Lamela, la jueza que envió a prisión al Govern por “rebelión”, a los Jordis por “sedición” y a los jóvenes de Altsasu por “terrorismo”
Sus compañeros de profesión dicen que es “discreta”. Sin embargo, aunque no salga en los medios, la jueza Lamela ha sido condecorada por el PP, encarceló a los jóvenes de Altsasu por “terrorismo”, envió a prisión a los líderes de la ANC y Ómnium por “sedición”, y acaba de encarcelar sin fianza al Govern catalán por “rebelión”.
Carmen Lamela Díaz (1961) es jueza de la Audiencia Nacional y desde octubre de 2015, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3. Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, ingresó en la judicatura en 1986, trabajando en el Juzgado de Primera Instancia de Orihuela. En 1997 llegó a la Audiencia Provincial de Madrid y en 2010 estuvo a punto de sustituir a Baltasar Garzón, después de que el mediático juez fuera suspendido por haber osado investigar las desapariciones del franquismo.
En 2014, la jueza Lamela se incorporó a la Audiencia Nacional. Desde entonces ha estado al frente de casos en los que ha demostrado una absoluta “desproporcionalidad” a la hora de “impartir justicia”. Es así que su nombre se asocia con la instrucción en casos en los que ha aplicado durísimas penas, a ritmos completamente precipitados y echando mano de los aspectos más represivos de la legislación actual, e incluso del Código Penal franquista.
La jueza envió a prisión a tres de los ocho detenidos por una trifulca en un bar de Altsasu en octubre de 2016, por la cual el fiscal pidió penas de más de 370 años. Oihan Arnanz, Adur Ramírez y Aratz Urrizola, tres de los jóvenes supuestamente involucrados en los hechos, se encuentran en prisión desde hace más de un año. Y fue justamente la jueza Lamela quien ratifico la postura de la fiscalía de que la pelea en un bar entre un grupo de jóvenes y dos guardias civiles con sus parejas constituye un “delito de terrorismo, en concurso ideal con lesiones, atentado y delito de odio”. Una injusticia indecible contra la que miles de personas luchan en Altsasu, exigiendo justicia para los detenidos y denunciando la “aberración jurídica” de la Fiscalía y la Audiencia Nacional.
Después de Altsasu, el otro “caso estrella” que cayó en manos de la jueza ha sido el presentado por la Fiscalía contra todo el Govern catalán y los líderes de las entidades soberanistas (ANC y Ómnium) después de la manifestación del 20 de septiembre y del referéndum del 1 de octubre, un proceso cuyo último acto fue la declaración de independencia del president Carles Puigdemont el pasado viernes 27.
Pero antes de avanzar en este caso, por el cual la jueza encarceló primero a los Jordis y este jueves envió a prisión sin derecho a fianza a más de la mitad del Govern, recibió un premio del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. El 2 de octubre, Lamela recibió la medalla al mérito policial, condecoración que también recibieron los cuatro exescoltas del ministro Zoido, policías de Sevilla y otros fiscales, jueces y miembros de la judicatura. Esta no era, sin embargo, la primera condecoración que recibía la magistrada. En octubre del año anterior, el mismo mes en que asumió la investigación del caso de Altsasu, Lamela se colgó la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil.
Premiada por el Gobierno y al frente de la ofensiva judicial del Régimen contra Catalunya, Lamela asumió la investigación por un “delito de sedición” contra los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, considerados como los promotores del referéndum y de las protestas del 20-S. Para Lamela, Cuixart y Sànchez tuvieron un “papel esencial” en la planificación de la independencia de Catalunya y decretó prisión sin fianza para ambos líderes soberanistas.
Finalmente, este jueves la jueza de la Audiencia Nacional resolvió enviar a prisión preventiva sin fianza al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y otros siete consellers, dejando fuera del “pack” sólo a Santi Vila, exconseller de Empresa de la Generalitat y “judas” de la burguesía soberanista, otorgándole la posibilidad de pagar 50.000 euros para eludir la cárcel. Al mismo tiempo, Lamela cursó órdenes internacionales de detención dictadas contra Carles Puigdemont y los cuatro consellers que se encuentran en Bélgica.
La decisión de Lamela de encarcelar a más de la mitad del Govern ha sido un verdadero “blitzkrieg judicial”, negando en los hechos las garantías de defensa y violando los derechos fundamentales de los investigados, al mismo tiempo que ha vulnerado una norma consuetudinaria de la Judicatura por la cual cualquier actuación judicial en las que se vean implicados dirigentes políticos en tiempos electorales -como los que ha impuesto el Gobierno con la convocatoria a las amañadas elecciones del 21D- tienen que ralentizarse e incluso detenerse, durante un período previo a unas elecciones.
Pero esto no es lo peor, sino el hecho de que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar por rebelión al Govern catalán. Un hecho que no sólo corresponde a la opinión de los juristas, sino que está claramente dictaminado por el auto de 2 de diciembre de 2008, emitido por el Pleno de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional, en el que 20 magistrados establecieron por unanimidad que “el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional”.
Por ello, para encarcelar al Govern y del mismo modo que justificó el dictado de prisión para los Jordis, la jueza Lamela ha tenido que echar mano del Código Penal franquista, argumentando que en el Código Penal de 1973 existía una rúbrica de “Delitos contra el jefe del Estado, su sucesor, altos organismos de la nación y formas de gobierno” y añadiendo que en dicho apartado existía también un artículo que penalizaba los actos “directamente encaminados” a “cambiar ilegalmente la organización del Estado” (redactado que compara intencionadamente con los actuales delitos de rebelión y sedición), con enunciados significativamente distintos a los que tiene el Código Penal vigente.
De este modo, la jueza Lamela ha encarcelado a casi todos los representantes electos del Govern catalán por la vía rápida, sin tener competencia para ello y fundamentando su decisión en la legislación de la dictadura franquista. De conjunto, una instrucción que no sólo se corresponde con el currículo que bien se ha sabido labrar la jueza, sino principalmente con la firme voluntad del Régimen del 78 de imponer una salida autoritaria a la crisis catalana y contra el movimiento democrático catalán tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Ante este panorama, al menos dos cosas quedan claras. Por un lado, que la entente reaccionaria de la Corona y el Gobierno del PP con el concurso del PSOE, CS y la Judicatura, se propone aplastar el movimiento independentista catalán, encarcelando al conjunto del Govern elegido por el voto popular para ir a unas elecciones teledirigidas por el Régimen. Unas elecciones impuestas con el 155 que pretenden desconocer la voluntad popular expresada el 1-O, con la máxima dirección del proceso soberanista en la cárcel o en el extranjero con órdenes de detención, con la amenaza de nuevas querellas y nuevos encarcelamientos -como el que pende sobre la Mesa del Parlament-, posibles ilegalizaciones de partidos o entidades -como la amenaza de ilegalizar a la CUP-, pedidos de prohibición de huelgas o movilizaciones… y todo bajo la tutela de 17.000 mossos bajo la dirección del Ministerio del Interior y más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles.
Por otro lado, que la jueza Lamela se ha ganado con creces las condecoraciones que le ha dado el PP. Es toda una jueza del Régimen.
(Fuente: La Izquierda Diario / Autor: Diego Lotito)
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