Euskal Herría: Finalmente habrá juicio político en la AN contra los jóvenes de Altsasu
La Sala II del Tribunal Supremo ha declarado la competencia del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional sobre la causa abierta por el ataque sufrido por dos guardias civiles, acompañados por sus parejas, en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016.
El Supremo resuelve así en favor de la Audiencia Nacional la cuestión de competencia planteada sobre el caso por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona a instancias de la Audiencia de Navarra, que estimaba que la causa debía juzgarse allí.
El Supremo señala que, en una valoración provisional, y a los solos efectos de determinar la competencia, puede apreciarse indiciariamente un encaje de los hechos en el artículo 573.1 del Código Penal, que considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física cuando se lleva a cabo con la finalidad de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.
“La gravedad del delito no puede excluirse por el momento, dada la entidad de las lesiones sufridas por uno de los agentes. Y, en cuanto a la concurrencia de las finalidades previstas en el artículo 573.1 del Código Penal, inicialmente puede apreciarse de modo indiciario que, habiéndose ejecutado los hechos dentro del marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios, tampoco puede descartarse que la finalidad de los hechos fuera provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas de los hechos”, argumenta la Sala.
Por ello, de acuerdo con el informe de la Fiscalía al respecto, cree que la competencia debe resolverse en este momento procesal a favor de la Audiencia Nacional, que se encarga de los delitos de terrorismo, sin perjuicio del resultado de la investigación y de lo que, en su caso, pudiera decidirse en el momento del enjuiciamiento.
El auto del Supremo expone que los hechos denunciados se refieren a una agresión sufrida por dos miembros de la Guardia Civil el 15 de octubre de 2016, en Alsasua, cometida por un grupo de personas, alguna de las cuales, según los informes policiales, aparece indiciariamente relacionada con organizaciones orientadas a expulsar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, mediante actos reiterados de protesta, presión y hostigamento contra los agentes y sus familias.
El relato de hechos denunciados, recuerda el auto, señala que una de las personas vinculada a esos grupos fue la que inició el enfrentamiento y la agresión. “Como consecuencia de los hechos, los agredidos resultaron lesionados, presentando uno de ellos, según el informe del Ministerio Fiscal, una fractura desplazada de tobillo derecho”, indica el auto.
La cuestión de competencia fue planteada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por orden de la Audiencia Provincial de Navarra al resolver un recurso de apelación contra un auto del citado Juzgado en el que, inicialmente, se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional. La Audiencia navarra corrigió al Juzgado al considerar que la competencia era suya. Por su parte, el Juzgado Central de Instrucción comenzó a investigar los hechos a raíz de una denuncia de la asociación COVITE, de víctimas del terrorismo.
(Fuente: Diario Crítico)
El “caso Altsasu” llega a Europa entre el escepticismo y miedo de los familiares
Varios grupos políticos impulsan una declaración para pedir que los jóvenes imputados por la pelea nocturna con dos guardias civiles no sean juzgados por terrorismo. El Tribunal Supremo ha confirmado dicha acusación, lo que ha generado aún más preocupación entre las madres y padres de esta localidad navarra.
Las madres de Altsasu no quieren resignarse. Tras recibir el enésimo golpe –esta vez desde el Tribunal Supremo-, las familias de los jóvenes imputados por la pelea nocturna con dos guardias civiles en un bar de esta localidad navarra empiezan a mirar, ahora más que nunca, hacia Europa. El primer paso ha tenido lugar en la Eurocámara, donde una amplia representación política ha firmado una declaración que podría resumirse en una palabra: justicia.
Tal como ya ocurrió en el Congreso de Madrid, varios partidos políticos de ámbito estatal, vasco y catalán han unido sus voluntades en el Parlamento Europeo para tratar de llevar hasta allí lo que consideran como un auténtico despropósito. “Solicitamos la eliminación de la definición criminal de terrorismo para estos acontecimientos”, señalan los eurodiputados de Podemos, Izquierda Unida, Equo, PNV, EH Bildu, ERC, ICV y PDeCat, quienes han pedido “la devolución de la investigación al Tribunal de Primera instancia número 3 de Pamplona” para que los nueve jóvenes acusados de haber participado en la pelea con los dos agentes de la Benemérita “sean juzgados” en el tribunal de la capital navarra.
No se trata de un detalle menor: si la causa fuese devuelta a Pamplona, los jóvenes imputados no serían juzgados por un caso de terrorismo, algo que conllevaría penas de entre 10 y 15 años de prisión. En otras palabras, los firmantes solicitan que “los principios de proporcionalidad, justicia y equidad prevalezcan”. Así consta en ese texto, promovido en la cámara de Bruselas por los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Josep-Maria Terricabras (ERC).
La declaración también lleva la firma de los europarlamentarios de IU Javier Couso, Paloma López Bermejo y Angela Vallina, su compañera gallega Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda) o los representantes de podemos Tania González, Xavier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres y Miguel Urbán. Junto a ellos figuran los nombres de Izaskun Bilbao (PNV) y Josu Juaristi (EH Bildu), además de Jordi Solé (ERC), Ernest Urtasun (ICV), Ramón Tremosa PDeCat y Florent Marcellesi (Equo).
Portazo del Supremo
El reclamo de justicia de los eurodiputados trascendió algunas horas antes de que el Tribunal Supremo cerrase la puerta a cualquier posibilidad de que el denominado “Caso Altsasu” regresara al juzgado de Pamplona. En una resolución emitida con bastante rapidez, el TS resolvió que los acusados deben ser juzgados por terrorismo, tal como planteó la jueza de la Audiencia Carmen Lamela en su auto de procesamiento. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los familiares de los imputados, quienes en las últimas horas también habían recibido el apoyo de más de 80 alcaldes vascos.
“Estamos con rabia y dolor”, comentó a Público Edurne Goikoetxea, madre de una de las jóvenes imputadas. Tras mostrar su “sorpresa” por la velocidad con la que el Tribunal adoptó esta decisión, esta mujer habló también del principal temor que reina entre las familias afectadas: “Da igual el juzgado o tribunal al que lleguemos: aquí están siguiendo un guion, en el que nuestras y nuestros hijos son sus marionetas. El final de esta historia ya está escrita, y sus autores ya saben dónde terminará todo esto”, subrayó.
Al atardecer de este jueves, las calles de Altsasu volvieron a acoger una nueva movilización por los nueve imputados, de los cuales tres siguen presos bajo el severo régimen FIES en Soto del Real. Así seguirán hasta un juicio que aún no tiene fecha, aunque muchos ya prevén cuál será la condena. El final, dice Goikoetxea, ya está escrito.
(Fuente: Público / Autor: Danilo Albin)
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