El Gobierno de Moreno Bonilla hace pellas en el debate que pedía bajar la ratio en colegios y vota en contra

El Parlamento de Andalucía debatía el miércoles una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la sociedad civil que pedía bajar el número de alumnos por aula para impulsar efectivamente la mejora de la educación pública. Para llevar esta iniciativa al Parlamento se necesitan 40.000 firmas que se han superado muy ampliamente hasta alcanzar las 52.846 firmas.

Pero ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ni la consejera de Educación acudieron al Parlamento a escuchar las inquietudes de los profesores, maestros y maestras de Andalucía.

La interveniente en nombre y representación de la sociedad civil solicitaba ante el ninguneo de la Junta de Andalucía y el Gobierno andaluz 5  alumnos menos por clase y un orientador por colegio.

Este desprecio del Gobierno andaluz a la Iniciativa Popular era premonitorio de lo iba a pasar y pasó:  El Pleno del Parlamento tumbó con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, la toma en consideración de la proposición de Ley, de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de modificación de la Ley de Educación de Andalucía, que persigue una bajada de ratios en colegios andaluces.

Se solicitaba la modificación del artículo 2 de la Ley de Educación de Andalucía, a la que se añadía que “el número máximo de alumnos por unidad escolar será en el segundo ciclo de Educación infantil y Primaria, de 20; en Educación Secundaria Obligatoria, 25 y en Bachillerato, 30”. Además, en las unidades específicas de Educación Especial, tanto en centros docentes ordinarios, como específicos, oscilará entre 3 y 5 según las discapacidades específicas de cada alumno.

La ILP fue defendida en el Pleno por Carmen Yuste, portavoz de su comisión promotora, y contaba con el criterio contrario del Consejo de Gobierno del PP-A. Los grupos Socialista, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía la apoyaron y Vox se ha abstuvo.

Para argumentar este voto negativo, ha sido básico el informe que ha presentado el Gobierno de la Junta, que alegaba que el coste de tales medidas se elevaría a 1.362 millones de euros y que debía ser una ley de carácter nacional la que lo reflejase. No ha sido ésa la opinión de los partidos de izquierda, que votaron a favor de la iniciativa.

Fuente: Diario de Huelva / Diario de Sevilla.