El engaño de la renta mínima: el Gobierno no ha aprobado ni un 1% de las solicitudes

Este gobierno nos tiene acostumbradas a tomar medidas de cara a la galería que se quedan simplemente en un anuncio de intenciones. Esto está pasando con la renta mínima que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos anunció a bombo y platillo. Es la utilización del BOE para llevar a cabo la publicidad dirigida a la clase trabajadora con el objetivo de captar el voto que se les está escapando por hacer las mismas políticas que han efectuado los gobiernos anteriores.

El Ministerio de Inclusión admite que apenas se han validado 3.966 expedientes desde el 15 de junio. José Luis Escrivá cifró en más de 600.000 las peticiones recibidas solo hasta finales del mes de julio.

El Gobierno no ha aprobado todavía ni el 1% de las solicitudes recibidas para el cobro del Ingreso Mínimo Vital. Así lo revela el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una notificación emitida a través del portal de Transparencia en la que se admite que a día 7 de agosto apenas se habían validado 3.966 peticiones de este subsidio que a finales del mes de julio, según los datos que facilitó el propio ministro José Luis Escrivá, ya habían demandado más de 600.000 personas. Las trabas burocráticas, las interferencias con las rentas mínimas autonómicas y la falta de efectivos en la plantilla de funcionarios han provocado un colapso administrativo que amenaza el recorrido de una de las medidas estrella de la coalición PSOE-UP para combatir los efectos económicos de la pandemia sobre más de 2,3 millones de personas -unos 850.000 hogares-.

El Ingreso Mínimo Vital, que estaba en la agenda de la coalición progresista para su implantación a lo largo de la legislatura pero nació prematuro para paliar el impacto de la Covid-19 en las rentas de las familias más vulnerables, se puede solicitar desde el pasado 15 de junio. Si bien a finales de ese mismo mes la Seguridad Social anunció el ingreso de esta ayuda de oficio a los más de 74.000 hogares que venían percibiendo la prestación por hijo a cargo, después de aquella nómina de 32 millones de euros el Ministerio no ha vuelto a informar sobre los pagos efectuados a los reconocidos como beneficiarios que, según apuntan desde este departamento, se habrían realizado el día 3 de agosto. Esa nómina, sin embargo, no se ha hecho pública, por lo que en estos momentos se desconoce su alcance.

El atasco en la tramitación tiene en vilo a decenas de miles de familias. Sus denuncias llegaron a la Asociación de Víctimas del Paro, que el pasado 21 de julio solicitó a través del portal de Transparencia toda la información disponible sobre el IMV: básicamente, cuántas solicitudes se han aprobado, a parte de las 74.119 validadas de oficio, y cuándo se van a efectuar los pagos correspondientes. El Ministerio responsable, en una notificación fechada a 15 de agosto a la que ha tenido acceso La Información, asegura que desde el 15 de junio hasta el 7 de agosto se han aprobado 3.966 solicitudes, menos del 1% de las más de 600.000 recibidas. Aunque hay que tener en cuenta que un alto porcentaje del total de peticiones (en torno al 50%, según Escrivá) serán rechazadas por no cumplir los requisitos, la cantidad de expedientes validados a estas alturas es excesivamente escasa.

En la notificación se asegura que la próxima nómina se abonará el día 1 de septiembre, después de afirmar que los ingresos relativos al mes de julio se efectuaron el 3 de agosto. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, que ha evitado aportar los datos de solicitudes recibidas, aprobadas y denegadas, así como el detalle de la nómina de julio. Fuentes del departamento de Escrivá se limitan a afirmar que “en estos momentos se está trabajando con las comunidades autónomas para hacer más reconocimientos de oficio”, pero el presidente de la Asociación Víctimas del Paro, Joaquín García, asegura que el número de solicitudes aprobadas es ínfimo e incluso pone en duda que los beneficiarios de oficio hayan ingresado una segunda nómina.

En cualquier caso, las cifras que expone el Instituto Nacional de la Seguridad Social a través de la Oficina de Transparencia dejan un balance desolador: en 53 días (entre el 15 de junio y el 7 de agosto) se aprobaron 3.966 solicitudes, lo que supone apenas 75 por jornada para un total de 50 provincias, es decir, 1,5 solicitudes al día por cada provincia. Este ritmo, denuncia García, “puede provocar rechazos de solicitudes por silencio administrativo y que personas que cumplen los requisitos se vean obligadas a volver a solicitar el subsidio”, toda vez que se ha dado un plazo de 90 días para responder a las peticiones. “Los hogares sin ingresos no pueden esperar tanto tiempo, aunque luego les paguen con carácter retroactivo”, advierte el responsable de la AVP. 

El Ministerio garantiza que las solicitudes se están tramitando a la mayor velocidad posible gracias al esfuerzo de la plantilla, si bien los funcionarios denuncian la falta de medios materiales y humanos para abordar la carga de trabajo extra que está suponiendo esta gestión. Hace ya semanas que los sindicatos de empleados públicos alertaron del colapso de los expedientes,, donde el responsable nacional de CSIF en la Seguridad Social, José Manuel Moreno, denunciaba un “importante atraso” en la tramitación por la “carga abrumadora de trabajo”, no sin recordar que el INSS cuenta con una plantilla de apenas 10.617 efectivos y solo tres cuartos son gestores con competencias para tramitar prestaciones.

El personal de la Seguridad Social tiene ahora que sumar a sus tareas habituales la gestión del IMV, que supone entre 40 y 45 minutos por solicitud, según han tasado en CSIF, lo que está provocando a su vez atrasos en los trámites de otros expedientes, incluidas altas de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc. El colapso que describen los funcionarios ha llevado a los sindicatos a pedir el refuerzo de 1.000 interinos para el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros 250 para la Tesorería General y en estos momentos están pendientes de la resolución de Hacienda. Hace unos días el mismo Escrivá admitía que la plantilla atraviesa una “situación muy difícil” por la falta de personal y el exceso de trabajo y adelantaba que el Gobierno prepara ya un refuerzo adicional con la incorporación de 550 nuevos funcionarios con plaza fija en 2021.

Pero el atasco en la gestión de esta novedosa y compleja ayuda pública no se está produciendo solo en el INSS. Escrivá tuvo que recurrir a la contratación de trabajadores externos, a través de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsatec (Tragsa), que aportó unos 500 efectivos para la gestión de las solicitudes y en torno a 200 teleoperadores adicionales para atención telefónica a los interesados en percibir esta ayuda. Empleados que han participado en esos trabajos, sin embargo, denuncian retrasos en los trámites desde el inicio del proceso, con expedientes paralizados por la complejidad de las casuísticas particulares de las familias, los requerimientos de información no aportada o los procesos de clasificación previa al envío del papeleo al INSS, quien finalmente es responsable de tomar la decisión sobre la aprobación o rechazo de la prestación.

Cristina Alonso

Fuente: EP