El Ministerio de Industria pagará en 2018 otros 6,3 millones a Gas Natural por almacenar gas en el subsuelo de Doñana
El Gobierno pagará en 2018 otros 6,3 millones de euros a Gas Natural por almacenar gas en Doñana. El Ministerio de Industria reconoce además otros 60 millones para Enagás tras incluir en el régimen retributivo del sistema gasista la ampliación de las regasificadoras de Huelva y Cartagena realizadas entre 2003 y 2005, acatando así una sentencia firme del Supremo. Para la regasificadora de El Musel en Gijón (Enagás), se destinan provisionalmente otros 23,5 millones de nuevo, pese haber sido declarada ilegal por el Supremo y no haber entrado nunca en funcionamiento.
Son datos que aparecen en la orden del Ministerio de Industria del pasado 22 de diciembre (ETU/1283/2017), donde se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018.
Con el incentivo publicado en el BOE el pasado 27 de diciembre, el Gobierno recompensa el proyecto ‘Marismas’ de Gas Natural Almacenamientos Andalucía en Doñana con 12,6 millones de euros en dos años (2017 y 2018). Esta empresa almacena actualmente el gas en los depósitos de los que previamente lo había extraído desde los años 80. Paralelamente trabaja en la primera de las cuatro partes en las que fue dividida la ampliación de las instalaciones (marismas occidental), pese al informe contrario del IGME que alerta sobre la sismicidad que genera esta actividad, entre otros riesgos para Doñana.
A este argumento se ha acogido recientemente el defensor del pueblo para solicitar una evaluación ambiental del proyecto conjunta y no dividida en cuatro partes. Es lo mismo que solicita la Consejería de Medio Ambiente del gobierno andaluz y organizaciones ecologistas como WWF y Greenpeace. Todos piden además a Industria la paralización de las obras iniciadas y el cese de la actividad.
El consejero de medio ambiente, José Fiscal, ha firmado recientemente un requerimiento al Gobierno para que pare las obras de Gas Natural y haga una nueva evaluación ambiental conjunta, alegando los informes de los defensores del pueblo basados a su vez en los del IGME. En caso de negativa, la Consejería anuncia que recurrirá judicialmente la paralización de los trabajos.
Greenpeace
La organización ecologista exige al Gobierno el inmediato cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas en Doñana al ser un proyecto peligroso y fuera de los compromisos adquiridos por España para luchar contra el cambio climático. Las denuncias y los informes presentados por el colectivo están firmadas por expertos en sismicidad que así lo ponen de manifiesto. De hecho, según Julio Barea,“el mismo defensor del pueblo español ha considerado el proyecto fuera de la legalidad al haber sido dividido en cuatro partes para lograr una autorización ambiental, que ahora se comprueba que es ilegal“.
Sin embargo, y a pesar de todo ello el Estado en 2018 “vuelve a dar dinero público a una empresa privada que está poniendo en peligro a la ciudadanía y a una de las joyas mundiales de la biodiversidad”. Nuevamente, “esto supone para Greenpeace un atropello al sentido común, la responsabilidad, y la plasmación de que se sigue sirviendo claramente a intereses particulares de una empresa multinacional”.
WWF
El portavoz de esta organización en el Parque Nacional, Juanjo Carmona, sostiene que “es inmoral que se pague a Gas Natual por almacenar gas en el subsuelo de Doñana”. “Se trata de una energía no renovable que se encuentra entre los principales causantes del cambio climático en el planeta y Doñana está sufriendo y va a sufrir esos efectos”, por lo tanto, “se está pagando a una empresa para poner en riesgo y amenazar el Espacio Natural”. Carmona espera que el Gobierno rectifique en 2018 y le ponga fin al proyecto cuanto antes. “Así se han expresado los defensores del pueblo en España y Andalucía, además del Congreso y el Parlamento de Andalucía”.
La apuesta de WWF pasa por el empleo de energías renovables y “no por pagar por contaminar y poner en riesgo a Doñana”.
El defensor
Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro proyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar) que prevén la explotación y el almacenamiento de gas en el entorno de Doñana. La Institución ha sugerido que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.
Con esta evaluación conjunta, el Defensor del Pueblo quiere que se valoren las distintas alternativas al almacenamiento de gas y que se garantice, con un grado de certeza acorde con su importante relevancia ecológica, que el espacio no se va a ver negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas, así como que los riesgos sísmicos se reduzcan al mínimo posible.
Además, se ha dirigido al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro proyectos.
Estas sugerencias se producen tras haber analizado la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que solicitó el Defensor del Pueblo el pasado mes de julio.
El informe del IGME genera dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero.
Regasificadoras de Enagás
El Ministerio de Industria reconoce a ENAGAS Transporte, S.A.U las diferencias entre las retribuciones incluidas en la resolución de 26 de octubre de 2011 para las ampliaciones de las plantas de regasificación de Cartagena y Huelva realizadas en los años 2004 y 2005 y las retribuciones que, según lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 2278/2016, de 24 de octubre de 2016, se debieron reconocer.
Las cantidades responden a las retribuciones correspondientes al período comprendido entre la fecha de puesta en marcha y el año 2014, en el cual, por el cambio de régimen retributivo desaparece la discrepancia en la cantidad a reconocer para dichas, ambos incluidos. La suma principal e intereses asciende a 60.840.992 euros. Con objeto de no afectar al equilibrio financiero del sistema gasista, anualmente, en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2022, ambos incluidos, se reconocerá a ENAGAS Transporte, S.A.U. la quinta parte de dicha cantidad (12.168.198) como gasto liquidable, en forma de pago único en la segunda liquidación de cada ejercicio.
El Musel
La orden ministerial recoge que la retribución provisional de la planta de regasificación de el Musel, a percibir por Enagas Transporte, S.A.U. para el año 2018 comprende una retribución transitoria financiera de 19.440.979,78 euros y una retribución en concepto de costes de operación y mantenimiento provisionales de 4.164.544,80.
La retribución definitiva por operación y mantenimiento se aprobará, previa propuesta de la Comisión de los Mercados y la Competencia, una vez que se disponga de las correspondientes auditorías, abonándose o cargándose a la compañía los saldos que se produzcan.
(Fuente: Radio Huelva – Cadena SER / Autor: Santiago González)
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