas con hortalizas y verduras ecológicas de temporada a través de una red propia de distribución.
Maniobra de distracción por los EREs
Otro miembro del SAT, dirigente del SAT A y número tres por Córdoba a las generales por Unidos Podemos, Francisco Ruiz, calificó la decisión como una maniobra de distracción del Gobierno andaluz, pues coincide con el procesamiento de los expresidentes autonómicos Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
“Hoy, el Gobierno de Susana Díaz (PSOE) ha querido acabar con el sueño de una tierra pública que dé de comer a las personas en paro. Un Gobierno que ha desempolvado una orden de desalojo de 2012 para tapar su propia corrupción. Ayer mismo se anunció que los dos ex presidentes de la Junta, antecesores de Susana Díaz en el cargo, Chaves y Griñán, irán a juicio oral encausados por el escándalo de los ERE’s”, declara el sindicato en una nota.
Según Ruíz, la Junta de Andalucía durante estos cuatro años les ha dado “pares y nones” acerca de la permanencia en los terrenos de titularidad pública, y en la última conversación mantenida con la Administración andaluza, hace año y medio, “nos confirmaba que podíamos estar dentro de la finca, que no nos arreglaban ningún tipo de contrato ni sacaban una concesión, pero que podíamos estar labrando la finca”.
Estas sospechas se confirman debido a que sólo transcurrieron unas 12 horas desde que recibieron la resolución del juez hasta que comenzó la salida forzosa de los ocupantes: “No nos esperábamos a estas alturas un desalojo y más tan inmediato”, dijo José Manuel Reyes. Los sindicalistas confiaban en que el margen para marcharse hubiese sido de unos 10 días debido a que tienen tractores, maquinarias o cosechas dentro de las naves. La Guardia Civil les dejó llevarse los objetos más básicos, mientras para recuperar el resto de enseres deberán pedir una autorización al juez.
Según José Caballero, miembro de la Dirección del SAT, el desalojo se produjo “sin resistencia ni violencia” por ninguna de las partes: “Ni de los que estábamos aquí ni de los que han venido”, que ha acabado con los diecisiete jornaleros que en ese momento se encontraban en la finca fuera de la misma sobre las 14.00 horas de este jueves.
Caballero ha admitido que el desalojo ha cogido “por sorpresa” después de que en los últimos tiempos no se hubiera vivido ningún enfrentamiento entre los jornaleros y la Junta de Andalucía como propietaria de la finca. Somonte, ocupada desde marzo de 2012 por trabajadores del campo del SAT, había sido cultivada de manera paulatina ampliando poco a poco el terreno de producción y en este año 2016 ya habían alcanzado el 100% del total de las 400 hectáreas que ocupa la finca.
El SAT tiene convocada una Asamblea Extraordinaria para hoy mimo y una Asamblea Nacional para este domingo, en las que, entre otros temas, abordarán el dasalojo y decidirán en torno a las medidas a tomar a partir de hora por el sindicato con respecto a Somonte. “Vamos a seguir luchando por la finca, de manera legal y pacífica, porque estos terrenos no se pueden vender”, ha anticipado Caballero.
La Otra Andalucía
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