El PP pretende que se sufrague la educación privada en Andalucía con dinero público

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El PP en Andalucía exige más centros privados financiados con dinero público, aunque estudiar primaria en un centro concertado cuesta el doble que en uno público

El diagnóstico del PP es que Andalucía tiene “un gravísimo problema educativo” y su remedio es “ampliar la oferta de centros concertados, ya que hay padres y madres que demandan más aulas en este tipo de centros”.

Son palabras del presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que este lunes hacía de nuevo una encendida defensa de la “gran labor educativa y social que realizan los docentes y los centros de la educación concertada”, pero no tenía ni una palabra de reconocimiento para los centros públicos.

De la mano con Ciudadanos

El presidente del PP exponía sus opiniones a los periodistas tras reunirse en la sede del partido con patronal y representantes de la educación privada y concertada, entre ellos la Plataforma Mis Padres Deciden, CONCAPA, CECE Andalucía y FAPYME.

Pero el PP no está políticamente solo en esta ofensiva. La semana pasada, el grupo parlamentario de Ciudadanos, aliado del PSOE, presentó una proposición no de ley en la que pide que la Junta mantenga las unidades en los centros públicos y concertados que han sufrido reducción de demanda y que solo se puedan suprimir en casos de “demanda mínima”.

El parlamentario naranja José Antonio Funes  recalcaba que “la enseñanza concertada no es subsidiaria sino complementaria” y defendía que su iniciativa “recoge el sentir de las asociaciones más representativas del sector que además encajan perfectamente con el ideario de nuestro partido”.

¿Cierre de aulas?

La defensa a ultranza de la educación privada pagada con fondos públicos es recurrente en el PP. En diciembre pasado, su portavoz Elías Bendodo alertaba de que Junta de Andalucía quería “cerrar aulas” en colegios concertados, creando así incertidumbre en 325.000 familias y 20.000 profesores que trabajan en estos centros escolares “y que se pueden encontrar en septiembre, al inicio del curso, con que Susana Díaz decida que no van a su colegio sino al público de al lado”.

Ayer, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, se mostraba “asombrada” por el temor manifestado días atrás por la enseñanza concertada y reiterado ayer al líder del PP. “Todos y cada uno” de los conciertos vigentes en la actualidad se mantendrán, dijo De la Calle, acusando al PP de “deteriorar la imagen de un perfecto sistema educativo en cuando a proporcionalidad entre enseñanza pública y concertada”.

La ideología, la eficacia y el BBVA

Bajo el lema de “menos ideología y más eficacia”, Moreno pidió a la Junta que amplíe los convenios con la educación concertada en respuesta a la demanda existente.

La apelación de Moreno a la ‘eficacia’ de la inversión en educación concertada frente a una educación pública cuya defensa sería meramente ‘ideológica’, se da de bruces con los datos: que un niño estudie primaria en un centro público supone un coste de 831 euros al año, mientras que si lo hace en un centro concertado la factura se duplica (1.662 euros) y se cuadruplica si la elección es un centro privado sin concierto (2.899 euros).

Tales cifras no provienen precisamente de propagandistas sindicales o izquierdistas irredentos: están contenidas en el informe ‘Cuentas sobre la Educación de España 2000-2013’, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y presentado en marzo de 2016.

Las cifras de la educación

El dirigente de los ‘populares’ andaluces se escudó, para hacer su petición, en “el respeto al derecho constitucional de los padres y madres a elegir libremente el modelo educativo” que prefieren para sus hijos: “Debe respetarse la diversidad de modelos y la libre elección de padres y madres”.

Moreno Bonilla no habló de cifras, pero el documentado informe de la Fundación BBVA sí lo hace: la educación ha pagado los platos rotos derivados de cuadrar las cuentas públicas en España. En seis años (2008-2014), el dinero público destinado a esta materia, gestionado por las comunidades autónomas, se redujo de 46.227 a 39.794 millones, un ajuste de 6.433 millones de euros.

Al mismo tiempo, los recursos para educación procedentes de las instituciones privadas, concertadas o no con las administraciones públicas, pasaron de 22.293 a 29.668 millones de euros, lo que representa un incremento de 7.375 millones en ese sexenio analizado.

Duro golpe a las familias

“La financiación pública para centros públicos cayó antes y con más intensidad que la destinada a centros privados, que ha bajado menos”, aseguraba entonces Francisco Pérez, director de la investigación,  que también recordó que el hecho de que uno de cada tres alumnos estudie en centros privados o concertados “ha sido un duro golpe para la renta disponible de las familias, en especial para las que menos recursos tienen”, que han tenido que asumir un gasto extraordinario.

Como se sabe, lo habitual en los centros concertados es que las familias tengan que pagar una determinada cuota, camuflada administrativamente con diversas fórmulas y eufemismos, lo cual supone una barrera económica infranqueable para muchas familias.

(Fuente: andaluces.es /Autora: Josefa Rozalén)

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