El Estado Español multiplica la venta de armas a Arabia Saudí un año después del 17-A. Felipe VI facilita los contratos millonarios
Felipe VI no es bienvenido en Cataluña. Así se lo repiten las numerosas concentraciones de protesta contra su presencia que ha habido estos últimos meses. Pero el rey español volverá a venir a Barcelona para asistir al acto de conmemoración del primer aniversario de los atentados del 17 de agosto. Una de las protestas más grandes que ha habido contra él fue justamente pocos días después de los atentados, en la manifestación de condena en Barcelona. Felipe VI fue escridassat, en buena parte por las relaciones de la monarquía española con la Arabia Saudí, considerado uno de los regímenes que financia Estado Islámico o, cuando menos, que contribuye a la difusión de la ideología extremista de que se nutre. A pesar de la fuerte campaña de protesta, la venta de armas de España al régimen saudí y ciertos países del golfo Pérsico no tan sólo no se ha parado este último año sino que ha crecido.
El Arabia Saudí es la principal financiadora de la difusión del wahhabismo, una corriente política y religiosa que hace una lectura fundamentalista del islam, de carácter totalitario, que es la base ideológica de Estado Islámico. Y son el dinero del Arabia Saudí que ayudan a financiar mezquitas y escuelas coránicas por todas partes que hagan difusión.
El estado español mantiene muy buenas relaciones, con la Arabia Saudí, diplomáticas y comerciales, con la venta de armas. Durante el año pasado, el Arabia Saudí aconteció el estado fuera de la OTAN donde España exportaba más armamento. Concretamente, 270,2 millones de euros del total de 4.346 millones de todo el 2017, una cifra récord en venta de armas. Concretamente, por la venta de un avión de transporte, de recambios para el abastecimiento de combustible en vuelo y para varios aviones de fabricación española. También por la venta de aviones no tripulados, granadas de mortero, plataformas para morteros, munición de artillería, equipos de detección e identificación de señales y equipos para sistemas de vigilancia, etc. Son datos del informe anual ‘Estadísticas españolas de exportación de material de defensa‘, presentado en mayo y que recoge los datos de todo el 2017. Este tipo de ventas siempre han levantado polémica por el historial del Arabia Saudí en el respecto a los derechos humanos, pero el gobierno español ha dicho muchas veces que no tiene constancia que el material que se exporta haya sido utilizado en conflictos como por ejemplo la invasión del Yemen.
Pero en el caso del Arabia Saudí, el gran negocio militar que ha hecho el estado español, cerrado este abril y en el cual ha hecho de mediador de primer nivel Felipe VI, con contactos directos con el príncipe saudí, ha sido la venta de cinco barcos de guerra por valor de 2.000 millones de euros. Amnistía Internacional ha denunciado que las armas españolas se usan en guerras como la del Yemen, donde ha habido numerosas denuncias contra la Arabia Saudí por la violación del derecho internacional por los ataques contra la población civil.
España y el Arabia Saudí tienen, desde el 6 de septiembre de 2017, un acuerdo de secreto militar. La legislación española remarca que se tiene que denegar la venta de artículos de defensa a países que no respeten los derechos humanos. Actualmente, España ocupa el séptimo lugar en el ranking de exportación de armas. Entre el 2008 y el 2016, vendió por valor de 22.603 millones, y cincuenta de los estados compradores son preocupantes o potencialmente preocupantes porque hay indicios que han cometido violaciones graves de los derechos humanos y crímenes contra el derecho internacional. Así lo detallaba este reciente informe del Aravot para VilaWeb.
Informe del Aravot: Los oscuros negocios del Estado Español
Miércoles fue detenido el opositor de Putin, Bill Browder, liberado poco después por la intervención de la Interpol. Aquel mismo día, se relacionaba el estado español con los negocios más oscuros de la dictadura de Guinea Ecuatorial.
De los intereses con las dictaduras, hablaba el diario El País, que señalaba que Rajoy y sobre todo sus ministros se habían dedicado a recorrer dictaduras y gobiernos autoritarios por dos objetivos: uno, contratos de grandes infraestructuras para constructoras y empresas, y dos, la entrada de nuevos inversores a grandes empresas españolas.
Una política en que los intereses económicos están por encima de los derechos humanos y que ha traído incluso a detener opositores. Una estrategia que no es únicamente de este ejecutivo, sino que salpica también los anteriores gobiernos, los servicios secretos y el mismo rey de España.
La dictadura Kazajistán
El 2013, Mariano Rajoy, junto con el rey Joan Carlos, visitó el Kazajistán, una de las dictaduras más restrictivas, dirigida desde el 1989 por Nursultán Nazarbayev. En el viaje, llegaron al acuerdo de vender ocho aviones para transporte militar por 240 millones de euros. Pero las relaciones iban más allá, y afectaban gravemente los derechos humanos.
Unos meses antes, el diciembre del 2012, había sido detenido en Madrid el opositor kazajo Alexander Pavlov. Tenía el estatus de refugiado en el Reino Unido, pero con el oligarca Mukhtar Ablyazov, principal opositor al dictador, tuvieron que huir del país cuando los servicios británicos los avisaron de un complot para asesinarlos.
Pavlov fue arrestado en Madrid, y empezó uno de los casos más extraños de la justicia española. En los mismos calabozos de la Audiencia Nacional española, sin saberse cómo y después de haberlo desprecintat, le robaron el móvil, que parece que sirvió para localizar Ablyazov al estado francés. El 2014, también detuvieron en Madrid el opositor Muratbek Ketebayev, a pesar de ser refugiado en Polonia.
La Audiencia española aprobó la extradición de Pavlov en una votación ajustada, todo y las denuncias que podía ser torturado. Para denegarle el asilo, fue clave un informe del CNI que lo consideraba un peligro para la seguridad. El informe era firmado por Beatriz Méndez de Vigo, hermana del ex-ministro. Hay que remarcar que el estado español es el único miembro de la Unión Europea con un convenio de extradición con el Kazajistán.
La situación todavía tenía más sombras, puesto que el embajador del Kazajistán se reunió con el presidente de la Audiencia española y con el magistrado Alfonso Guevara, quien, sin tener competencia, probó que Pavlov fuera conducido a un avión militar del Kazajistán. El avión sólo se pudo parar porque una funcionaria informó un superior.
Finalmente, el Tribunal Supremo paró la extradición, a pesar de que el gobierno español ya la había aprobado. Las relaciones con el Kazajistán hoy todavía son estrechadas. Es un país muy rico en hidrocarburos, y muchas empresas españolas tienen intereses. Por ejemplo, en el viaje del 2013 se cerraron acuerdos por valor de 600 millones de euros.
El rey Felipe VI visitó el país el año pasado y se entregó a Nursultán Nazarbayev el collar de Isabel la Católica, en nombre del rey. El dictador dijo que estaba ‘muy agradecido’ por el apoyo y que España era ‘un país muy cercano en el Kazajistán’.
El apoyo a otras dictaduras
El caso no es único, el 1987 se publicó que el estado español había vendido armas en la dictadura de Pinochet, como mínimo, hasta el 1986, mientras las principales potencias mantenían un bloqueo –el Reino Unido, desde el 1974 y los EE.UU., desde el 1979. El mismo año, el gobierno de Felipe González, basándose en una ley franquista del 1968, declaró secreta la información sobre la venta de armas.
Hace cuatro años, también se va revelarque el estado español, ya después de la muerte de Francisco Franco, y con acuerdos firmantes por el rey Juan Carlos, funcionarios y banqueros, había financiado la dictadura argentina, que se encontraba en una situación económica crítica.
Pero el caso más claro actualmente es el del Arabia Saudí. Entre el 2013 y el 2016, se exportaron armas por valor de 1.361,42 millones de euros, con un papel clave del rey Felipe VI, quien ha encabezado varias delegaciones. Y desde el 6 de septiembre del 2017, tienen un acuerdo de secreto militar.
El 12 de abril, el rey recibió al príncipe heredero, con quien firmaba un acuerdo de colaboración por la compra de material de defensa. El consejero delegado del Instituto de Comercio Exterior declaró que el papel del rey era ‘vital’, y el diputado del PP, Jordi Roca, dijo: “Sólo defendemos nuestros intereses nacionales […]. En los convenios internacionales ningún país juzga los diferentes regímenes porque para lo cual ya hay organismos internacionales”.
Aun así, la legislación española remarca que se tiene que denegar la venta de artículos de defensa a países que no respeten los derechos humanos. Actualmente, España ocupa el séptimo lugar en el ranking de exportación de armas. Entre el 2008 y el 2016, vendió por valor de 22.603 millones, y cincuenta de los estados compradores son preocupantes o potencialmente preocupantes porque hay indicios que han cometido violaciones graves de los derechos humanos y crímenes contra el derecho internacional.
Cómo que son actas secretas, no se puede evaluar correctamente el riesgo ni la documentación para asegurar que los estados no hacen un uso contrario a los tratados firmados. Aún así, ya se han encontrado armamento español en los conflictos del Yemen y Siria.
Entre los estados preocupantes, hay el Irak (con riesgo de desvío de material a las milicias mercenarias), Egipto, Israel, y uno de los aliados principales, Turquía, que ha cometido violaciones graves de los derechos humanos con la represión contra los kurdos.
El gran aliado contra la autodeterminación
El pasado 20 de marzo, también entró en vigor el acuerdo por el secreto militar entre Turquía y España. Y en la reunión de alto nivel hispano-turca en Madrid de abril, el primer ministro turco hizo una defensa enconada de las buenas relaciones entre los dos estados, y recordó que “los países europeos, sacado de España” apoyaban al disidente Fethullah Gülen, y que el español era el estado de la Unión Europea que mejor entendía Turquía. El primer ministro también recordó, el apoyo “claro” contra el independentismo catalán de un país que es el cuarto socio comercial de España fuera de la Unión Europea, sólo superado por la China, los EE.UU. y Marruecos.
Las buenas relaciones españolas contrastan con las del resto de Europa. El Parlamento Europeo decidió suspender las negociaciones de adhesión de Turquía, y el Consejo de Europa hizo una declaración contundente: dijo que las elecciones turcas del próximo 24 de junio no podían ser consideradas ‘genuinamente democráticas’ debido a la represión, el cambio de ley electoral un mes antes de la convocatoria de elecciones y el estado de emergencia, vigente desde el golpe de estado del 2016.
En cambio, el gobierno español, que considera Turquía “amigo y aliado”, evitó de pronunciarse sobre esta cuestión, y mantiene el apoyo a la adhesión turca a la Unión Europea. Justamente, el estado español detuvo el agosto del año pasado dos críticos del régimen turco, Dogan Akhanli, de nacionalidad y residencia alemana desde el 1992, y Hamza Yalçin, fuera del país desde el 1998 y de nacional sueca desde 2006. Ninguno de los dos no había tenido ningún problema con las órdenes de arresto hasta que no llegaron a territorio español.
La última actuación abusiva de la orden de arresto, la encontramos esta semana con la detención por orden de Rusia de Bill Browder, ciudadano británico que había colaborador con la Fiscalía Anticorrupción española y que es activista contrario a Vladímir Putin. Para la liberación fue necesaria la intervención del secretario general de la Interpol.
La ex-colonia española de Guinea Ecuatorial
La ex-comisario José Manuel Villarejo, pieza clave de la policía patriótica en la operación Cataluña y ahora a la prisión, ha acusado el CNI de haber encargado, con conocimiento de policía y responsables de Interior, el informe King, un documento que pretendía favorecer Teodorín Obiang, hijo del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y desprestigiar otro hijo, Gabriel Obiang, vinculado con Francia.
Para hacer el informe, gracias a las conexiones con la policía y la administración, se hicieron seguimientos, se pincharon teléfonos y se accedió a datos bancarias y personales, que posteriormente se difundieron a la prensa. Por este trabajo, Villarejo cobró 5,3 millones de euros mediante varias sociedades con sede en el Panamá.
En el entramado, también ha encausado el ex-comisario del Aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, quien, a cambio de regalos y dinero, permitió el acceso de personas relacionadas con el régimen, sin visado ni control de equipaje, cosa que podría haber servido los familiares de la dictadura para evadir dinero.
El 2014 fue apartado por el caso Emperador, por haber recibido regalos por la mafia china, pero sorprendentemente la dirección de policía lo envió a la comisaría general de Extranjería y Fronteras, con unas competencias similares. Finalmente, el caso fue archivado porque no se pudo acreditar que los regalos de la mafia china fueran a cambio de ninguna gestión.
El negocio de Guinea Ecuatorial
El ex-presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y los dirigentes socialistas José Bono y Miguel Ángel Moratinos visitaron el 2014 el dictador Teodoro Obiang, presidente desde el 1979. Teóricamente, iban para presentar una iniciativa contra la pena de muerto. Pero todo hace pensar que el motivo real era actuar como lobbistes por empresas del estado español, cosa que también señalaba la oposición guineana.
Los dirigentes fueron recibidos por el mismo Obiang, tuvieron un coche oficial a su disposición y pasaron la noche a un lujoso chalé cedido también por el régimen. Bono y Moratinos ya habían hecho varios viajes, sin avisar el gobierno español, por negocios, acompañando empresarios para hacer negocios con el régimen, incluso, cuando todavía tenían cargos institucionales.
Todavía más. El 2013, la selección española jugaron de balde un partido amistoso en Guinea Ecuatorial contra la selección local. Era la primera selección europea que lo hacía.
José Bono, cuando era presidente del congreso español, encabezó una delegación de parlamentarios para favorecer inversiones de empresas, y llegó a decir que con el dictador había más cosas que los unían que no los separaban. Incluso, el 2017, el gobierno de Rajoy usó la influencia de Bono para buscar negocios en Guinea Ecuatorial. Moratinos, a pesar de ser asesor del emir catarí, contaba sorprendentemente con un pasaporte diplomático español y acompañaba empresarios españoles sin comunicarlo al ministerio de Exteriores.
Rajoy defendía el “pleno respecto a los derechos humanos”, pero en referencia al ex-colonia decía que nadie podía “dar lecciones a nadie”. Una posición que ha sido mantenida por el estado español, que a pesar de defender nominalmente unos valores, hace negocios con dictaduras, aunque sea pasando por encima de la democracia.
(Fuente: Vilaweb)
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