Cs, PP, PNV y PDeCAT encuentran un punto de unión: la culpabilización de los pobres y el facilitar sus desahucios

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El pasado martes, el Congreso de los Diputados protagonizó un recorte de derechos fundamentales de las familias más vulnerables, que se han visto forzadas a ocupar por necesidad. La aprobación de una modificación de la Ley 1/2000, propuesta por el PDeCAT, ha contado con la complicidad de sus irreconciliables Cs, PP y PSOE más el PNV.

Esta modificación, que tiene como objetivo facilitar los desahucios por ocupación a velocidades de vértigo, ni siquiera entra en buscar alguna solución a las familias que se ven obligadas a ocupar para no quedarse en la calle. Este drama se está dando en nuestras ciudades y barrios ante la incapacidad de acceder a una vivienda. La compra no es una opción. El alquiler, con un aumento anual del 9% de los precios, tampoco es una alternativa. Y el parque público de vivienda no se acerca ni a un 2%. Estos datos muestran una realidad a la que se enfrentan miles de familias: o vivir en la calle con sus hijos u ocupar por necesidad.

Ni el PDeCAT ni sus colegas ofrecen ninguna solución, tan solo alientan a la persecución y criminalización de las familias. El mayor ejemplo es que esta modificación eleva la anécdota a categoría. Siendo muy escasas las situaciones descritas en su preámbulo, se da a las mismas un tratamiento propio de situaciones multireiteradas, sin ofrecer un solo dato que lo justifique.

Esta ley choca frontalmente con el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España suscribió en 1976, y que, por lo tanto, y según el artículo 96 de la Constitución, es de obligado cumplimiento.  Hace sólo unos meses que el Comité DESC emitió un dictamen por el que declaraba que el Estado español había vulnerado ese pacto, por ejecutar desahucios a familias en riesgo de exclusión, sin ofrecerles una alternativa habitacional. Más recientemente aún, el mismo Comité de la ONU, ha solicitado a España medidas cautelares de paralización concreta de desahucios en casos de ocupación, al carecer los ocupantes de alternativa habitacional.

Todos los partidos que han votado esta ley del PDeCAT, (PP, Cs, y PNV) conocen sobradamente el dictamen del Comité, porque nos hemos encargado de hacérselo llegar, pero ello no ha sido óbice para que antepongan los intereses particulares de unos muy pocos a los de la gente que, careciendo de recursos y siendo víctimas del tratamiento que se da a la vivienda en nuestro país, sólo encuentran 2 posibles alternativas: la calle o la ocupación.

Además, el Defensor del Pueblo está llevando a cabo una investigación acerca del cumplimiento de este pacto en nuestro país, y, por lo que conocemos, las “explicaciones” que le está ofreciendo el Gobierno no le satisfacen. Desde la PAH, ya anunciamos que, una vez entre en vigor esta ley, la denunciaremos en todas las instancias nacionales e internacionales intentando impedir más sufrimiento del que ya han causado las políticas de vivienda de los gobiernos centrales.

Durante 9 años, las familias que se han visto forzadas a ocupar se han encontrado desatendidas por los ayuntamientos e ignoradas por los gobiernos de todo color político. En ese contexto de aislamiento, han encontrado refugio en los movimientos sociales de vivienda. Es cada vez más corriente encontrarnos en la PAH a familias que acuden explicando que las administraciones públicas les han cerrado las puertas e, incluso, incitado a ocupar viviendas, cuando las personas afectadas lo que buscan es regularizar su situación. Lo que hemos aprendido todos estos años, es que, para conseguir respuesta por parte de las instituciones, debemos movilizarnos en las calles.

La autotutela de derechos que realizamos ha demostrado, además, que se puede dar uso a los millones de pisos vacíos que acumula la banca. A través de nuestra campaña Obra Social La PAH, hemos recuperado viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público, realojando así a familias vulnerables que conseguían regularizar su situación mediante alquileres sociales. Con esta campaña, hemos conseguido realojar a más de 4.000 personas. Hogares que quedan protegidos, desde la ciudadanía y para la ciudadanía. Una cifra récord en realojos que demuestra que es solo cuestión de voluntad política encontrar soluciones.

Nos resulta alarmante (a la vez que elocuente) que PP, Cs y PNV hagan frente común con el PDeCAT para perseguir judicialmente a familias que necesitan soluciones. Estos partidos juegan a silenciar a las víctimas de un modelo de vivienda basado exclusivamente en la capacidad económica de las personas para pagarlas, y que ha resultado fallido a todas luces, tratando de ocultar que son responsables de la emergencia actual y su falta de valentía para solventar la situación. Si estos partidos tuvieran altura democrática, irían a exigir a los bancos y a los grandes propietarios que cedan sus viviendas vacías y marquen alquileres asequibles, es una posibilidad que establece el artículo 128 de la Constitución. Pero en vez de cumplir su papel, piden cuentas a las familias más vulnerables, incitando a una guerra entre pobres por los escasos recursos que se derivan a vivienda. Estos partidos, no tienen el valor necesario para gobernar. Son los cobardes que reprimen y sancionan a quienes intentan impedir los desahucios mientras no tocan ni uno solo de los privilegios de la banca, los fondos buitre, socimis… etc. Son los partidos que criminalizan los hogares.

En cambio, la PAH no solo ha demostrado, desde abajo y sin recursos, que es posible conseguir soluciones para las familias. Soluciones que las rescaten del ciclo de ocupación y desahucio en el que se ven involuntariamente inmersas. También hemos presentado en el Congreso una propuesta de ley, llamada la Ley Vivienda PAH, que en primer lugar regularía los precios del alquiler, permitiendo que muchas familias pudieran acceder de manera regular a una vivienda pagando un precio asequible. Y, en segundo lugar, obligaría a bancos, fondos buitre y grandes propietarios de vivienda a ceder sus pisos vacíos a las administraciones públicas, aumentando así los recursos necesarios para realojar a las familias más vulnerables que se encuentran sin ingresos. El debate democrático de esta ley tan necesaria fue vetado por el PP y Ciudadanos. Sin embargo, nosotras no nos hemos rendido y seguimos luchando por que la Mesa del Congreso revise su antidemocrática decisión

(Fuente: Cuarto Poder / Autor: Paco Morote*)

(*) Paco Morote es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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