La desigualdad mundial crece: el 1% de los multimillonarios acumula más riqueza que el 95% de la población mundial
El 1 % más rico posee más riqueza que el 95 % de la población mundial en conjunto. Es lo que afirma un nuevo análisis de Oxfam Intermón en base a los datos de UBS.
La influencia de los milmillonarios sobre la economía se ha disparado: más de un tercio de las 50 mayores empresas del mundo tienen a un milmillonario como director ejecutivo o accionista principal. La capitalización bursátil total de estas empresas asciende a 13,3 billones de dólares.
El informe de Oxfam Intermón Multilateralismo en una era de oligarquía global advierte de que los esfuerzos globales para responder a los mayores desafíos del planeta, como la crisis climática o los niveles persistentes de pobreza y desigualdad, están siendo amenazados por la concentración de poder en manos de los ultrarricos y las megaempresas. Esta híper concentración de poder y riqueza alimenta la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos. De hecho, a pesar de representar el 79 % de la población mundial, los países del Sur global sólo cuentan con el 31 % de la riqueza global.
El informe describe cómo se está produciendo una “intensificación del peso de una oligarquía global”, en la que los ultrarricos —a menudo a la cabeza de empresas con un enorme poder de mercado— influyen en la toma de decisiones políticas y las reglas del juego tan solo. Mientras ellos se enriquecen, se van frenando los avances hacia un mayor progreso a nivel global.
El 1 % más rico posee el 43 % de todos los activos financieros globales. Dos multinacionales son propietarias del 40 % del mercado mundial de semillas. Las “tres grandes” gestoras de fondos estadounidenses (BlackRock, State Street y Vanguard) gestionan 20 billones de dólares en activos, cerca de una quinta parte de todos los activos de inversión en todo el mundo.
Con tres ejemplos de total actualidad, Oxfam Intermón quiere mostrar cómo se está llevando a la práctica este abuso de poder minando los avances multilaterales, y qué contrapesos se están impulsando para hacerles frente, tanto desde la sociedad civil como desde países del Sur Global:
- Las grandes corporaciones quebrantan la cooperación en fiscalidad internacional. El marco inclusivo del Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios del G20/OECD (BEPS, por sus siglas en inglés) se ha quedado corto, muy lejos de alcanzar su potencial y de lograr los impactos esperados. El nuevo estándar para la reasignación de derechos tributarios apenas generará recursos adicionales para los países de renta baja, entorno al 0,026 % de su PIB. La exclusión de los servicios financieros del nuevo paquete de medidas de BEPS es sin duda el resultado de las presiones de los países con grandes industrias bancarias y financieras.
- Las grandes empresas farmacéuticas se resisten frente a los intentos por desmontar los monopolios sobre las tecnologías de vacunas contra la COVID-19. El poder monopolístico de la producción de vacunas fue muy rentable durante la pandemia. Tan solo en 2021, los siete mayores fabricantes tuvieron unos beneficios netos de aproximadamente 50 000 millones de dólares con la venta de vacunas contra la Covid-19, lo que se tradujo en cuantiosos dividendos para sus ricos accionistas y en la aparición de nuevos milmillonarios. El director general de Pfizer, Albert Bourla, calificó el llamamiento a compartir las tecnologías de vacunas Covid-19 como “un sinsentido total”. Asimismo, la falta de distribución equitativa de las vacunas contribuyó a un exceso de hasta 1,3 millones de muertes en todo el mundo.
- Los acreedores privados agravan la crisis de deuda mundial. Los países de renta baja destinan casi el 40 % de sus presupuestos anuales al servicio de la deuda, lo que supone un 60 % más de lo que destinan de manera conjunta al gasto en educación, salud y protección social. Más de la mitad de la deuda externa de los países de renta media y baja se debe a prestamistas privados como bancos o fondos de inversión libre (hedge funds). Algunos de estos acreedores son “fondos buitre”, que compran deuda en contextos de sobreendeudamiento a bajo precio, y explotan mecanismos legales para recibir el pago en su totalidad, cosechando enormes beneficios a costo de los países.
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