La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide hasta 27 años de cárcel para los 12 CDR de la Operación Judas

La Fiscalía antiterrorista de la Audiencia Nacional ha presentado escrito de acusación contra los imputados de la Operación Judas, en el marco de los operativos contra los CDR del año 23 de septiembre de 2019, justo antes de la sentencia del Proceso. El ministerio público considera que deben ser declarados culpables de pertenencia a organización terrorista, por tenencia de explosivos y por estragos a un total de veintisiete años de cárcel por ocho de los acusados. El resto de investigados les piden penas de hasta ocho años de cárcel. En principio, los acusados ​​están incluidos en la amnistía, pero la acusación de terrorismo podría tropezar con el proceso.

El ministerio público los identifica como integrantes de distintos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que integraron los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) que define como una “organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”.

Varios delitos, varias penas

Para las penas la fiscalía no se pone por poco. En su escrito, de 61 páginas y firmado por Miguel Ángel Carballo, al que ha tenido acceso El Mundo, pide a los acusados ​​Eduard, Esther, Sònica, Queralt, Germinal, Alexis, Jordi y Rafael, apenas 27 años. Una pena de prisión que desglosa en ocho años por un delito de pertenencia a organización terrorista; una de once años por delitos de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables o de sus componentes, de carácter terrorista, y una tercera de ocho años más por un delito de estragos, de carácter terrorista en grado de tentativa. Las dos primeras penas incorporarían también penas de inhabilitación absoluta. Además, les impone ocho años de libertad vigilada.

Por los acusados, Ferran, Xavier, David y Clara, ocho años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de pertenencia a organización terrorista, la pena de prisión de ocho años e inhabilitación absoluta. A todos acusados, la fiscalía también pide penas accesorias legales y además penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, deportivo y de ocio, por un tiempo superior en diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Fuente: El Mon.