Dani Gallardo será juzgado en noviembre: historia de otro montaje policial
Ayer hicieron once meses que el joven andaluz Dani Gallardo está encarcelado en Alcalá-Meco por haberse manifestado en Madrid en apoyo de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo español contra el proceso. Gallardo será juzgado los días 6 y 17 de noviembre , y la fiscalía pide que lo condenen a seis años de prisión por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad , además de un delito leve de lesiones.
El joven fue detenido por la policía española, que actuó violentamente contra los manifestantes que en Madrid mostraban su solidaridad con Cataluña el 16 de octubre. Desde entonces, está en la cárcel. Los grupos de apoyo piden colaboraciones solidarias para ayudar a pagar su defensa, con ingresos en la cuenta bancaria ES23 2038 2466 6560 0043 4777.
La historia de otro montaje policial
La Puerta del Sol de Madrid se llena con miles de personas que protestan contra la sentencia del Supremo. Es 16 de octubre y la oscuridad ha engullido el centro de la capital española. Ondean banderas republicanas entre proclamas antirepresiva y gritos de libertad. Los antidisturbios vigilan la concentración tras los escudos y las viseras de sus cascos.
Hasta que alguien da la orden: carga, ahora; carga, ahora.
Los agentes se convierten en sombras agresivas que persiguen los manifestantes. Las botas repican con dureza sobre las aceras. Cerca de la plaza de la Villa, en pleno corazón del barrio antiguo, los antidisturbios atrapan una chica. Se llama Elsa y cae al suelo entre porrazos.
Ella no debería estar aquí con la cara contra el cemento mientras las porras buscan puntos indefensos de su cuerpo. Elsa vive en Andalucía y está en Madrid visitando un amigo que se llama Daniel. Él está a pocos metros viendo la brutalidad de la paliza. Cuando intenta detenerla también rueda por el suelo. Guantes, cascos, porras, botas, gritos … Todo se mezcla. Sólo hay una certeza: el dolor de los golpes.
Daniel y Elsa son detenidos. El SAMUR los atiende antes de que los trasladen a la Brigada Provincial de Información de Moratalaz, en el sureste de la ciudad. Allí se encuentran con varios funcionarios policiales encapuchados. Pasan la noche en el calabozo, donde son víctimas de insultos y vejaciones.
Al día siguiente, el juzgado de instrucción número 22 se hace cargo del caso. Elsa es liberada sin medidas cautelares, pero la jueza Patricia Jiménez-Alfaro -hija de un magistrado de la Audiencia española y de la sala militar del Supremo- dicta prisión provisional sin fianza para Daniel.
La acusa de los delitos de lesiones contra un agente de la autoridad, además de atentado, resistencia, desobediencia y desórdenes públicos. Y la juez argumenta que la prisión provisional es una medida necesaria para evitar el riesgo de fuga. Daniel tiene 21 años y vive y trabaja en Getafe, donde comparte piso.
En el auto, Jiménez-Alfaro no hace caso de los argumentos de la defensa y fundamenta el encarcelamiento en los atestados policiales. Según la policía, el joven iba armado con un palo con dos llaves y golpeó dos veces la cabeza del agente que detenía Elsa. Nadie se pregunta de dónde sale el palo y por qué un chico sin antecedentes va armado a una concentración pacífica.
No hay testigos. Es la palabra de los chicos contra la de los antidisturbios. Y la balanza se inclina hacia los cascos, los escudos y las porras.
La magistrada no hace caso de los informes médicos. Según el SAMUR, el agente herido por los golpes de palo fue encontrado a las 21.30 en la Puerta del Sol. En cambio, Elsa y Daniel, una vez detenidos, fueron atendidos una hora después en la calle del Rollo, a más de medio kilómetro de donde se había hecho la concentración. Ni Jiménez-Alfaro ni la fiscalía no tienen en cuenta que el relato policíaco agrieta por esta incongruencia en el espacio-tiempo.
Fuentes de la defensa denuncian a VilaWeb la debilidad de los indicios que fundamentan la prisión provisional y critican las formas de la magistrada, que publicó el auto de prisión sólo diez minutos después de haber tomado declaración a Daniel. ‘Hace pensar que ya estaba redactada’, lamentan. Dadas estas irregularidades, han decidido presentar una apelación en una instancia superior, la Audiencia provincial. Los plazos, sin embargo, no son claros. Y mientras tanto, en Daniel ya acumula una veintena de días entre los barrotes de Alcalá Meco.
Fuente: www.vilaweb.cat
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