Defensa de la tierra

Defensa de la tierra

El vertido ilegal de los escombros de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre en Cádiz al Rancho Linares, en El Puerto, ha puesto en el disparadero a ambos proyectos, promovidos por el Grupo Q Hoteles. La Delegación municipal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano ha paralizado la salida de camiones con escombros de la obra por este supuesto traslado de residuos a un vertedero ilegal. Asimismo ha retenido temporalmente la fianza depositada por la empresa encargada de las obras a la espera de la resolución que recaiga en el expediente sancionador iniciado por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía. El concejal gaditano de Urbanismo, Martín Vila, ha recordado que según el Reglamento de Residuos de Andalucía que establece las competencias de la Junta como de los ayuntamientos, dado el volumen de estos residuos, es la propia Junta de Andalucía la que debe asumir la vigilancia, inspección y sanción del destino de los residuos. En El Puerto de Santa María Por otro lado, la empresa Q , además, tiene prevista la construcción de 1.260 viviendas en Racho Linares pese a que, tal y como denuncia Ecologistas en Acción, no cuenta con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que “es de nulo derecho”. La organización advierte de que “de seguirse tramitando se podría incurrir en responsabilidades penales por presunta prevaricación”. Hoy está previsto que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento “proceda a aprobar el proyecto de urbanización”. “La carencia de EAE es lo que ha motivado la anulación del PGOU de El Puerto, por lo que es insólito e incomprensible que se sigan tramitando planes urbanísticos en base a este PGOU ilegal, y con el mismo error de no someterlos a EAE”, añade Ecologistas en Acción, que recuerda además que el proyecto se inició “con una modificación del PGOU a la carta aprobada en 2011”, recalificando un “importante bosque autóctono, el más biodiverso del municipio, con más de 200 especies de plantas silvestre”, en residencial. Ecologistas en Acción estudiará emprender acciones legales, tanto por la vía contencioso-administrativo como penal contra los ediles que voten a favor de su aprobación. Así las cosas, y tras el expediente a la empresa por depositar estos residuos en Rancho Linares piden al alcalde que paralice “el proceso hasta que la Junta se pronuncie y se aclare esta situación”. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
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Atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Comercio español, los incrementos en las importaciones de aceituna de mesa de terceros países en el Estado han sido de un 185% más con respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones se están produciendo especialmente desde Egipto. Andalucía aglutina la inmensa mayoría de la producción de aceituna de mesa con un 78,5% del total estatal, por lo que estas importaciones perjudican seriamente el tejido productivo andaluz. Producción de aceitunas de mesa en el Estado español según www.statista.com El presidente sectorial, Gabriel Cabello, ha tenido una respuesta más que tímida a estas cifras manifestando que “los flujos comerciales a nivel mundial responden al libre mercado en el que vivimos, lo cual no exime a las administraciones públicas de vigilar escrupulosamente que se están cumpliendo los mismos requisitos que los establecidos para nuestras propias producciones”. La fe neoliberal de Cabello puede deberse a su condición de presidente de Agro Sevilla, mayor productor y exportador de aceitunas de mesa del mundo y consejero de Agro Sevilla Aceitunas desde 2014. Habrá que estar atentos a la reacción del pequeño campesinado a estas cifras. Analizando el primer trimestre en su conjunto, estos incrementos también son abultados rondando el 63%. Fuente: www.agroinformación.com / www.andaluciaeconomica.com ...
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El Gobierno de Donald Trump anunció su retirada de otro importante acuerdo internacional para el control de armas: el Tratado de Cielos Abiertos, suscrito por el Gobierno del expresidente George H. W. Bush en 1992. El acuerdo permite a Estados Unidos, Rusia y a otros 33 países realizar vuelos de observación con aeronaves no equipadas con armamento sobre los territorios de los demás países para contribuir a reducir el riesgo de guerra. En 2019, Trump se retiró también del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o Tratado INF con Rusia. El jueves, el enviado de Trump para las negociaciones sobre control de armas y actual Subsecretario de Financiación del Terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Marshall Billingslea, criticó a Rusia y a China y advirtió que Estados Unidos está preparado para gastar más que cualquier otro país en una nueva carrera armamentista nuclear. Billingslea afirmó: “El presidente ha dejado en claro que tenemos experiencia suficiente y comprobada. Sabemos cómo ganar estas carreras [armamentistas] y sabemos cómo invertir más recursos que el enemigo para que “quede en el olvido”. Y si es necesario, lo haremos. Pero, por supuesto, nos gustaría evitarlo”. Fuente: wwwdemocracynow.org ...
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Los datos publicados por el Sistema de Alerta de Deforestación (SAD), del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente del Amazonas (Imazon; organización no gubernamental), también destacan que el área de bosque destruido en abril, equivalente al territorio del municipio de Oporto Alegre (capital de Rio Grande do Sul), es la más grande en los últimos diez años, comparando los registros de abril desde 2011. La deforestación ocurrió en seis estados brasileños: Pará (PA), responsable del 32% de la deforestación; Mato Grosso (MT), 26%; Rondônia (RO), 19%; Amazonas (AM), 18%; Roraima (RR), 4%; y Acre (AC), 1%, revela el organismo . Solo diez municipios son responsables de más de la mitad de la devastación forestal, la mayoría de los cuales están catalogados como "prioridad de protección" por el Ministerio del Medio Ambiente: Altamira (PA), São Félix do Xingu (PA), Apuí (AM) y Oporto Velho (RO) son los que tienen la mayor área devastada. En declaraciones a Brasil de Fato, Cristiane Mazzetti, una de las responsables de la Campaña Amazónica de la organización no gubernamental Greenpeace, dijo que el gobierno de Jair Bolsonaro «ha implementado una política anti-ambiental, que ha debilitado los organismos de control, ya sea reduciendo el presupuesto o eliminando o cambiar posiciones estratégicas o reducir el número de inspecciones. Entonces, la capacidad de controlar el crimen ambiental en Brasil era mucho menor en ese gobierno ». Series históricas de deforestación en abril de los últimos diez años / Imazon y Brasil de Fato Pueblos indígenas afectados La devastación de la selva amazónica registrada el mes pasado también afectó a los pueblos indígenas, siendo la Tierra Indígena Yanomami (TI), ubicada en los estados de Roraima y Amazonas, una de las cuales, según SAD, tenía la mayor área deforestada en abril. En el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro, la deforestación en la Amazonía fue mayor en los territorios donde existen pueblos indígenas aislados. Según datos oficiales del sistema Prodes, del Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe), la devastación en tierras indígenas en 2019 aumentó en un 80% en comparación con la registrada en 2018 . En territorios con pueblos indígenas aislados, la deforestación aumentó 113%. Según una encuesta realizada por el Instituto Socioambiental (ISA), la tribu indígena Yanomami es una de las más vulnerables a la pandemia causada por el nuevo coronavirus, allí se confirmaron al menos 20 casos de infección, por lo que los datos sobre deforestación, con lo que reflejan actividades ilegales, traen mayores preocupaciones a la comunidad. Fuente: www.abrilabril.pt ...
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La eufemísticamente denominada LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (LISTA), una ley diseñada para desregular un sector que provocó la gran crisis de 2008, y para favorecer los intereses especulativos. Ecologistas en Acción muestra públicamente su alarma por el contenido de esta Ley que acaba de presentar la Junta de Andalucía. La Ley incluye en su exposición de motivo unos objetivos loables: mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ciudades inclusivas y resilientes, urbanismo sostenible, regeneración y rehabilitación urbana, mitigación del cambio climático, eficiencia energética... todo lo contrario que lo que dispone su articulado, que apuesta por la desregulación del urbanismo y la apertura obscena y sin paliativos a la urbanización del suelo rústico. Se pretende paliar la crisis del coronavirus favoreciendo de nuevo al virus de la especulación urbanística, con el riesgo de su perversa secuela, la corrupción. La nueva Ley reduce a dos, las clases de suelo: urbano y rústico, eliminando el suelo urbanizable; y no por reducir las expectativas de expansión urbanística, sino por todo lo contrario, pues casi todo el suelo rústico se considera apto para urbanizar. La tan cacareada simplificación y agilización pretende en realidad facilitar la urbanización del suelo rústico, el denominado hasta ahora suelo no urbanizable. El suelo rústico común se puede urbanizar presentando una "Actuación de transformación urbanística" que aprobarían los ayuntamientos. Estas "Actuaciones" las pueden presentar particulares, por lo que las empresas promotoras decidirán el desarrollo urbanístico de las ciudades. Urbanismo a la carta que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística. La Ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, pero hay tantas excepciones, que las invocaciones al modelo de ciudad compacta mediterránea queda en una pura falacia. La nueva Ley permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz, con sus secuelas de impactos ambientales, destrucción del territorio y generación de un modelo de ciudad dispersa, imposible de gestionar y de financiar sus servicios públicos. Sólo el suelo rústico en el que específicamente exista una prohibición expresa, quedaría exento de urbanizarse. Pero las excepciones son tantas que prácticamente se puede hacer de todo en todo tipo de suelos, estén protegidos o no. Así, se permite las actuaciones declaradas de interés público y social por los ayuntamiento, incluyendo equipamientos e instalaciones industriales, turísticas, terciarias y, lo que sería más demoledor, "podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso residencial", ¡en suelo rústico! El uso residencial está prohibido en la ley actual en los suelos no urbanizables, salvo viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias. Con esta norma se abren las puertas a la generalización de las segundas residencias en ...
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Hoy Nación Andaluza ha registrado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada por el atraque del barco Bahri Jeddah en el puerto de Motril el pasado 20 de marzo. Además del enorme riesgo que dicho atraque supone para la población que vive en el entorno del puerto, para los bañistas que frecuentan las playas de la zona así como para los miles de pasajeros que diariamente pasan por el puerto de Motril, esta actividad constituye la violación de varios reales decretos y directivas europeas. Nación Andaluza han solicitado también que se paralice cualquier actividad de este tipo en el puerto de Motril mientras se realizan las investigaciones oportunas. El pasado 20 de marzo el barco Bahri Jeddah atracó en el puerto de Motril para realizar una carga de contenedores con explosivos y material de guerra. Dicho barco había pasado previamente por el puerto de Dundalk (Baltimore, USA) donde habría cargado blindados ligeros fabricados por General Dynamics equipados con una torreta armada con cañón automático, ametralladora coaxial y 8 lanzadoras de granadas. La carga anteriormente cargada en otros puertos por el Bahri Jeddah -añadida a la carga embarcada en Motril- podría superar la carga máxima admisible sobre barco para material militar y explosivos según la INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 20 del Real Decreto 130/2017. El Bahri Jeddah habría atracado en Motril habida cuenta que General Dynamics, propietaria del armamento que recogió el Bahri Jeddah en el puerto de Dundalk, es propietaria también de Santa Bárbara Sistemas, que a su vez es propietaria de la fábrica de armas del El Fargue (Granada). Además de Baltimore, el Bahri Jeddah también habría pasado por otros puertos americanos (Salvador de Bahía, Pensacola, Houston...) llenando sus bodegas de todo tipo de armamento y material explosivo. Todo el cargamento del Bahri Jeddah tuvo como destino el puerto de Yeddah (Arabia Saudí). Arabia Saudí lidera la coalición militar que desde 2014 combate contra los hutíes en la guerra de Yemen provocando decenas de miles de muertos y heridos entre la población civil. Esta coalición la componen varios Estados árabes como Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Jordania o Marruecos y ha contado con el apoyo militar de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Dicha actividad de transporte y carga de explosivos y material de guerra en un puerto como el de Motril entendemos que viola además la DIRECTIVA EUROPEA 2014/28/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, que se refiere a material con fines civiles quedando claro que el material embarcado en el puerto de Motril y con destino a Arabia Saudí, consistente en munición y explosivos esta considerado como material de guerra y no con fines civiles. Además de ser un puerto de pasajeros donde atracan ...
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso interpuesto por Agaden-Ecologistas en Acción que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana de la Frontera. Hay que destacar que el principal argumento para la anulación del PGOU ha sido la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el empecinamiento del Ayuntamiento de Chiclana en sustituir este tramite fundamental, según la normativa estatal y europea, por una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que, a pesar de lo que asegurara la Junta de Andalucía, no es lo mismo, y así lo han dejado claro numerosas sentencias judiciales que la Junta y algunos ayuntamientos siguen ignorando. La sentencia da un fuerte varapalo a la Junta de Andalucía, porque la considera "perfecta conocedora de la ilegalidad de los instrumentos de planeamiento aprobados sin Evaluación Ambiental Estratégica". La ausenciade EAE en el planeamiento significa que el PGOU recurrido incumple la directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27-6-2001 y la leyes españolas 9/2006 y 8/2007. Por otra parte, tampoco se cumplieron con las fases que según la ley deben desarrollar una EAE: no hubo fase de Consultas Previas, ni Informe de Sostenibilidad Ambiental, que analizara la necesidad de las actuaciones proyectadas y posibles alternativas, incluyendo la alternativa cero, y tampoco se incluyó en el planeamiento la Memoria Ambiental. Todos estos requisitos son obligatorios en todos los planeamientos a partir del 21 de julio de 2006, lo que fue advertido reiteradamente por las asociaciones ecologistas al Ayuntamiento, sin que se dignara a considerarlo; así les está yendo. En la sentencia el TSJA destaca que en el PGOU se ha sustituido la EAE por una EIA. La EIA es un requisito obligatorio para proyectos urbanísticos, pero no para planes urbanísticos. Precisamente, por eso dictamina que es "nula y fraudulenta la resolución de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 20 de mayo de 2015",que asegura que ambos procedimientos son equiparables y similares. La Junta de Andalucía, tanto antes con el PSOE como ahora con PP-Cs, ha mantenido sus argumentos de que el PGOU se ha tramitado correctamente, lo que ha sido clara y contundentemente desautorizado por el tribunal. El Ayuntamiento se ha limitado a decir que ha seguido las instrucciones de la Junta de Andalucía. Los máximos responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento que han avalado y aprobado este PGOU, y los técnicos de estas administraciones que lo han informado favorablemente, deberían explicar ahora estos graves incumplimientos de la legalidad en que han incurrido, que no puede quedar impune por el daño que están provocado al municipio de Chiclana. La sentencia del TSJA deja claro, tal y como advertimos las asociaciones ...
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Ecologistas en Acción ha mostrado su más enérgico rechazo al proyecto de ampliación del vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de Bolaños, propiedad de Verinsur S. L, en Jerez, y ha reclamado su clausura y sellado por no cumplir los criterios de la Unión Europea en su programa de Economía Circular, que plantea la reducción progresiva de los residuos que se llevan a la mal llamada “eliminación”, dado que simplemente son enterrados. La organización advierte en las alegaciones a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de las instalaciones, en exposición pública desde el 13 de abril, que “el tratamiento de valorización, por reciclaje o reutilización, a 2.200 toneladas de residuos no peligrosos y más de 10.000 toneladas de residuos peligrosos que dio Verinsur en 2019 es una cifra claramente insuficiente y muestra que no se está acometiendo proyecto alguno para reducir el porcentaje de residuos llevado a vertedero”. Y advierte de que “la pretensión de prolongar la actividad del vertedero hasta 2035 representa una renuncia a hacer efectivos estos compromisos legales de recuperación y reciclado de los residuos, haciéndonos acreedores de las multas que inevitablemente llegarán por llevar a vertido residuos que no debieran ser eliminados”. Bolaños recibe además los rechazos generados en la planta colindante de tratamiento de residuos municipales Las Calandrias y, con el decreto de alarma, los residuos urbanos “bolsa gris sin concluir previamente su proceso de clasificación” procedentes de Jerez, El Puerto y Rota y Arcos, dos de los motivos para solicitar la ampliación del depósito antes del verano, de acuerdo a la orden dictada por el delegado de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, antes del verano. “No es cierto que este depósito es fundamental para poder seguir prestando servicio”, sostiene Ecologistas en Acción. En primer lugar, apunta, la planta no recibe los residuos para los que estaba diseñada, los de la Sierra y la Costa noroeste. Por otro lado, la recepción de residuos de los municipios de la Sierra no será necesaria a partir del funcionamiento de la planta de compostaje de Villamartín, en proyecto, y, por último, “la planta de Las Calandrias arrastra problemas de descapitalización recortes de plantilla y mala gestión por lo que su optimización para efectuar de verdad un tratamiento mecánico biológico, con el compostaje de la fracción orgánica en primer término, no solo es una exigencia medioambiental, sino una obligación legal”, que minizaría de manera drástica el vertido a Bolaños. y haciendo innecesaria su ampliación. Proyecto indefinido y contaminante El espacio reservado para la instalación de valorización, con 55.000 metros cuadrados, queda indefinido. Ecologistas en Acción reclama a Verinsur que precise “qué cantidades serán recuperadas y con qué horizontes de actuación deberían formar parte del proyecto”. Y advierte ...
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Más facilidades para la especulación urbanística en nuestro país. El Consejo de Gobierno de la Junta (PP-C's_Vox) tiene previsto dar luz verde hoy al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía que -a pesar de su denominación- persigue todo lo contrario: eliminar trámites para urbanizar rápidamente y a gusto de constructores y promotores el poco suelo que queda en Andalucía sin cemento. La excusa es "atraer inversiones que permitan reactivar la economía y crear empleo", tal y como dan la noticia los medios del Régimen. La realidad es que con la excusa de la pandemia del coronavirus Covid-19 se va a dar rienda suelta a todos las intenciones especulativas que capitalistas andaluces e internacionales tienen depositadas en el gobierno de la Junta. Juanma Moreno lleva dos meses repitiendo el mantra de que "la preservación de la salud debe ir de la mano de una reactivación progresiva de la economía", y lo está aplicando. De hecho ha reconocido que el anteproyecto sigue la misma "filosofía" del decreto ley 9/2020 para la simplificación administrativa aprobado hace un mes y que ha levantado ampollas entre el pequeño comercio, ecologistas y otros sectores del Pueblo Andaluz ...
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Ecologistas en Acción ha averiguado que los escombros vertidos ilegalmente en el Rancho Linares, en el término municipal de El Puerto de Santa María, proceden de las obras de demolición que se están llevando a cabo en la antigua Residencia de Tiempo Libre de Cádiz. Tras la denuncia de los hechos, se siguen vertiendo escombros. Este edificio era de titularidad pública, hasta que la Junta de Andalucía lo privatizó. La empresa adjudicataria del concurso de venta de este edificio fue Vico Black 98, filial del grupo "Q Hoteles", que la adquirió por 11.811.410,01 euros. Esta empresa está procediendo a la demolición de parte de la edificación existente. Los cientos de camiones de escombros que ha generado esta demolición no se ha llevado a un gestor autorizado para su reciclaje, como es obligación legal, sino que se han vertido en unos terrenos de El Puerto de Santa María de gran valor medioambiental. La empresa que está desarrollando los trabajos de demolición y cuyos camiones han vertido los escombros en esa finca de El Puerto de Santa María, es "Demoliciones DAYTA". Ecologistas en Acción ha denunciado estos hechos al alcalde de El Puerto, al delegado de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y al Ayuntamiento de Cádiz. En las denuncias solicitamos la inmediata paralización de este vertido ilegal, que se proceda a la incoación de los preceptivos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad, exigiendo a la empresa responsable la retirada de la totalidad de los escombros, y que se trasladen a planta autorizada para su reciclado. Además, hemos solicitado a Germán Beardo, alcalde de El Puerto, que nos informe de las actuaciones que ha realizado el Área de Medio Ambiente ante este atentado medioambiental, pues no es comprensible que se haya producido ese trasiego de camiones sin que ningún responsable de este área municipal se haya enterado. Lamentablemente, no se ha impedido todavía el acceso de los camiones, que siguen vertiendo los escombros de forma impune en este espacio forestal. Ni siquiera se ha procedido a precintar el acceso a la escombrera ilegal, como debería haberse hecho como medida cautelar. Ecologistas en Acción organizó en la tarde de ayer un acto de protesta en la escombrera del Rancho Linares, guardando todas las normas de prevención contra el coronavirus. Las medidas del Estado de Alarma, que algunos han utilizado para buscar la impunidad en un atentado ecológico, no pueden impedir el derecho a manifestarse de los ciudadanos para denunciarlo, siempre con las medidas de seguridad que dicta la lucha contra la pandemia ...
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¿Qué pasará con la nueva normalidad, esa de la que tanto se habla para cuando superemos la crisis de la COVID-19? Pues en materia ambiental, algunas de las últimas propuestas para esa nueva normalidad suenan a vieja normalidad, a no haber aprendido nada. Aquí van dos afirmaciones de nuestros políticos y políticas en los últimos días: “La construcción es probablemente el único sector que pueda absorber a todos estos trabajadores”, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, en referencia a la pérdida de empleo por la crisis sanitaria.Para salir de esta crisis hay que “liberar suelo” porque “parte de la recuperación vendrá por la construcción”, Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque la pandemia actual ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto del daño al medio ambiente, parece que los gobernantes no extraen ninguna lección aprendida del pasado. Además, con el Mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del COVID-19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria. Y la realidad es que hasta en ocho comunidades autónomas se están proponiendo viejas prácticas para incentivar de nuevo el motor económico. En algunas de ellas, supeditando las políticas urbanísticas por encima de gestionar adecuadamente el impacto ambiental. Otras, si bien están en proceso de elaboración, podrían repercutir sobre el medio ambiente por su filosofía. Veamos los titulares de la prensa estos días: Podríamos seguir así indefinidamente, repitiendo un mantra que ya se ha utilizado en nuestro país. Se utiliza de excusa la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus para avanzar en el progreso, aunque las reformas propuestas no supondrán mejora social alguna. Más bien al contrario, aumentará la creación de empleos cortoplacistas y de bajo perfil, disminuirá la transparencia en la participación pública y se antepondrá el beneficio de unos pocos que, como siempre, sí saldrán beneficiados de la crisis. Y, de nuevo, aquí van algunas propuestas para gestionar el suelo y el territorio de una manera sostenible: Debe ser prioritario rescatar el uso público del suelo, recuperar los suelos aptos para el cultivo, preservar la tierra, potenciar la biodiversidad, ordenar el uso del territorio desde el convencimiento de que el suelo que pisamos es garantía de beneficio económico y defensa para futuras pandemias.Preservar los usos sostenibles del territorio, fomentando la soberanía alimentaria como política pública encaminada, única y exclusivamente, a alimentar a la población en condiciones de igualdad y dignidad. Hasta ahora hemos usado el suelo para preservar el mercado de la construcción.Recuperar la gestión integral de los servicios ...
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La Audiencia Nacional (AN) ha vuelto a pedir al Gobierno español que le remita el Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para el área contaminada con plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), después de que hayan pasado más de tres meses desde su primera solicitud "sin respuesta alguna". En una providencia de 8 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección 7 de la Sala de lo Contencioso-administrativo acuerda reiterar el oficio que envió al Consejo de Ministros en el que pedía que se desclasificara el citado plan y otra documentación relativa a Palomares para poder decidir si ordena o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fijar plazo para la ejecución de la limpieza de las más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica tal y como pide Ecologistas en Acción. La Audiencia Nacional instó en un auto al Consejo de Ministros a desclasificar el Plan de Rehabilitación aunque dejó abierta la posibilidad de que se remitiera a la sala "todas las indicaciones que sean procedentes" en relación al mantenimiento de la "confidencialidad" de su contenido. Ecologistas en Acción llevó a la vía judicial una resolución del CSN de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la "clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares "con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada" previstos en el citado plan de rehabilitación. REBAJA DEL VOLUMEN DE TIERRA CONTAMINADA A LIMPIAR Al solicitar no solo el Plan de Rehabilitación sino también que aporte cuanta documentación se haya elaborado después, la Audiencia Nacional también estaría reclamando el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos de mayo de 2010. En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo. Esta modificación se produjo en el pleno de 22 de julio de 2015 del CSN. En su día, el CSN aportó un documento que no era copia certificada del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a "todo el proceso relativo a Palomares" desde acuerdo de ...
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Este viernes el Ministerio de Salud español anunciaba que, los territorios andaluces comprendidos en las provincias de Málaga y Granada seguirían estando al menos una semana más en el máximo nivel en cuanto a restricción de derechos y libertades se refiere, mientras que el resto de Andalucía pasaría a fase 1. Ante esta decisión desde Nación Andaluza queremos expresar: 1º Compartimos las tesis del andalucismo revolucionario de Blas Infante que veía en las provincias un instrumento de imposición, causa de nuestra debilidad así como un obstáculo para la construcción nacional de Andalucía. La división territorial de Andalucía impuesta por la corona castellana dividía nuestro país en cuatro reinos sin ninguna atribución administrativa conforme a los distintos momentos de nuestra conquista: penetrando por Jaén, luego Córdoba en el Guadalquivir medio y posteriormente Sevilla. El reino de Granada se corresponde con el último Estado político andalusí. Luego se constituyeron las Nuevas Poblaciones de Carlos III en una nueva división, desgajada de los tres reinos -Jaén, Córdoba y Sevilla- en los que estaban enclavadas. En 1813 y 1822, se realizaron nuevas divisiones, similares a la anterior, aunque ya con el nombre de “provincias”. Y fue durante la regencia de María Cristina cuando se estableció la división administrativa en 49 provincias, ligeramente modificada después. El proceso de provincialización responde a la necesidad de la monarquía borbónica de un Estado más centralizado para aplicar de forma más rápida la autoridad centralista. La burguesía estatalista que quería una herramienta de dominación y extracción de plusvalías lo más perfeccionada posible: el Estado español troceado en unidades similares u equiparables, pero artificiales. Además con la provincialización de 1833 Andalucía perdió de miles de kilómetros cuadrados de territorio. Los municipios de Albadalejo, Bienvenida, Fuencaliente, Villamanrique y Villapalacios se atribuyeron a Ciudad Real. Parte de la sierra de Segura, con Riopar y Yeste, a Albacete. En la parte oeste, los de Fregenal de la Sierra, Higuera la Real, Ahillones, Berlanga, Valverde de Llerena, Malcocinado y toda la comarca de Tentudia perteneciente al reino de Sevilla, fueron traspasados a la provincia de Badajoz. Y se dividieron comarcas que mantenían una gran cohesión interna, como ocurrió con la Alpujarra o el Aljarafe. 2º Esta división de Andalucía en provincias ha sido reproducida por casi todos los distintos partidos que han gobernado o co-gobernado la Junta (PSOE, PP, IU y C’s) evidenciando su importancia para el control social y político del Pueblo Trabajador Andaluz. Día a día la Junta publica los datos sobre la pandemia del Covid-19 por provincias, no por comarcas o áreas sanitarias (existiendo 33 áreas sanitarias en Andalucía). Si ahora la Junta se queja de la decisión del Estado es (además de porque han hecho un planteamiento provincial al ministerio ...
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La Junta ha notificado a Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto, la resolución que convalida la Autorización Ambiental Unificada (AAU) original de la explotación onubense. Tras la emisión en enero de este año de un dictamen favorable por parte de la Consejería de Medio Ambiente, la autoridad minera convalida ahora la idoneidad legal y técnica de la AAU de Riotinto. La mina de Ritotinto ha sido denunciada en diversos ocasiones por Ecologistas en Acción, organización que siempre ha puesto en duda que el proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas de lodos durante los diez años de vida útil permitidos por la anulada autorización. En abril de 2019 la actividad de la mina había sido detenida por los triunales y en enero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia. Hay que recordar que el estado de estas presas de lodos altamente contaminantes es importantísimo. El 25 de abril de 1998 se produjo un vertido de lodos tóxicos en el Parque Nacional y Natural de Doñana, causado por la rotura de la Balsa Minera de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden. Hubo que realizar la limpieza de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que afectaron a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana. Tras diferentes denuncias en 2002 se cerró la vía penal sin ninguna condena. Atalaya y sus accionistas se felicitan porque, una vez culminado el proceso, la compañía podrá contar ya con la seguridad jurídica administrativa necesaria para mantener la inversión en el histórico yacimiento minero de Riotinto. La Xunta de Galicia rechaza un proyecto de Atalaya Mining La Xunta de Galicia acaba de dar carpetazo al proyecto minero que Atalaya Mining (propietaria de la mina de Riotinto) había presentado para la reapertura de la mina de Touro, junto a Santiago de Compostela. La negativa de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático basa su decisión en que el proyecto no garantizaba la calidad ambiental de las aguas de los municipios de O Pino y Touro y advierte que “si hay un desastre no se garantiza la protección de la zona de conservación” aguas abajo del río Ulla. Sobre Atalaya Mining Atalaya Riotinto Minera, filial de Atalaya Mining, es la operadora de la histórica mina de Riotinto. Riotinto es hoy una mina de cobre a cielo abierto que ha producido 45.000 toneladas de cobre en concentrado en 2019. Cuenta con 197 millones de toneladas de reservas de mineral de cobre. Su vida de la explotación actualmente se sitúa en 13 años. Atalaya Mining ha sido objeto de inversiones en los últimos años fruto de los movimientos ...
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El informe de Ecologistas en Acción ‘Efectos de la crisis de la COVID-19 sobre la calidad del aire urbano en España’, elaborado a partir de mediciones oficiales en 26 ciudades, entre ellas Bahía de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla en Andalucía, concluye que la reducción drástica del tráfico se sigue traduciendo en una mejora sin precedentes de la calidad del aire en las ciudades españolas, con contaminantes muy por debajo de los límites legales y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos oficiales de dióxido de nitrógeno (NO2) recogidos en 129 estaciones de medición repartidas entre las 26 principales ciudades del Estado español (todas las mayores de 150.000 habitantes con más de una estación de medición), durante los meses de marzo y abril de 2020 y de los siete años anteriores en el caso de Andalucía. Presenta, por tanto, una foto fija de la calidad del aire urbano antes y después de la declaración del estado de alarma y las medidas de confinamiento, actualizada a 30 de abril. Entre sus principales conclusiones, destacan: – Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, se ha producido una reducción drástica de los niveles de contaminación atmosférica por NO2 en las principales ciudades españolas, reducción que se ha cuantificado en un 58% de los niveles de contaminación habituales en estas fechas, durante la última década. En Andalucía la reducción de los niveles de contaminación supera la media estatal llegando a un 61%. – La mejora de la calidad del aire está siendo general, tanto en los centros de las ciudades como en las periferias urbanas, al igual que son generales las medidas de limitación de la circulación adoptadas. Tampoco se aprecian diferencias significativas entre las diversas prórrogas del estado de alarma, en las que se han aplicado restricciones de diversa intensidad, si bien la caída de la contaminación ha sido algo superior en el promedio del mes de abril (61%) que en la segunda quincena de marzo. Esta situación se ha dado en todos los municipios de Andalucía estudiados, exceptuando Granada, ya que la falta de registros en algunas de las estaciones de medidas de calidad del aire ha diluido el resultado final de la medida. ZonaReducción de la contaminaciónEntre 14 y 31 marzoAbrilDurante todo el estado de alarmaBahía de Cádiz67%66%67%Córdoba64%70%68%Granada64%52%57%Málaga53%58%56%Sevilla56%59%58%Promedio61%61%61% – Los niveles de NO2 registrados durante el estado de alarma son los más bajos para los meses de marzo y abril de la última década, en todas las ciudades analizadas. Se mantienen, además, muy por debajo del valor límite legal y la guía anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando en ...
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Hoy, martes 5 de mayo, el barco Bahri Tabuk está cargando armas en el puerto de Motril. Este barco forma parte de la flota de la compañía Bahri que ya ha visitado en numerosas ocasiones el puerto de Motril con este y otros barcos como el Bahri Jazan, Bahri Jeddah o el Bahri Hofuf y cuya dedicación es el transporte de armamento. Los explosivos de fabricación granadina que el Bahri Tabuk va a cargar en Motril van a ser utilizados en el conflicto yemení. Nación Andaluza rechaza la presencia de este carguero en el puerto de Motril. Consideramos que su presencia subraya los estrechos vínculos del Estado, el gobierno de progreso y la monarquía de los Borbones con Arabia Saudí. Asimismo evidencia la política de “mirar para otro lado” de ayuntamiento de Motril, presidido por Luisa García (PP). Arabia Saudí es un país que destaca por violar sistemáticamente los derechos humanos (discriminación de los derechos de la mujer, castigos corporales, falta de libertad de expresión, cientos de penas de muerte cada año, torturas a personas detenidas, persecución de la homosexualidad...), por fomentar el fundamentalismo islámico(wahabismo) y que está participando como contendiente en la guerra de Yemen que se inició en 2014.  Consideramos que la presencia del Bahri Tabuk como la del resto de barcos de la compañía saudí Bahri, evidencian los estrechos vínculos del Estado español y la monarquía de los Borbones con Arabia Saudí, así como la complicidad del gobierno “de progreso” estatal de PSOE y Unidas Podemos. Esta nueva llegada vuelve a convertir Motril y toda Andalucía, una vez más, en cómplice de las guerras imperialistas que está desarrollando o fomentando Arabia Saudí y su socio -los EE.UU.- en Oriente Medio. Con toda seguridad los explosivos de fabricación granadina que el Bahri Tabuk esta cargando en Motril van a ser utilizados en el conflicto yemení donde ya han muerto según cifras oficiales más de 7500 personas y hay centenares de miles de herido (aproximadamente un tercio de ellas civiles).  Geolocalización del barco Bahri Tabuk hoy 5 de mayo a las 12:00, en la dársena del puerto de Motril. Señalamos la hipocresía del Estado español y del gobierno “de progreso” que vulnera sus propias leyes y los tratados internacionales que firma así como de la Junta y el Ayuntamiento de Motril, este último gobernado por García Chamorro (PP) que miran para otro lado ante este tráfico criminal de armamento. Alertamos sobre el peligro que corre la población civil que vive en las zonas aledañas al puerto ante un tráfico de armas y explosivos que ni se ajusta a la propia legislación española, ni a la legislación internacional, ni cumple con las reglas establecidas para el desplazamiento explosivos.En las circunstancias ...
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La Federación provincial de Cádiz de Ecologistas en Acción solicita al ayuntamiento de Tarifa que proceda a la desclasificación de suelos en la zona de Valdevaqueros y Los Lances, tal y como aprobó la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, y no apoya la expropiación de estos terrenos. En esta zona privilegiada del litoral gaditano están previstas cinco grandes urbanizaciones, con una superficie de 3.575.355 m2, con miles de viviendas de segunda residencia y complejos hoteleros que harán la competencia a los actuales hoteles de tamaño medio y pequeño, muchos ubicados en el mismo casco urbano. Estas urbanizaciones se incluyeron en el PGOU, Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1990, por tanto, totalmente desfasado, inviable ambientalmente y que representa un modelo caduco de urbanismo y turismo basado en grandes resorts separados de los cascos urbanos. El PGOU de Tarifa es lamentable ejemplo de la burbuja inmobiliaria que se desarrolló en nuestro país y que nos abocó a la crisis de 2008, con dramáticas consecuencias económicas, sociales y ambientales. En continuidad con este delirio especulativo, el actual PGOU incluye unas desmesuradas previsiones de crecimiento: 7.775.352 m2, un 177 % más que el suelo urbano actual. Ecologistas en Acción ha planteado en todas sus alegaciones a proyectos urbanísticos en Tarifa, y en reuniones mantenidas con el alcalde, que este municipio debe ser un paradigma de urbanismo y turismo sostenible, y, para ello, debe renunciar a una expansión injustificada a lo largo de su maravilloso litoral, centrando los equipamientos turísticos en el casco urbano y aprovechando los hoteles, campings, restaurantes y escuelas de surf ya existentes en Los Lances y Valdevaqueros. Ecologistas en Acción planteó en la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, celebrada en junio de 2018, que se instara al ayuntamiento de Tarifa a que, en el marco de la revisión del PGOU, procediera a la desclasificación de los suelos urbanizables vigentes en la zona de Valdevaqueros-Los Lances. Propuesta que fue aprobada por amplia mayoría, incluidos los apoyos del alcalde de Tarifa y de la representación de la Junta de Andalucía, con la sola abstención de los representantes empresariales. Estas desclasificaciones, en contra de lo que se suele pregonar desde sectores políticos y empresariales, no tienen derecho a indemnización, al haberse sobrepasado la programación para ejecutar estos sectores de suelos urbanizables. Existe abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo que así lo ratifica, sentencias que hemos puesto en conocimiento del alcalde de Tarifa. El alcalde de Tarifa anunció que en el primer trimestre de este año se iba a iniciar la revisión del actual PGOU y que se aprobarían moratorias de las macro urbanizaciones previstas en las playas de Valdevaqueros y Los Lances. No se ha hecho, y no entendemos ...
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La puesta en marcha por parte la compañía inmobiliaria Salsa, S.A. de levantar un proyecto urbanístico sobre el espacio natural protegido de los acantilados de Maro (Nerja), que incluiría cerca de 680 viviendas en bloques de 4 plantas, bungalows repartidos por las vegas y acantilados, e incluso un gran hotel en las ruinas de la antigua fábrica de azúcar, ademas un campo de golf de 18 hoyos, rodeando el casco urbano de la citada pedanía, ha levantado una enorme polvareda. Lamentablemente la mayoría conservadora que dirige el Ayuntamiento de Nerja habría dado sus bendiciones a este macroproyecto con el que sueñan los actuales gestores de Salsa Inmobiliaria, que parece que vuelven a las andadas después de haber castigado a la comarca de la Axarquía con sus políticas caciquiles durante siglos.Por otra parte, sería el primer proyecto promovido después de que la Junta de Andalucía modificara por decreto 27 leyes por la vía de urgencia el pasado 2 de abril, que el Gobierno Central ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y pedido la suspensión inmediata de una norma que pretende colar por la puerta trasera una modificación de la legislación urbanística andaluza.Además este polémico asunto me toca en el corazoncito, ya que una parte de las demandas de los colonos de Maro y Nerja, entre otras localidades, por la propiedad de la tierra en la que trabajan, coincidió con mi etapa al frente del desaparecido semanario “Informaciones de la Axarquía”, que informó en profundidad de lo que allí acontecía. En plan abuelo cebolleta, podría contar que estuve a un tris de sumamarme al encierro de los colonos en la Cueva de Nerja, situación de la que me salvé por el toque de la campana. El día de Nochebuena de 1996 el encierro quedó desconvocado.Por otro lado, puedo presumir de ser un gran conocedor de las hazañas de la familia Larios y sus descendientes, entre los que se encuentra Carlos Gutiérrez-Matura- Larios Altuna, marqués de Paul y actual presidente del consejo de administración de Salsa S.A. La más profunda y larga investigación de mi carrera profesional se la dediqué a las idas y venidas de los Larios y sus herederos que resumí en un libro, publicado hace más de un año, bajo el título de “La herencia envenenada del marqués de Larios”, del que recomiendo su lectura.Vamos al grano. La Sociedad Azucarera Larios, S.A. (SALSA) fue fundada por los Larios en 1880. Trató siempre de adaptarse a los tiempos. Las actividades de la empresa se fueron diversificando en áreas como promoción inmobiliaria, arrendamientos urbanos, explotaciones agrícolas e incluso la creación de hoteles.La Sociedad Azucarera Larios, embrión de la actual Salsa, llegó a tener 14 fábricas de azúcar y más de 10.000 hectáreas de cultivo de caña. Tras cesar la producción, por las circunstancias coyunturales a nivel mundial, se inicia lo que ellos mismos denominan “la explotación profesional de activos”.Los gestores de una de las más importantes compañías que ...
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En las costas de California, EE.UU., y Singapur se han formado 'atascos' de buques petroleros. La baja demanda mundial de crudo estos días ha provocado la acumulación del producto en los almacenes y la escasez de más sitios para guardarlo a la espera de los clientes y la reanudación de las ventas. Este lunes en el estrecho de Singapur se han acumulado unos 60 petroleros anclados, en lugar de los 30 o 40 que se ven normalmente, reportó Bloomberg. Algunos de ellos se usan para almacenar el petróleo para el que ya no hay sitio en tierra, mientras que otros tal vez estén aparcados hasta que surja algún comprador en Asia. Los buques cargados de productos petroleros como la gasolina y el combustible para aviones se dirigen al estrecho de Singapur desde los principales centros de refinería de la región, Corea del Sur y China, y actualmente tienen que esperar unas dos semanas para poder descargar los cargamentos en Singapur en lugar de cuatro o cinco días. En California se han observado alrededor de 30 buques petroleros entre Los Ángeles y Long Beach y la bahía de San Francisco, cargados de unos 20 millones de barriles de crudo, informó NPR. El economista Reid I'Anson comentó al medio que normalmente son 5 millones de barriles 'flotando' en la zona, pero con la drástica disminución de los autos en las carreteras por la pandemia del coronavirus y aeronaves volando, la gasolina y el combustible para aviones apenas están en demanda y la situación ha provocado la escasez de almacenamiento en tierra. I'Anson señaló que guardar el petróleo en los buques no es lo más óptimo, ya que es muy caro, pero apenas hay alternativas. "No hay ningún otro lugar al que puedes llevar ese crudo... a nivel global, nadie necesita el crudo ahora mismo", resumió. Fuentes: www.cubadebate.cu / RT ...
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Las instituciones españolas y andaluzas continúan permitiendo el expolio del patrimonio natural andaluz, autorizando la construcción de mega-urbanizaciones destinadas a segundas viviendas para las burguesías mesetarias y europeas. Cuando estamos en una situación de un nivel de paro exagerado, motivado por la incidencia del Covid-19 en un país (Andalucía) que tiene una enorme dependencia del turismo, las instituciones andaluzas y españolas en vez de promocionar y facilitar las inversiones en otros sectores, continúa alimentando el problema de la dependencia turística, un sector basado en la explotación y destrucción de los ecosistemas naturales y en la explotación de la mano de obra local. La masificación turística de las costas andaluzas, así como la destrucción de los parajes naturales, nos llevan a un futuro oscuro donde el paro y la falta de expectativas laborales y vitales va a obligar a miles de andaluzas a volver a la emigración. La turistificación de nuestras costas y ciudades, al mismo tiempo que se convierten en la zona de esparcimiento de la Meseta, están obligando a las andaluzas a emigrar de su tierra. Por ello, luchar contra la turistificación del litoral y contra la construcción de mega-urbanizaciones es luchar por la tierra y por el futuro de las andaluzas en Andalucía. La Federación provincial de Cádiz de Ecologistas en Acción solicita al ayuntamiento de Tarifa que proceda a la desclasificación de suelos en la zona de Valdevaqueros y Los Lances, tal y como aprobó la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, y no apoya la expropiación de estos terrenos. En esta zona privilegiada del litoral gaditano están previstas cinco grandes urbanizaciones, con una superficie de 3.575.355 m2, con miles de viviendas de segunda residencia y complejos hoteleros que harán la competencia a los actuales hoteles de tamaño medio y pequeño, muchos ubicados en el mismo casco urbano. Estas urbanizaciones se incluyeron en el PGOU, Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en 1990, por tanto, totalmente desfasado, inviable ambientalmente y que representa un modelo caduco de urbanismo y turismo basado en grandes resorts separados de los cascos urbanos. El PGOU de Tarifa es lamentable ejemplo de la burbuja inmobiliaria que se desarrolló en nuestro país y que nos abocó a la crisis de 2008, con dramáticas consecuencias económicas, sociales y ambientales. En continuidad con este delirio especulativo, el actual PGOU incluye unas desmesuradas previsiones de crecimiento: 7.775.352 m2, un 177 % más que el suelo urbano actual. Ecologistas en Acción ha planteado en todas sus alegaciones a proyectos urbanísticos en Tarifa, y en reuniones mantenidas con el alcalde, que este municipio debe ser un paradigma de urbanismo y turismo sostenible, y para ello debe renunciar a una expansión injustificada a lo largo de su maravilloso litoral, ...
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