Sindical

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Desde la sección sindical del SAT en el Plan Infoca vemos con preocupación las últimas noticias reflejadas en la prensa, con repercusión incluso fuera de Andalucía. En estas, y a raíz de un comunicado de la Guardia Civil, nos encontramos como a través de una denuncia contra una academia, una vez más se vuelve a señalar a la parte más débil, como es el trabajador, usando datos alejados de la realidad, sin contrastar, y sin existir siquiera sentencia sobre lo ocurrido. Por ello, queremos exponer: No podemos entender como desde las fuerzas de seguridad del estado, se lance desde medios oficiales acusaciones que aún se están investigando, como hechos probados. Lo primero es que no se trata de una oposición, si no una oferta de empleo público cuyos mecanismos para la selección, así como las condiciones en las que queda el trabajador son totalmente diferentes. En cuanto a las acusaciones, se da por hecho a pesar de que aún se esta investigando, que numerosos usuarios de esta academia compraron unos cursos que no hicieron, cuando desde este sindicato hemos podido comprobar que no es cierto, y que mínimo en su gran mayoría, los cursos se hicieron de una forma similar a cualquier otro curso homologado para un puesto de carácter público. – Por otra parte, nos sorprende que en las noticias nos encontremos titulares donde acusan a usuarios de ”convertirse en bomberos forestales en 25 minutos”, cuando la situación es bastante diferente. Dentro de las personas ”investigadas” nos encontramos con gente con experiencia cercana a los 10 años, otros con años de formación profesional superior, en los casos que menos, trabajadores/as que además de la formación, tienen que aprobar una batería de pruebas físicas, para poder con suerte entrar, irse a muchos kilómetros de su casa para poder trabajar bajo la precariedad de ser eventual, sin tener certeza de que el año que viene repites, y con una campaña que apenas dura 4 meses y medio. -Por último, en medio de esta situación, nos parece bochornosa la actitud de algunas secciones sindicales aprovechando el revuelo para atacar a otros sindicatos, encontrándose los/as trabajadores/as en un fuego cruzado, que no beneficia nada más que a seguir fomentando la precariedad y malas prácticas dentro de la Agencia. Desde el SAT consideramos que las personas que han hecho cursos como estipula la OPE, y en condiciones similares a otras academias, nunca serán culpables si no víctimas, ya que aunque desde este sindicato seamos críticos con la forma de puntuar la formación, la realidad es que este grupo de trabajadores/as, no ha hecho otra cosa que seguir las reglas marcadas desde arriba, y gastarse un dinero y tiempo que muchas veces no sobra, como ...
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Si el mundo laboral ya es, de por sí, un sindiós, el trabajo en el campo “es la jungla“, advierte José Parra, secretario de Acción Sindical de CTA en Córdoba. Un caos donde las leyes se quedan en papel mojado, los acuerdos de convenio se olvidan en un cajón recopilando polvo, el sálvese quien pueda está a la orden del día y algunos sindicatos son los únicos que tratan de poner un poco de orden y cordura. Si hubiera que hacer un cálculo “muy real” de cómo está el campo cordobés, baste decir que de los miles de trabajadores que pasan por la provincia, sólo un 10%, que coinciden con el personal fijo que hay de antemano en las fincas, trabajan en la legalidad, “es decir, que tienen todos los días trabajados como declarados“. El 90% restante son ilegales. “¿Irregularidades? Constantes. Desde menores de 14 o 15 años, en su mayoría de origen rumano, trabajando, hasta contrataciones sin alta de ningún tipo o directamente sin contrato y mayoritariamente pago en dinero negro“, denuncia este sindicalista, quien ha visto “de todo” en sus largos años visitando todo tipo de tajos en la provincia, desde la naranja de su localidad natal, Palma del Río, hasta el ajo de Montalbán, pasando por la aceituna en toda la provincia y otras recolecciones menores como la cebolla de la Vega del Guadalquivir. “En todo ese tiempo no he visto nunca un solo empresario que se mueva dentro de la legalidad“, advierte para denunciar irregularidades sangrantes y situaciones por completo sin sentido, como ha sido el caso de la llamada en abril pasado de la patronal a cubrir 2.000 puestos de temporeros “que ya estaban cubiertos de antemano; ¿que por qué lo hicieron? No tengo ni idea“, reconoce Parra. Aunque hay sospechas de que pueden haberlo hecho para que haya un sobreexceso de demanda y así poder ofertar a la baja. El líder sindicalista de la CTA ha llegado a hablar de mafia y situaciones de semiesclavitud. Y un ejemplo de ello son los llamados “intermediarios”, es decir, personas que contratan cuadrillas para recolectar lo que sea. Hasta tres de estos “intermediarios” se han llegado a dar. Buena parte de estos personajes son extranjeros que, por circunstancias, destacan sobre el resto, por ejemplo, por contar con una furgoneta para el transporte de personas, que funciona a modo de autobús, porque les cobra el pasaje restándolo directamente de unos “sueldos” menguados que apenas se quedan en 25 o 26 euros por jornada. Cabe recordar que el convenio del campo en Córdoba está en 48,19 euros/día para la recogida del ajo o a 50€ en el caso de los cítricos. Por supuesto, en la situación de pandemia que ...
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Crónica fotográfica desde Cadiz, del compañero y corresponsal obrero Antonio Crespo. En un contexto de degradación generalizada de los derechos laborales y aniquilación de empleo en todos los sectores, los compañeros y compañeras de Airbus deberán sentirse respaldados y acompañados por toda la clase trabajadora en su Huelga, ya que este ataque descarnado al sector aeronáutico, muy al contrario de ser solo sectorial, se extiende más que una pandemia al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Por eso URGE PREPARAR CUANTO ANTES LA MÁXIMA UNIDAD COMBATIVA DE TODA LA CLASE OBRERA Y TODAS SUS ORGANIZACIONES. ¡¡UNA SOLA CLASE, UNA SOLA LUCHA!! ( Confluencia Sindical Bahía de Cádiz). También desde Sevilla,  desde donde nos informa nuestro corresponsal obrero: Los sindicatos han desconvocado la manifestación, tras ser informados de un contagiado en la factoría de Tablada. En realidad, este trabajador lleva ingresado una semana. La empresa conocía este hecho, y hasta hoy no ha dado la información a los trabajadores. Hoy mismo estaban realizando pruebas a unos 50 que podían haber estado en contacto con el afectado. ¿Por qué la empresa, sabiéndolo todo, ha ocultado la información con el grave riesgo que eso suponía para la plantilla, especialmente para todos los que han estado en contacto con el enfermo, y el efecto multiplicador que eso ha podido tener en todos con quienes estos trabajadores se hayan podido relacionar? Y otra pregunta importante: ¿Se van a contagiar más los trabajadores en la manifestación que en el trabajo, a puerta cerrada y conociendo los hechos relatados que constatan la falta de elementales medidas de prevención? Deseamos pronta recuperación al compañero contagiado por el coronavirus, y esperamos información tras las pruebas que se están realizando hoy a todos los que han tenido contacto con él, información que aquí mismo les transmitiremos. Hoy, por lo pronto, la maniobra de la empresa -con la complicidad de la burocracia sindical- ha evitado la manifestación, pero no ha podido evitar los piquetes, la realización de la huelga y la concentración, como dice el titulo la lucha es el único camino, y continua. ( Al final tienen algunas imágenes de la concentración de Sevilla.? Fuente: www.insurgente.org ...
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Los sindicatos de Airbus han denunciado este martes que el recorte de empleo anunciado por el grupo aeronáutico europeo puede suponer el cierre de alguna de sus cuatro factorías en Andalucía y el desmantelamiento de la industria auxiliar andaluza, la segunda mayor del Estado español. Además han celebrado esta mañana asambleas informativas en las factorías de Airbus de Tablada y San Pablo, en Sevilla, así como en las gaditanas de Puerto Real y el Puerto de Santa María, esta última una de las más amenazadas, tras la cierre del programa del avión A380, para el que trabajaba. Estas concentraciones forman parte de la campaña de movilizaciones convocadas por los sindicatos para exigir la retirada del plan que prevé recortar 889 puestos de trabajo de Airbus en el Estado español, la mitad de los cuales afectaría a las factorías andaluzas, y que confluirán en una huelga prevista para el 23 de julio. Reivindican del Gobierno central la elaboración de un plan industrial "que garantice el futuro de este sector", una vez superada la crisis "coyuntural" creada por la pandemia de la COVID-19, y que permita recuperar "las capacidades tecnológicas e industriales" ahora en peligro" y "nos ponga nuevamente en el lugar que nos corresponde". Además subrayan "la responsabilidad" de la Junta de Andalucía en esta crisis, la ha acusado de "mirar hacia otro lado". Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
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Son los primeros indultos que llegan tras el estado de alarma y ninguno ha sido para el preso andaluz Fran Molero que cumple ya más de dos años en prisión. Pero no son los primeros indultos del año. En febrero, el Gobierno aprobó dos rondas de cinco perdones cada una. Entre ellos se encontraba la medida de gracia a un exalcalde del PSOE que falsificó un informe para que su madre pudiera poner unas ventanas. Recientemente se acaba de lanzar un manifiesto firmado por decenas de colectivos por la libertad de Molero que reproducimos a continuación: Dos años injustamente en prisión: ¡INDULTO YA PARA FRAN MOLERO!  El día 30 de mayo se cumplieron dos años del injusto encarcelamiento de Fran Molero. Manifiesto Fran Molero lleva 2 años en prisión por su activismo y por defender los derechos y dignidad de todos y todas, especialmente de los sectores más vulnerables de la población contra los que la crisis de 2008 más se cebó. Fran fue condenado a 5 años de cárcel y un día más el pago de una multa de 17370€ por asistir a la manifestación de «rodea el congreso», que tuvo lugar el 25 de abril de 2013, y verse envuelto en los disturbios que allí tuvieron lugar, tras la actuación de la policía cuyo único objetivo era disolver una movilización social de masas. El caso de Fran no es único: otros/as compañeros/as han tenido que pasar por prisión, elegidos/as para dar ejemplo al resto de la población de lo que te puede ocurrir cuando luchas por defender los derechos de todos y todas.Fran Molero lleva 2 años en prisión por un juicio injusto donde no tuvo ninguna garantía real de defensa. La abogada de oficio que le fue asignada no entregó ningún escrito durante la fase de instrucción, no aportó ninguna prueba en el juicio y ni siquiera recurrió el acto judicial que transformó la instrucción por desórdenes en otra instrucción por “atentado a la autoridad” y delito de lesiones a tres agentes. Además, según eldiario.es, formalmente la letrada ni siquiera era su abogada porque el escrito de designación tiene fecha posterior a la finalización de la fase de instrucción. Durante el juicio, la abogada fue sustituida por una compañera, la cual presentó un incidente de nulidad ante el órgano erróneo. Por último, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron estudiar el caso. Todas estas “anomalías” demuestran claramente que Fran Molero no ha tenido una defensa justa (o casi se podría decir que su defensa ha sido inexistente).Fran Molero lleva 2 años en prisión porque el gobierno del PP rechazó su indulto tras un procedimiento también difuso. La tramitación del indulto tampoco se conoce con claridad. En ...
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UE exige paz social y disipar cualquier conflicto de clase, y ahí adquiere un peso determinante los sindicatos mayoritarios y los empresarios (que para eso reciben dineros de los Presupuestos Generales del Estado). As´que, tras un Consejo de Ministros extraordinario y en lugar de la habitual rueda de prensa, el Gobierno optó por una puesta en escena en los jardines con los líderes de la patronal y los sindicatos. Sin preguntas de periodistas. Solo se admitieron fotos y cámaras de videos. Una explicación, con arte y sin artificio, de El Cabrero: Fuente: www.insurgente.org ...
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Hoy miércoles 1 de julio se consuma otro ejemplo más de la política de externalizaciones y precarización del empleo que lleva aplicando durante sus dos mandatos el equipo de gobierno de la rectora Pilar Aranda: todos los trabajadores del CAU van a ser despedidos para que su trabajo lo desempeñen a partir de ahora becarios sin derechos laborales y trabajadores con contratos precarios. Los trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención al Usuario (CAU) (el popular teléfono 36000, para averías y demás incidencias relacionadas con la red informática de la UGR) no podrán cumplir su decimosexto día en la Huelga Indefinida que se inició el pasado 15 de junio. Los empleados de este servicio -que hasta ahora era atendido por 6 trabajadores altamente cualificados- van a perder presumiblemente hoy sus empleos porque la Universidad ha cedido el servicio que desempeñaban a la empresa contratista de informática (GPIC) que ya ha anunciado que no va a subrogar sus contratos y que prescinde de los trabajadores para aumentar sus beneficios. De esta manera, seis trabajadores formados en la Universidad Granadina y con titulaciones que alcanzan hasta los de Ingeniería Informática, van a ser sustituidos por becarios ( que desempeñaran el trabajo gratuitamente) y trabajadores con contratos precarios, sin titulación académica ni experiencia, de la que sí disponía el personal altamente cualificado que Pilar Aranda ha decidido despedir. Igualmente, junto con ellos, seis familias quedarán en igual situación de desamparo. Todo este aberrante proceso se produce tras la intervención y asignación por parte de Francisco Cano – director del CSIRC – y la Gerente de la Universidad, que han pasado por alto las condiciones de la licitación para favorecer la elección de Ignacio Soto y su empresa de dudosa solvencia (GPIC) para que asalten el servicio de los profesionales del CAU. Pese al silencio de muchos medios de información locales, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), su sección sindical y los propios trabajadores del CAU se ha venido desarrollando una lucha constante para la defensa de estos seis puestos de trabajo con concentraciones, acciones reivindicativas, etc. y para evitar una nueva externalización que ya afecta a la UGR en actividades tales como la limpieza, labores de vigilancia, personal de hostelería, etc. Se da la circunstancia de que el pasado lunes, una delegación de los sindicatos SAT y CTI, el comité de Huelga y la diputada autonómica Ana Villaverde de Adelante Andalucía, mantuvieron una entrevista con Aranda y su gerente en la que pudieron constatar cómo la rectora y su equipo apuestan por una política de privatizaciones y subcontratación que “haga más rentable la UGR”, en palabras de la propia rectora. Desde el SAT quiere ponerse en conocimiento de la opinión pública y ...
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Los trabajadores y trabajadoras del Centro de Atención al Usuario (CAU) (el popular teléfono 36000, para averías y demás incidencias relacionadas con la red informática de la UGR) cumplen su décimo día en la Huelga Indefinida que se inició el pasado 15 de junio. Ese servicio es atendido por 6 trabajadores que ahora, tras muchos años de esfuerzos, dedicación y entrega en su trabajo, ven peligrar muy seriamente sus magros salarios, su propio sustento y el de sus familias porque la Universidad ha cedido el servicio a una empresa (GPIC) que ya ha anunciado que no va a subrogar sus contratos. Los trabajadores, a través del comité de Huelga y la sección sindical del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras), depositaron ante el registro general de la Universidad un documento respaldado por la práctica totalidad de trabajadores del CSIRC ( Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones) y por destacados miembros de la comunidad universitaria en un número total de 590 adhesiones. En el escrito, los firmantes solicitan ala rectora que vele por ella estabilidad en el empleo de las empresas que la Universidad subcontrata y exige que se subroguen los contratos de los seis trabajadores amenazados de despido “ como determina la legislación laboral y se ha venido produciendo hasta hoy en los tres cambios de empresa que han padecido los empleados del CAU”. Entre otras actividades, los huelguistas del CAU (cuya plantilla secunda el paro al 100% desde el primer día) han dirigido un escrito a la rectora y a la gerente dela Universidad, así como al jefe del CSIRC, Francisco Cano y a la empresa sevillana GPIC en la persona de su gerente, Ignacio Soto, (que se ha visto favorecido por la UGR en la licitación del servicio)” para establecer una mesa de diálogo que vuelva las actuaciones de la UGR a la senda de la legalidad y el respeto a los derechos de los trabajadores y que concluya con el mantenimiento del empleo”. En el mismo orden de cosas, los trabajadores mantienen hoy entrevistas con diputados granadinos para que eleven preguntas a los responsables de universidades tanto en el ámbito del gobierno andaluz como ante el Ministerio de Ciencia e innovación. Granada, 25 de junio del 2020. SAT Granada, Prensa e Información ...
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Francisco Moro Fernández, Secretario General del Sindicato de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (C.T.A.) se ha dirigido al Defensor del Pueblo para poner en conocimiento varias supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Córdoba, y que entiende que no son permisibles en un Estado de Derecho. Es por ello, que ha solicitado que se active el procedimiento y se adopten las resoluciones que sean de su competencia respecto a la actuación del Ayuntamiento de Córdoba. En primer lugar, expone que la ley 27/2013, del 27 de diciembre, de “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” modificó la ley 7|1985, del 2 de abril, “Reguladora de las Bases del Régimen Local” añadiendo el artículo 103.bis, donde se establecía que “Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado“. Así mismo fijaba la dimensión del sector público local, al establecer que “La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia entidad local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones…“. Francisco Moro ha declarado que el Ayuntamiento de Córdoba nunca ha cumplido con la obligación legal de aprobar anualmente la masa salarial del personal laboral de su sector público local. Los informes de la intervención municipal que acompañan a los presupuestos municipales de los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 han señalado reiteradamente que el Ayuntamiento de Córdoba no cumple con este precepto de la ley. Por otro lado, Moro explica que, en la tramitación del presupuesto municipal del ejercicio 2017, la sección sindical de C.T.A. en un escrito de impugnación del mismo ya señaló que el Ayuntamiento de Córdoba incumplía dos preceptos legales: por un lado, la que obliga a la Administración Local a fijar y publicar la masa salarial consolidada del perímetro económico del Ayuntamiento, donde además de la propia administración local se incluirían los organismos autónomos y las empresas municipales públicas. En segundo lugar el requisito legal de que, estando el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba en fase de negociación, la masa salarial que se establece para el personal, ha de presentarse al Comité de Empresa, y determinarlo de común acuerdo con éste de conformidad con lo que se establece en la norma. El Secretario General de CTA también reclama que otra sección sindical del Ayuntamiento de Córdoba presentó alegaciones, donde ...
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El Comité de Empresa de Phoenix Services, la contrata que gestiona las escorias de la factoría de Acerinox en Los Barrios ha denunciado que la compañía ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implica la ejecución de 13 despidos. Los representantes de los trabajadores manifiestan que, "al igual que el ERTE, no procede las causas económicas y técnicas que alega la dirección de Phoenix. No existen causas reales que fundamenten el ERE", apuntan. Esto es debido a las 250.000 toneladas de escoria bruta sin procesar que se hayan en la finca La Doctora y que debe de procesar la empresa. El comité avanza que mantendrá una reunión con el director de Acerinox para exponerle la situación e instarle a que la contrata Phoenix cumpla con los acuerdos adquiridos tras la subrogación ...
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Los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su trabajo en el Servicio de Atención y Soporte Técnico a Usuarios para la UGR han convocado huelga indefinida a partir del próximo 15 de julio ante el anuncio de un despido que amenaza con dejarlos en la calle tras más de una década de servicios prestados para las distintas empresas que ha ido contratando la Universidad para que prestaran este servicio. Hasta tres veces han visto los trabajadores subrogados sus contratos, subrogación que en los actuales momentos no contempla la Universidad, que ha decido prescindir de sus servicios contratando a la empresa sevillana GPIC (Gestión de Proyectos de Informática y Comunicaciones SL) que sustituirá a la actual BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS que finaliza su servicio como empresa contratada por la universidad granadina. Tanto desde el comité de huelga, así como desde la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se valora la decisión de la Gerencia y servicio de contratación de una empresa que pretende despedir a trabajadores con tanta antigüedad sin asumir sus contratos, como “descabellada e incomprensible a no ser que se haya pretendido beneficiar a la empresa que se queda con el nuevo contrato”. Desde el comité de huelga y la sección sindical del SAT se han potenciado y mantenido entrevistas con la gerencia y la rectora de la UGR, se han aportado adhesiones del comité de empresa del PAS – Laboral y se están recogiendo multitud de firmas y apoyos para que los trabajadores amenazados con el despido no pierdan sus empleos. Los trabajadores se concentrarán desde las 12’00 horas el lunes 15 de junio en la puerta del Hospital Real para seguir con sus protestas y recabar apoyo para su reivindicación que consiste en el pleno mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Granada, 12 de junio del 2020. SAT Granada ...
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Trabajadores de usar y tirar. CCOO ha denunciado que la dirección del Hospital del Aljarafe, administrado por la Orden de San Juan de Dios, está comunicando en estos días a los 140 profesionales de enfermería (enfermeras y auxiliares) que contrató durante la pandemia que va a despedirlos sin esperar siquiera a la finalización de sus contratos (30 de junio o 30 de septiembre). En muchos casos, se les está ofreciendo cambiar su contratos para cubrir sustituciones de verano, pero casi 30 de ellos van a ser simplemente despedidos. Se trata de personal que en algunos casos han abandonado trabajos en otras provincias para trabajar en el Hospital del Aljarafe. Hay personas que a pesar de tener en su casa a familiares con alto riesgo ante el COVID, han decidido seguir trabajando en el Hospital. Los despidos dicen poco de la actitud supuestamente humanitaria de Orden de San Juan de Dios, que cierra los ojos a estas situaciones y sólo se guía por causas económicas. Tampoco parece que la Junta de Andalucía esté ejerciendo sus funciones de control en un centro que forma parte de un consorcio Sanitario Público y donde permite unas plantillas más que menguadas. “Durante la epidemia nos han aplaudido, pero ahora nos tiran a la basura como si fuéramos material desechable”, comentaba en una reunión una de las afectadas. Fuente: CCOO ...
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El comité de empresa de la firma Phoenix Services, contrata que gestiona las escorias de la empresa Acerinox, en Los Barrios, ha informado de que el periodo de consultas del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) iniciado por la firma ha culminado sin acuerdo. Los representantes de los trabajadores mantienen que "no se dan las condiciones" para que proceda dicho ERTE, debido a las 250.000 toneladas de escoria bruta sin procesar que se hayan en la finca La Doctora. Desde el comité no se descartan movilizaciones. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
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La organización Women's Link Worldwide ha enviado una comunicación urgente a distintos organismos de la ONU informando sobre las vulneraciones de derechos humanos que sufren las temporeras marroquíes y otras personas migrantes que trabajan en la recogida de la fresa y frutos rojos en Huelva. La ONG ha reclamado a los relatores especiales de derechos de los migrantes, sobre la violencia contra la mujer y de pobreza de Naciones Unidas, entre otros organismos, "que actúen rápidamente, ya que el contexto actual de pandemia agrava la situación existente y favorece la aparición de nuevas vulneraciones de derechos". La oenegé indica que esta situación también es extensible a las personas migrantes que sobreviven en asentamientos informales de la provincia sin acceso a servicios básicos como agua o saneamiento, como han alertado organizaciones locales. En su escrito, solicitan a estos organismos de Naciones Unidas que emitan una declaración conjunta dirigida a las autoridades competentes en el Estado español y en Marruecos y a las empresas implicadas exigiendo que protejan la salud y los derechos de las trabajadoras migrantes. Denuncia del SAT De otro lado, y también el mismo día, el portavoz nacional y secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Oscar Reina, ha denunciado la "flagrante vulneración de la ley y de los derechos humanos" por parte de empresarios de los frutos rojos y ha reclamado medidas para salvaguardar a las temporeras.En declaraciones a los periodistas, Reina ha indicado que consideran que "la mejor imagen del sector de los frutos rojos es que se cumpla con la legalidad y por ello no entendemos como alguien se puede enfadar porque se manden más inspecciones de trabajo para proteger los derechos fundamentales".Por su parte, Mercedes Domínguez, responsable de Migración del SAT, ha exigido a la inspección y a los distintos Gobiernos que se habilite un teléfono de traducción independiente al sector agrícola para auxiliar ante posibles abusos de gravedad y un control observatorio independiente conformado por sindicatos del Magreb y Andalucía en origen junto a Anapec para encauzar y atajar los problemas que sufren en los campos freseros.Asimismo, reclaman que los empresarios cumplan "tajantemente como mínimo el contrato de 90 días con sus descansos y horas extras a razón de lo establecido en convenio" y que se amplíe la dotación de inspectores de modo que sea acorde al volumen de trabajo de la campaña, entre otras cuestiones. La patronal dice que es sólo una minoría Desde Interfresa se ha querido poner en valor el compromiso de las organizaciones miembros -Asaja-Huelva, Freshuelva y Cooperativas Agro Alimentarias-, de los agricultores y de los empresarios que actúan en su día a día en el cumplimiento del Convenio del Campo de la Provincia de Huelva, del Estatuto de ...
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El Sindicato Andaluz de Trabajadores/as ha denunciado que seis trabajadores que forman parte del Servicio de Atención y Soporte Técnico a Usuarios de la Universidad de Granada (con más de 11 años de antigüedad en sus puestos de trabajo) podrían ser despedidos si se produce el cambio de empresa que presta dicho servicio, dado que la UGR no ha incluido en el pliego de condiciones la obligatoriedad de subrogar los contratos de los trabajadores. También denuncia que los trabajadores "ven el futuro de sus empleos en la “cuerda floja” tras la redacción del pliego de descripciones técnicas que efectuó la Gerencia" en la que deja vía libre al despido de los trabajadores. Para remediarlo la UGR debería intervenir e incluir en el pliego de condiciones la obligatoriedad de que la sucesión de empresas traiga aparejada la subrogación de los contratos de los trabajadores. Por último subrayan que GPIC (GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SL), la empresa que presumiblemente se quedará con el contrato (con la aprobación y visto bueno de la UGR) ya habría hecho pública su intención de "despedir a todos los trabajadores" ...
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La empresa GREENMED forma parte del grupo empresarial Valenciano de MARTINAVARRO, dedicada a la producción, almacenaje y distribución agrícola. En concreto, la planta de Cartaya aporta toda su capacidad a la naranja producida en Huelva y que luego se venderá como valenciana, entro otros a clientes como MERCADONA. Es un gigante de la producción agrícola con campos propios y con capacidad para imponer precios a pequeños agricultores locales, con lo que en el 2018 superó los 200 millones de euros en facturación para en 2019, tras la absorción de RIOTINTO FRUITS, alcanzar los 320 millones, convirtiéndose de esta forma en una de las familias españolas más ricas. Seguramente que como buenos vendedores nos querrán convencer que su riqueza proviene de su gran capacidad empresarial de la familia gestora del imperio Martinavarro. Y eso no lo ponemos en duda dada nuestra experiencia sindical en su planta de envasado de Cartaya. El año pasado, desde la gerencia, recursos humanos y la colaboración de algún que otro trabajador o trabajadora, se inició un fuerte acoso contra una miembro del comité por la lista del Sindicato Unitario y que contó además, con la colaboración también de algún que otro “sindicalista” que intentó echarla del comité mediante una asamblea revocatoria que ganaron, pero que por ignorantes no la supieron tramitar conforme a lo establecido en esos procedimientos por lo que nuestra compañera continua siendo miembro del comité, eso sí, costándole su salud pues el final de la campaña del año pasado y durante gran parte de la de este año ha causado baja por enfermedad.. Por otro lado, una vez declarado el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus, un trabajador exigió las normas de seguridad necesarias para evitar contagios, a lo que la empresa no accedió. En vista de la falta de mascarillas y normas que evitaran el acercamiento entre trabajadores y conforme a lo estipulado en el artículo 21.2 de la Ley de prevención de riesgos laborales, un afiliado al Sindicato Unitario ejerció su derecho a interrumpir sus trabajos en caso de peligro para su salud. Durante un mes fue llamado a trabajar todos los días y todos los días que era llamado y una vez comprobado que la empresa no aportaba los medios de protección necesarios por la pandemia, volvía a ejercer su derecho a interrumpir el trabajo hasta que, con la colaboración de algunos “sindicalistas” que siempre daban, da y darán razón a la empresa, fue despedido. En ese transcurso una trabajadora dio positivo de anticuerpos de los que origina el coronavirus, pero de este hecho fuimos conocedores reciententemente y aunque la empresa si lo sabía, tampoco realizó las pruebas a los trabajadores que habían mantenido contacto con la portadora ...
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Militantes del SUA se han concentrado esta mañana en la puerta de la empresa Greenmed -en el municipio onubense de Cartaya- para denunciar el acoso sindical que sufren sus afiliados así como varios miembros del comité de empresa por parte de la misma. La planta de Greenmed en Huelva se dedica fundamentalmente al envasado de naranja. Imágenes de la concentración esta mañana. La represión contra varias afiliadas del sindicato que habían denunciado la violación de las medidas sanitarias necesarias en tiempos de coronavirus, así como el incumplimiento del convenio en Greenmed ha sido la motivación para realizar esta primera movilización. Desde el Sindicato Unitario de Andalucía denuncian también que "la represión de aquellas personas que han levantado la voz en la empresa" es una constante. La empresa citrícola valenciana Greenmed adquirió en 2011 estos almacenes de confección naranjera en Cartaya con la idea de radicar allí parte de su actividad de empaquetado de cítricos. Los almacenes que adquirió Greenmed pertenecían a la firma onubense Citroluz SAT y ocupan unos 10.000 metros cuadrados. Greenmed cuenta con unas 40.000 toneladas de producción propia en diversos municipios de Huelva y otras provincias andaluzas. Además adquiere y comercializa cada campaña del orden de otras 90.000 toneladas a diversos productores citrícolas del país andaluz. Otro factor para su localización en Cartaya es el desarrollo de la plataforma hortofrutícola del puerto de Huelva que le permite exportar en buques rápidos al norte de Europa sin los sobrecostes del transporte por carretera en diversos países ...
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Entrevista con uno de los trabajadores en lucha en la planta de San Pablo de Alestis, que produce estructuras para grandes compañías aeronáuticas como Airbus: ...
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Hace años que venimos denunciando desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras la discriminación por cuestión de género en el mercado laboral. Este es un problema que viene afectando a las mujeres trabajadoras y que hoy, se ve acentuado por la crisis sanitaria y económica del Covid-19. Así nos lo revelan los alarmantes datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) con una tasa de empleo de las mujeres que se distancia de la de los hombres en 11,07 puntos porcentuales, con una tasa de paro de mujeres trabajadoras que supera en 3,5 puntos a la masculina mientras que la tasa de actividad está 10,6 puntos por debajo de la de los hombres. Si nos ceñimos a los datos estadísticos, resultaría que casi un 47% de mujeres en edad de trabajar permanecen inactivas, porcentaje muy por encima al de los hombres. Pero, ¿engloban estas cifras a las mujeres que trabajan en economía sumergida? Olalla Castro en nombre de Nación Andaluza-Granada en solidaridad con Vanesa Sánchez Porque lo que no reflejan estos datos son las cientos de miles de mujeres que trabajan sin contratos, sin derechos y sin protección social. Limpiadoras, camareras, cocineras, empleadas del hogar, jornaleras, fregantinas… mujeres que trabajan en negro, o con contratos fraudulentos cotizando muchas menos horas de las que trabajan y, que cuando pierden sus empleos debido a la pandemia desatada por el Covid-19, se quedan o bien sin ningún tipo de ingreso o con una miserable prestación. Tampoco podemos olvidar en esta lista de mujeres “inactivas” a todas aquellas mujeres cuya actividad se centra en los cuidados del hogar y de sus familiares. Entre los sectores más afectados por esta crisis, se sitúa a la cabeza el sector servicios que casualmente o no, es un sector muy feminizado. Tan solo en este sector se concentra un 97% de la pérdida de puestos de trabajo, siendo un 48,42% mujeres. Pero no ha sido este el único sector feminizado que ha sufrido el impacto económico de la crisis sanitaria, destaca también el sector de servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas) y otros sectores donde la presencia femenina supera el 67% de los empleos. Que la tasa de desempleo femenino haya aumentado en los últimos meses hasta superar el 56% con una tendencia a la alza no es sino una correlación que viene determinada por el hecho de que somos las mujeres quienes sufrimos peores condiciones en el mercado laboral: contratos a tiempo parcial y/o temporales, por circunstancias de la producción… Trabajos precarios, peor remunerados y que se caracterizan por la inseguridad laboral recaen fundamentalmente en las mujeres que hoy engloban las listas del ...
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“La convocatoria de la concentración a celebrar el día 29 de mayo de 2020, no se ha comunicado con los diez días de antelación mínima exigida por la normativa reguladora y aunque evidentemente las circunstancias expuestas son extraordinarias y graves, éstas no justifican suficientemente la urgencia de la convocatoria”. Ésta es, en esencia, la respuesta que se ha dado desde la Subdelegación del Gobierno central en Málaga al sindicato CGT que había pedido permiso para realizar una concentración de protesta este viernes entre las 11:00 y las 13:00 horas para apoyar a “quienes llevan más de dos meses sin cobrar sus prestaciones de ERTE -expediente de regulación temporal de empleo-”. Desde el sindicato quieren dejar claro que su intención era que el acto que promovían fuera “respetuoso con todas las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad” en el combate contra el coronavirus y ponen el acento en que especificaron “claramente” en su solicitud que “se promovía por la vía de urgencia, dada la grave situación para cientos de familias malagueñas, muchas de ellas condenadas a la indigencia, tras no percibir ni un céntimo desde el pasado mes de febrero, antes de la declaración del Estado de alarma”. El secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, ha confirmado a este periódico que estudian, junto al colectivo de afectados, la posibilidad de “la desobediencia”, de llevar a cabo algún tipo de acción, “dado lo injusto de esta decisión del Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del Gobierno en Málaga”. Es más, trasladan a este diario que algunas de las personas que esperan sus ayudas han llegado a plantear que, “si las llevan presas por reclamarlas, al menos en la cárcel tendrán asegurado un plato de comida". “Parece que el Gobierno ‘progresista’ -lanzan- quiera quitar de la escena pública a quienes, con todo el derecho, reclaman lo que les pertenece ante la inoperatividad e incompetencia del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-, evitando actos pacíficos de protesta por los retrasos injustificados en el abono de las prestaciones y dejando en la más absoluta indefensión a cientos de personas en Málaga". Critican que se “vete” su “derecho a reunirse para exigir lo que legítimamente les corresponde”, cuando, “censurando” no "se dará solución a los problemas de quienes han demostrado infinita paciencia y llevan más de ochenta días sin percibir un solo euro y haciendo malabares para llevar el pan a su mesa cada día”. “Nos encontramos ante un nuevo atropello hacia un colectivo de trabajadores indefenso ante las arbitrariedades de la Administración que los han situado en la indigencia en muchos casos”, resume Montenegro. A su juicio, “ocultar el problema prohibiendo actos públicos de protesta pacíficos y respetuosos con las medidas del Ministerio de Sanidad, no es la solución para quienes no pueden llevar un mendrugo de pan a su mesa”, sostiene. Es más, avisa de que ...
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