Huelva: La Confederación Hidrográfica solo tiene dos guardas para controlar 1.700 Km2 de zonas agrícolas del entorno de Doñana
Mal camino ha tomado el conflicto del agua en Doñana. La retención sufrida por uno de los guardas fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuando ejercía sus funciones de control en el proceso de clausura de los cientos de pozos ilegales que asaetean el acuífero y secan la Reserva de la Biosfera ha sido solo el último capítulo de una escalada de tensión palpable. Aunque en este caso, la Guardia Civil se ha visto obligada a intervenir para salvaguardar la integridad de este guarda ante un grupo de vecinos que le increpaban y acosaban.
Los guardas fluviales de la Confederación son sólo dos para una distancia que abarca desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el Tinto a su paso ya por Niebla y esta zona de El Condado, según viene advirtiendo la organización conservacionista WWF. Deben vigilar nada menos que las zonas freseras de Moguer, Lucena, Bonares, Rociana, Almonte, Bollullos, Hinojos, Villamanrique y las plantaciones han saltado ya el límite de la A-49 hacia La Palma. Casi 2.000 Km2 de superficie municipal. Así que la guardería de la CHG se siente indefensa y acosada en este ambiente de hostilidad creciente y palpable.
No es nuevo este comportamiento. En 2014, los guardas ya sufrieron persecución por el mismo motivo. En aquella ocasión, tres agentes de la Confederación fueron amenazados y agredidos por más de dos centenares de personas mientras realizaban su labor de inspección en fincas agrícolas del entorno de Doñana, también en Lucena del Puerto, recuerda la organización WWF. La finca estaba situada en monte público propiedad del Ayuntamiento de Lucena, apuntó WWF.
Después de este caso, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, y la delegada de Medio Ambiente, Rocío Jiménez, denunciaron en abril del pasado año un ataque con huevos a la vivienda del presidente de la Diputación y a la casa de los padres de la delegada. Y hace poco más de un mes, otro grupo de agricultores realizaron un escrache a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante una visita a San Juan del Puerto, municipio vecino a Lucena y a donde acudió la presidenta a un acto oficial organizado por el Ayuntamiento sanjuanero.
Así que el último ataque sufrido por la guardería fluvial ha hecho saltar todas las alarmas por la reiteración de los acosos y el aumento palpable de la escalada de tensión en esta zona del Condado de Huelva. De hecho, la Subdelegación del Gobierno en Huelva ha decidido que sea la Guardia Civil la que actúe de manera “inmediata” deteniendo a cualquier persona que incurra en un acto violento contra un funcionario público, algo que, ha recordado el delegado del Gobierno en Andalucía, tiene mayor pena al ser considerado un atentado contra la autoridad.
Este refuerzo, ha explicado Alfonso Gómez de Celis en E. Press, se acometería con la propia plantilla de la Benemérita existente en la zona, algo que no supondría mayor problema en tanto que se trata de inspecciones “puntuales”.
El delegado del Gobierno en Andalucía ha querido dar “apoyo y solidaridad” a este funcionario público, con quien el Ejecutivo central se puso inmediatamente en contacto tras lo sucedido, así como con su familia. “Hemos estado siempre muy presentes en todo este caso”, asegura. “Vamos a perseguir de manera inexorable y contundente a todo el que de manera ilegal esté cogiendo agua: hemos puesto todo el empeño en resolver el problema de los regantes legales, pero todo ilegal que consuma agua y lo haga dañando drásticamente una zona como Doñana continuará siendo perseguido”, ha apostillado.
Ante esta escalada de tensión en la comarca, las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han condenado “el acoso y agresión” sufrida por un guarda de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) supuestamente a manos de un grupo organizado de agricultores de Lucena del Puerto y reclaman a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, medidas concretas en defensa de estos trabajadores y el cierre inmediato de estos pozos ilegales en el entorno de Doñana.
Las organizaciones conservacionistas condenan con toda rotundidad la actuación de “este grupo de agricultores ilegales que intentan intimidar a la guardería y a las Fuerzas de Seguridad para seguir expoliando con total impunidad los recursos naturales de Doñana”. Asimismo, han mostrado su total apoyo al guarda agredido, a sus compañeros en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a los agentes ambientales y al Seprona que “cada día trabajan en circunstancias muy difíciles para defender Doñana e intentar que se cumpla la legalidad”.
También piden al Ministerio de Transición Ecológica que utilice todos los recursos legales a su alcance para defender al funcionario agredido y para que sean identificados los culpables. Además de que este Ministerio y la Junta de Andalucía “intervengan de una vez por todas cerrando las innumerables fincas y pozos ilegales que están secando el acuífero de Doñana y cuya ubicación conocen sobradamente”.
Mientras tanto, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, ha condenado el ataque a un guarda fluvial adscrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y cree que este tipo de acciones “enturbia y empeora” el trabajo realizado por la plataforma. “La plataforma condena cualquier acto que se salga del margen legal y que no haya sido convocado por la plataforma”, ha dejado claro el presidente de la misma, quien lo denuncia y lo condena, ya que “hay negociaciones encima de la mesa para arreglar las cosas y con estos actos se cargan el trabajo de la plataforma y la credibilidad de los agricultores”.
Picón ha querido lanzar un mensaje de calma a los agricultores, aunque entiende las tensiones que han podido provocar “el retraso de las plantaciones y la tardanza de las transferencia de los 15 hm3”, pero ha incidido en que esta situación “no justifica este tipo de actos”.
La situación latente del trasvase se sigue enrareciendo y muchos agricultores se sienten utilizados por algunos políticos. Desde la Plataforma lamentan que PP y Cs hayan pedido por tercera vez una prórroga para presentar enmiendas a la transferencia de 15 hm3 al Condado. A su juicio, “sólo se trata de intereses políticos” y ha dejado claro que “el agricultor, el ciudadano, debe estar siempre por encima del interés político, de la lucha entre partidos políticos”.
El alcalde de Lucena, ante el riesgo de que la situación de nerviosismo se vaya de las manos también se ha pronunciado sobre el ataque al guarda fluvial. David Vivas ha lamentado el ataque y ha dejado claro que no comparte la forma de actuar de algunas personas sobre este asunto, incidiendo en que “no todos los agricultores actúan de esta manera”, por lo que ha pedido que no se generalice.
Vivas ha reconocido en una declaración recogida por E. Press, que el clima en Lucena del Puerto está “crispado” porque el sector “necesita agua”, ha reiterado que el Ayuntamiento como institución “va a velar por la legalidad y por buscar soluciones” a un tema “muy complicado”.
(Pozo ilegal en el entorno de Doñana)
Mil inspecciones para detectar pozos ilegales en Doñana y cierran 300 en dos años
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha realizado en lo que va de 2018 un total de mil inspecciones en la zona del entorno de la Corona Forestal de Doñana al objeto de detectar pozos ilegales, así como ha levantado 328 actas de denuncia y tiene en curso 86 informes al respecto, según han informado a Europa Press desde la CHG. En los dos últimos años se han cerrado un total de 300 pozos en toda la zona de la Corona Norte.
De este modo, han remarcado el complejo procedimiento que tiene en marcha para la clausura de estos pozos y zanjas que se utilizan para regar zonas no autorizadas. En concreto, han indicado que si, históricamente, los pozos han sido la fórmula predominante, de un tiempo a esta parte las zanjas han proliferado, lo que dificulta su hallazgo ya que surten a zonas que pueden localizarse a kilómetros de distancia.
Por tanto, además de las inspecciones a pie de sus guardas, la Confederación Hidrográfica del Gualdaquivir trabaja desde hace tres años también mediante la teledetección para intentar localizar los puntos de agua no regularizados en su afán de “perseguir la superficie de regadío fuera de zona regable”.
Por su parte, en 2017 la CHG realizó más de 668 inspecciones y ha llevado a cabo 359 actas de denuncias y 107 expedientes de infracción, llegando la cifra de inspecciones en lo que va de este ejercicio a unas mil, lo que pone de relieve la “eficacia” de la teledetección.
Asimismo, hay que recordar las reacciones generadas tras “la retención sufrida por uno de sus guardas fluviales a manos de un grupo de vecinos, en el ejercicio de estas funciones” en Lucena del Puerto, donde se han de clausurar 77 pozos ya que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga al Ayuntamiento de Lucena a ello después de que en 2013 se iniciara todo el proceso tras una denuncia del Seprona. Ante esto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comenzó el correspondiente expediente sancionador.
De este modo, desde la CHG han incidido en la complejidad del proceso para poder cerrar los pozos irregulares puesto que, además de la detección, luego hay que denunciar al titular y comenzar con todo el procedimiento correspondiente.
Este controvertido asunto lleva años de trabajo ya que, tras mucho tiempo, se logró la aprobación en 2014 del Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que impulsó la Junta de Andalucía, para delimitar las zonas regables.
(Fuente: Diario de Huelva / Autor: Rafael Moreno)
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