El Estado se ampara en una ley franquista para ocultar datos sobre la venta de armas a Arabia Saudí

Silencio administrativo. Opacidad oficial. Cada vez que un barco de la naviera pública saudí Bahri visita el Estado español, surgen interrogantes que el Gobierno de turno evita responder con claridad. Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace, advierte que ese hermetismo hunde sus bases en una norma de la dictadura: “Es una cuestión completamente opaca porque está protegida por la Ley de Secretos Oficiales del franquismo”, apunta la jurista.

El texto en cuestión data de 1968. Allí se establece, entre otras cosas, que es el Consejo de Ministros el que debe decidir qué materias son clasificadas. “El secreto de Estado está protegido frente a cualquier petición de información, incluso de la propia justicia”, señala Ruiz-Huerta.

El siguiente paso lo dio el Gobierno de Felipe González en 1987. El 12 de marzo de aquel año, el Consejo de Ministros del Ejecutivo socialista acordó clasificar como secretas las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), encargada precisamente de otorgar las licencias para la exportación de armamento. Lo hizo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura.

Pendientes del Congreso

“La venta de armas es una cuestión completamente opaca porque está protegida por una ley de secretos oficiales franquista que establece que el contenido de estas actas y los expedientes de licencia son objeto de materia reservada porque afectan a la seguridad del Estado y, por tanto, no se puede conocer su contenido por parte de ninguno de los contrapesos de control democrático”, subraya la abogada.

En 2016, el PNV presentó en el Congreso una Proposición de Ley para reformar la Ley de Secretos Oficiales. Aquella iniciativa fue bloqueada durante meses por la Mesa del Congreso, algo que el portavoz nacionalista en Madrid, Aitor Esteban, llegó a denunciar ante Mariano Rajoy. Posteriormente se activó la fase de enmiendas, pero nunca llegó a votarse. “Con el comienzo de esa nueva legislatura volvimos a presentarla, por lo que está registrada y pendiente de debate”, afirmaron fuentes nacionalistas.

Armas de guerra

Mientras tanto, continúa el silencio y la opacidad en torno a la venta de armas. Sara del Río, responsable de la campaña de Desarme de Greenpeace –organización que forma parte de Armas Bajo Control junto a Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y FundiPau– relata precisamente las dificultades mayúsculas que enfrentan a la hora de intentar reunir algún tipo de información sobre la carga de los buques de la dictadura árabe.

Fuente: www.publico.es

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Francisco Vílchez

Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
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