La juez de la AN envía a juicio a los 9 jóvenes de Altsasu por delito de “terrorismo”

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La juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela ha concluído el sumario contra nueve de los jóvenes de entre 19 y 24 años acusados por la trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu y les atribuye un delito de “terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio”.

La magistrada ha elevado las actuaciones a la Sala que será la encargado de dictar, si procede, la apertura del juicio en su contra por delitos de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio, ilícitos penales por los que se podría enfrentar a más de 15 años de cárcel.

En un auto fechado el día 1 de este mes de febrero, contra el que no cabe recurso y que ha dictado apenas dos días después de que más de 200 juristas y profesores universitarios del Derecho hayan cuestionado su actuación, la juez Lamela recuerda que el sumario seguido en la Audiencia Nacional se incoó por los presuntos delitos de atentado a agente de la autoridad, lesiones, de provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos y terrorismo.

Fue la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) la que alteró el desarrollo de los acontecimientos, ya que los hechos ya habían comenzado a ser investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona por los delitos de atentado a agente de la autoridad y lesiones, ilícitos por los que fueron imputados los dos únicos jóvenes detenidos en primera instancia por la Policía Foral, que quedaron en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

Sin embargo, la denuncia de Covite y las posteriores investigaciones de la Guardia Civil, que en su primer informe sí atisbó un delito de odio pero nunca de terrorismo, ampliaron el número de investigados a nueve jóvenes de Alsasua, en base a las identificaciones realizadas por los propios denunciantes, siete de los cuales fueron enviados a prisión por orden de la juez Lamela. Cuatro de ellos, no obstante, fueron puestos en libertad con posterioridad a raíz de los recursos de la defensa. Además, otros dos menores también fueron identificados por los denunciantes como supuestos participantes en los hechos, por lo que sus causas fueron remitidas al juzgado correspondiente.

Ahora, “practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que han tenido los procesados y las circunstancias que en su comisión han concurrido, y no hallándose indicada ninguna otra”, la juez considera que es pertinente finalizar el sumario, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y elevarlo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para su reparto y apertura de juicio oral, emplazando a las partes a tal efecto.

Rutinas de “hostigamiento”

Lamela enmarca la agresión en las rutinas de “hostigamiento” a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos, y que opera en el municipio navarro. “Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”, dice.

Considera que “actualmente cuentan con el apoyo de Bildu, Sortu y Ernai”. De hecho, concreta que en la localidad de Alsasua a este movimiento se le conoce como Ospa Mugimendua y tuvo su origen en marzo de 2011, cuando se creó la denominada “Comisión Antirrepresiva de Alsasua” que ha venido desarrollando diferentes actividades. Cuatro de los arrestados se encuentran entre sus principales promotores.

El colectivo busca, según la juez, “influir en la vida de los miembros de la Guardia Civil para que se sientan objetivo de grupúsculos violentos y tengan dificultades para realizar sus actividades diarias, tales como realizar sus compras, disfrutar del tiempo libre con sus parejas o apuntar a sus hijos a actividades, instando a otros ciudadanos a evitar ningún vínculo afectivo con ellos”. Quien incumple estos preceptos “es tildado de afín al Instituto Armado y puede también convertirse en objetivo”.

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Manifiesto de rechazo a calificar de “terrorismo” la trifulca de bar

Más de un centenar de personas del ámbito cultural y social han firmado un manifiesto en el que demandan “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo” en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua y han pedido que en este caso “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad”.

El manifiesto ha sido apoyado, entre otros, por el forense Francisco Etxeberria, el presidente de honor de Aralar y abogado Patxi Zabaleta; el filósofo y miembro de Geroa Bai Daniel Innerarity; el exdiputado de Amaiur Sabino Cuadra; el expresidente del PNV en Navarra José Antonio Urbiola; o la parlamentaria de Podemos Tere Sáez, además de diversos periodistas.

También se han adherido al texto, desde el mundo de la cultura, los músicos Benito Lertxundi, Olatz Zugasti, Fermín Muguruza, Aurora Beltrán, Enrique Villarreal ‘El Drogas’, Fermín Valencia y Enrique Zelaia; los cineastas Nacho Vigalondo, Helena Taberna, Telmo Esnal y Borja Cobeaga; así como el pintor Xabier Morras.

Además, han suscrito el manifiesto distintos escritores y ‘bertsolaris’ como Zoila Berastegui, Tere Irastortza, Pako Aristi, José María Espartza o Aingeru Epaltza, además de los deportistas Aitor Zubieta, Joseba Ezkurdia, Oinatz Bengoetxea y Abel Barriola.

El manifiesto ha sido dado a conocer en una rueda de prensa celebrada en Pamplona ayer (foto adjunta) en la que han estado presentes dos de las madres de los jóvenes de Alsasua procesados por su presunta implicación en la agresión, Edurne Goikoetxea e Isabel Pozueta, quienes han expresado su “sincera gratitud por todas las muestras de apoyo y solidaridad” que han recibido.

Tras lamentar que sus hijos llevan “81 días en la cárcel de Soto del Real a más de 400 kilómetros” de Alsasua, han pedido que “vuelvan a casa cuantos antes” y han demandado que “la instrucción” del caso “se devuelva al juzgado natural”, en Navarra.

Las madres de los jóvenes han sido preguntadas por la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de elevar el caso a la Sala, tras concluir el sumario en el que atribuye a los vecinos de Alsasua un presunto delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio, y han señalado que estudiarán esta decisión, que han conocido durante la rueda de prensa. En cualquier caso, han afirmado que seguirán con su “planteamiento” y han destacado que “esperan demostrar” que “no” existe un delito de terrorismo en lo sucedido.

El periodista Juan Kruz Lakasta y la escritora Zoila Berastegui han sido los encargados de dar lectura, en euskera y castellano, al manifiesto suscrito por 130 personas del ámbito cultural y social en el que muestran su “preocupación” por “el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso, desde un compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho”.

También expresan su “preocupación” por “la publicación de las identidades de los jóvenes, dos de ellos menores de edad”, y por “la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar”. “Se les ha negado el derecho al juez natural y las garantías procesales han quedado en entredicho”, sostienen.

Por otra parte, los firmantes del texto trasladan su “preocupación” por “la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo” y afirman que “la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger”.

En su opinión, “si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos” y advierten del “perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes”.

Por todo esto, piden que “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad”, así como “la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona y la consiguiente puesta en libertad de los jóvenes”.

A la vez, solicitan a las autoridades competentes, Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra, que “reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado”. Los impulsores del texto seguirán recabando apoyos al texto.

Al término de la lectura del manifiesto, ha tomado la palabra el acordeonista Enrike Zelaia, uno de sus firmantes, quien, a título personal, ha considerado que lo ocurrido en torno a la agresión en Alsasua responde a “una nefasta gestión política del Estado español para que no desaparezca ETA”.

“Al Gobierno español y a muchos españolistas les aterra que ETA desaparezca. Quieren crear un sucedáneo etarra que les proporcione la rentabilidad política que lograban cuando ETA estaba en acción”, ha señalado.

Sortu exige su puesta en libertad

Sortu ha exigido la puesta en libertad de los jóvenes que siguen encarcelados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua y ha instado al cierre de “este montaje que nunca debió llegar a la Audiencia Nacional”.

En un comunicado, Sortu entiende que la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de concluir el sumario atribuyendo delito de terrorismo a estos jóvenes es “una aberración judicial”.

“Todo vale para sabotear la paz y la normalización política. En este caso, de un altercado a altas horas de la noche se ha fabricado un sumario donde los imputados pueden acabar con largas condenas por delito de terrorismo”, destaca Sortu, que califica este proceso como “una auténtica barbaridad”.

Tras resaltar que este caso y “otros muchos en diferentes ámbitos” demuestran que el Gobierno del PP y la Audiencia Nacional “se están comportando como auténticos enemigos de la paz”, Sortu asegura que hará “todo lo que esté en su mano para alcanzar un escenario de paz completa”.

“La mayoría de la sociedad vasca está a favor de la paz y de una solución definitiva del conflicto político y Sortu redoblará sus esfuerzos con tal fin”, asevera la formación abertzale

(Fuentes: naiz info /Deia / Noticias de Gipuzkoa / Orain noticias / Diario Vasco)

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