Susana Díaz entregará a tres bancos la gestión del presupuesto de la Junta a cambio de que financien sus deudas

El Gobierno manirroto de PSOE+C’s que gobierna la Junta se encuentra al límite. Tras el fraude sistemático de las arcas públicas de todos los andaluces, PSOE y C’s han dado un nuevo paso a la deseperada sacando a licitación la gestión de todas sus cuentas públicas, que mueven un volumen de pagos superior a 31.000 millones de euros, el presupuesto autonómico para todo el año.

Esta entrega incondicional de las instituciones autonómicas a la burguesía financiera internacional para la supervivencia del gobierno PSOE-C’s se ha disfrazado despiezando las cuentas de la admnistración andaluza en seis grandes lotes en los que se dividirán los 31000 millones anuales del presupuesto autonómico. Serán como mínimo tres bancos y como máximo seis los que gestionen estos lotes de dinero público. La Consejería de Hacienda ha licitado el presupuesto dividido en seis grandes lotes, en los que se agrupan las obligaciones de pago de la Administración: desde las nóminas de los funcionarios hasta la financiación a farmacéuticas y universidades, pasando por los gastos de funcionamiento de los colegios y las becas.

Durante el co-gobierno de PSOE e IU pudimos ver como se renunciaba a un banco público andaluz. Una entidad financiera andaluza hubiera podido asumir este volumen financiero generando riqueza y beneficio para las instituciones andaluzas. Las consecuencias de la renuncia a una banca pública andaluza sustituyéndola por un fantasmagórico Ente de Crédito Andaluz (ver aquí la noticia) son evidentes. El dinero de los andaluces servirá para el negocio privado del sector bancario.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía venía trabajando con 17 entidades financieras y contaba con unas 600 cuentas abiertas. Dentro de dos meses, cuando culmine el proceso de licitación y se adjudiquen los contratos, el Ejecutivo de Díaz simplificará su gestión interna: pasará a operar con seis bancos, y todos sus fondos se concentrarán en 10 cuentas bancarias.

Aunque, en realidad, la licitación de las cuentas públicas tiene un segundo objetivo: los pliegos de condiciones para lograr el contrato con el Gobierno andaluz incluyen el decreto de garantías de tiempos de pago y que compromete a los bancos a adelantar el pago a proveedores en caso de que la Junta se retrase.

La norma, recientemente aprobada, obliga al Ejecutivo de Susana Díaz a abonar antes de 20 días a sus proveedores y empresas conveniadas con la Administración que prestan servicios prioritarios, como la sanidad, la educación y las políticas sociales (ahora el promedio de pago de la Junta es de 26,22 días).

La misma norma fija un máximo de 45 días para abonar las becas de estudios y las subvenciones. El objetivo es que los problemas de liquidez del Gobierno, frecuentes en los últimos años de crisis, no afecten al normal funcionamiento de los servicios fundamentales.

La norma introduce por primera vez un sistema de garantía de cobro pionero en una Administración, para que, en caso de que la Junta incumpla sus plazos de pago, el trabajador o la empresa afectada podrá reclamar ese dinero a un banco y éste lo abonará de inmediato. Las entidades financieras se convertirán así en prestamistas del Gobierno andaluz.

La entrega de las cuentas andaluzas se ha pretendido disfrazar de varias formas. Se plantea como una ventaja que las entidades financieras que pujen por gestionar el presupuesto andaluz estarán obligadas a ofrecer una importante línea de crédito al Gobierno de Díaz, con un tipo de interés mínimo (se usará como referencia el Euribor). Lo que no dice el gobierno PSOE-C’s es que estos créditos, que pagaremos todos los andaluces, servirán para seguir costeando sus gastos faraónicos, juergas y demás prebendas con las que los partido del Régimen español compran el consenso y la paz social del país andaluz.

Carlos Ríos para La Otra Andalucía

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *