Archivada la llamada Operación Piñata, la segunda gran causa estatal contra el inexistente “terrorismo anarquista”
El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado el sobreseimiento provisional de la operación Piñata, la segunda gran operación realizada en los últimos años sobre el “terrorismo anarquista”.
El auto del juzgado, con fecha 29 de enero de 2018 y al que ha tenido acceso El Salto, señala que la fiscalía había solicitado el sobreseimiento y no constaban más acusaciones en la causa. La petición de fiscalía ha sido a instancias de las defensas de los acusados en la operación.
“Nos alegramos enormemente por la decisión judicial, y especialmente por las personas investigadas, que no tienen ya sobre sus cabezas la espada de Damocles de la Audiencia Nacional, pero estamos preocupados porque se ha usado al movimiento anarquista como objeto de una operación policial, lo que luego los tribunales no han convalidado”, señala Eduardo Gómez Cuadrado, uno de los abogados de los acusados en la operación Piñata.
La operación Piñata supuso la detención de 38 personas, en Madrid, Barcelona y Palencia. Once de ellas, acusadas de pertenencia a organización terrorista, estuvieron en prisión provisional durante tres meses, y se les aplicó la política de dispersión. Fue en marzo de 2015. Tres meses antes, otro gran operación policial bautizada como operación Pandora acabó con la detención de once personas, y en octubre de 2015, en una segunda fase de la misma operación la policía detuvo a nueve personas más.
El denominado “terrorismo anarquista”, protagonizado por un supuesto grupo llamado Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), se había convertido en una de las mayores preocupaciones de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra desde que, en octubre de 2013, un pequeño explosivo detonara en la Basílica de El Pilar de Zaragoza, produciendo la rotura de algunos bancos de madera y algo de escayola, y provocando la rotura de un tímpano a una persona que estaba dentro del templo.
La última operación por el “terrorismo anarquista”, la ICE, fue el 4 de noviembre de 2015. Detuvieron a cinco personas, y una de ellas, Nahuel, pasó un año y cuatro meses en prisión preventiva, hasta que en marzo de 2017 fue puesto en libertad provisional con cargos.
En junio de 2016 y mayo de 2017, la Audiencia Nacional ordenó el archivo de las dos partes en las que estaba dividida la operación Pandora. Mónica C. y Francisco S. fueron condenados, en marzo de 2016, a doce años de cárcel cada uno de ellos por la explosión en la Basílica de El Pilar de Zaragoza de octubre de 2013, condena que fue rebajada por el Tribunal Supremo en diciembre de ese mismo año a cuatro años y medio de cárcel —poco más de lo que ya llevaban cumplido en prisión preventiva— y cambiada por la expulsión del país.
En el texto en el que la fiscalía pedía el sobreseimiento para los detenidos en la operación Pandora, con fecha 10 de enero, esta señalaba que las pruebas obtenidas en los diferentes registros en los domicilios de los acusados y en centros sociales en Madrid, Barcelona y Palencia no son suficientes para sostener que los acusados formaban parte de una organización terrorista coordinada para provocar disturbios en movilizaciones sociales.
Apunta que entre la documentación requisada había revistas, una “Guía básica de seguridad”, instrucciones para crear un “servidor informático ilegal”, documentos relacionados con solidaridad con personas presas. También listados de acciones realizadas en apoyo a los detenidos de la operación Pandora y a Mónica y Francisco.
(Fuente: El Salto / Autor: Ter García)
Hoy vamos a hablar de la Operación Pandora, Pandora II y la Operación Piñata…
Lo primero que hay que recordar es que la antesala de estas operaciones se puso en marcha en noviembre de 2013 con la detención de cinco personas acusadas de poner una bomba contra la basílica del Pilar en Zaragoza. Tras esas detenciones vendrían la Operación Pandora I (16 de Diciembre 204), Piñata (30 de marzo de 2015), “Pandora II” (28 de octubre de 2015) y “Ice” (4 de noviembre de 2015). Cinco operaciones policiales basadas en los supuestos “GAC”, que dieron para un total de 69 detenciones.
Varixs de lxs acusadxs fueron a prisión preventiva, condenas de cárcel, embargos de las cuentas bancarias para recaudar dinero solidario con lxs detenidxs… Operaciones policiales contra el movimiento libertario en la que los medios de comunicación anunciaron a bombo y platillo que se estaba dando un golpe al “TERRORISMO ANARQUISTA”.
Fue en Junio de 2016 cuando se empieza a desmontar este montaje policial: la Operación Pandora II es archivada por la Audiencia Nacional. La juez Carmen Lamela criticó entonces duramente las investigaciones llevadas a cabo por la policía catalana y afirmaba:”No se han obtenido en el presente procedimiento datos objetivos, accesibles a terceros y verificables que puedan considerarse indicios para afirmar, ni siquiera de manera indiciaria, la participación de los investigados en los hechos que se les imputa ”
El siguiente varapalo al montaje policial llegó en mayo de 2017. La misma juez archivó entonces la Primera parte de la Operación Pandora y criticó nuevamente las investigaciones de los Mossos, admitiendo que no había ni una sola prueba contra las personas encausadas.
“Hasta ahora, y pese al tiempo transcurrido,casi 3 años,pese a los diversos teléfonos intervenidos e informes de todo tipo que han sido recabados, el único resultado obtenido es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista”, decía el auto de la Audiencia Nacional.
Además,gracias a un gran trabajo de La Directa,se pudo destapar como la policía intenta captar a activistas para convertirlos en confidentes para poder seguir así con sus descarados montajes policiales. Quim Gimeno,detenido en Pandora I, denunció las presiones de estos agentes que pretendieron captarle.
Hoy, continua quedando en evidencia que todas estas operaciones no fueron más que una gran falacia: acaba de ser archivada la Operación Piñata. Ha sido la propia fiscalía quién ha pedido el archivo de la causa porque la cosa no se sostenía por ningún lado.
Decenas de detenciones, estigmatización como “terroristas anarquistas”, prisión preventiva, embargo de cuentas…
¿Quién va a pagar ahora todo el daño causado a las víctimas de este montaje ? ¿Quién va a asumir las responsabilidades por haber detenido a todas estas personas?
La realidad es bastante más sencilla a la vez que cruel: No existía ningún grupo armado llamado GAC, simplemente unos cuerpos policiales que decidieron joderles la vida a estas personas, además de asestar un duro golpe al movimiento libertario.
No podemos olvidarnos de Mónica y Francisco, que cumplieron 3 años y 3 meses de prisión condenados por el atentado de la Basilica del Pilar y que finalmente fueron excarcelados y expulsados del país, volviendo a su tierra natal, Chile
Tampoco olvidamos al joven Nahuel, que cumplió año y medio de prisión preventiva como encausado en la Operación ICE pese a no haber ni una sola prueba en su contra. Nahuel aún continua a la espera de juicio.
Ahora que todo el montaje se ha ido desmontando, hay que exigir que los que detuvieron y encarcelaron a lxs compañerxs, así como lxs que se lo ordenaron, paguen por todo este gran montaje. En el estado español sale gratis encarcelar gente sin pruebas.
(Fuente: La Haine / Autor: Boro H)
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