Galiza: nueva marcha de “que voltem para a casa” por la libertad de los presos políticos galegos

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“Que voltem para a casa” ha organizado una marcha que recorrerá las prisiones en Madrid, Toledo y León a las que han sido dispersados los presos independentistas galegos. Esta es la undécima marcha convocada por “Que voltem para a casa”.

De Santiago de Compostela y Vigo hasta Valladolid, León, Madrid y Toledo en una marcha de más de 1.500 kilómetros. La asociación Que voltem para a casa!, formada por familiares y amigos de presos y presas independentistas gallegos, saldrán en marcha los próximos días 3 y 4 de febrero para denunciar la política de dispersión penitenciaria.

“Uno de nuestros objetivos es acabar con la dispersión penitenciaria, una medida que se aplica sistemáticamente a los presos y presas gallegas independentistas”, explica Cristina Rodríguez Ramos, miembro de la asociación que organiza esta marcha desde hace once años. Desde Que voltem para a casa! han lanzado una campaña de micromecenazgo en Verkami con el objetivo de conseguir 3.500 euros con los que financiar los gastos derivados de la marcha.

El día 3 de febrero, una columna partirá en autobús desde Santiago de Compostela hasta Lugo. De allí continuará hasta la prisión de Villanubla, en Valladolid, y después a Mansillas de las Mulas. Ahí se encontrará con otra columna que partirá desde Vigo el día 4 y que pasará también por las prisiones de Estremera (Madrid) y Ocaña). Más de 1.500 kilómetros de marcha que suponen una pequeña muestra de las largas distancias que familiares y amigos de presos se ven obligados a realizar cada fin de semana para poder ver a sus seres queridos. La asociación Que voltem para a casa! cifra en 272.892 los kilómetros recorridos durante 2016 para poder visitar a los cinco presos independentistas galegos y en cerca de 36.000 euros el gasto que supuso abarcar este recorrido

“Queremos llevarles nuestro apoyo, que vean que estamos ahí y seguimos peleando porque se cumplan sus derechos, pero también denunciar esta situación. Vamos a recorrer muchísimos kilómetros en un día, y es la distancia que tienen que recorrer cada fin de semana la familia y amigos de estas presas y presos”, continúa Cristina, quien también denuncia las violaciones de derechos sufridas durante todo el proceso seguido contra estas personas, “desde que los detienen, con detenciones incomunicadas, secreto de sumario –que limita su derecho de defensa efectiva– y el papel de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción, hasta la dispersión y el régimen de vida al que son sometidos, en primer grado y FIES”.

En 2013, la Audiencia Nacional dictó la primera sentencia que contemplaba la existencia de un grupo armado independentista operativo en Galicia, a pesar de que nunca se ha dado un atentado o ataque que pusiera en peligro a personas. Desde entonces se cuentan al menos seis personas condenadas con penas de entre seis y 18 años de cárcel, y nueve personas más imputadas en el marco de la operación Jaro. La asociación Que voltem para a casa! denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la vulneración de derechos de los presos independentistas galegos durante su juicio en la Audiencia Nacional y reclamó la revisión de la condena, pero esta petición fue desestimada.

(Fuente: Diagonal)

“Están cerrando el debate del independentismo galego a machetazos”

(Nota de La Otra Andalucía: Esta entrevista fue realizada el pasado mes de marzo y publicada en su momento. La volvemos a reproducir por su interés para comprender mejor la situación y su contexto)

Hablamos con Joám Peres, uno de los miembros de Causa Galiza acusados de enaltecimiento e integración en organización terrorista en el marco de la operación Jaro. El 30 de octubre, la Guardia Civil, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, detuvo a nueve miembros de la formación política Causa Galiza, a punta de metralleta, acusados inicialmente de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Días después, el juez ordenó la suspensión cautelar de las actividades de Causa Galiza, a la que relaciona con Resistencia Galega, e imputa genéricamente a los nueve detenidos delitos de enaltecimiento y de integración en banda armada.

El escrito de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Diagonal, sin embargo contempla como indicios de “hechos delictivos” que motivaron la operación Jaro ser dinamizadores de la organización Espaço Irmandinho-OLN –plataforma independentista galega–, participar en asambleas de la propia Causa Galiza o en el acto del Día de Galiza Combatente de 2014 –uno de los principales eventos organizados por Causa Galiza– y compartir en redes sociales contenidos relacionados con la misma formación política. ¿De qué organización armada formarían parte? Según el escrito de la Guardia Civil, Causa Galiza. ¿Armas? Ninguna. Hablamos con Joám Peres, responsable legal de Causa Galiza y uno de los imputados en el marco de la operación Jaro.

Os acusan de integración en grupo armado, pero en el texto de la Guardia Civil sólo se se citan como indicios vuestra participación en las jornadas del Día de Galiza Combatente y en tareas en la propia Causa Galiza

A cada uno de nosotros Eloy Velasco nos imputa actualmente “integración en banda armada” y participación en actos de “enaltecimiento del terrorismo”, y decreta la suspensión de actividades de la organización, primero por dos años, y después por uno, prorrogable. A nivel práctico es una ilegalización porque prohibe la vida orgánica, el trabajo político en la calle, la participación en y la organización de actos públicos, etc. Es nuestra muerte civil y política como organización. La imputación de supuestos delitos de “enaltecimiento del terrorismo”, que es una tipología legal totalmente elástica, como estamos comprobando, es el clavo ardiendo al que se agarran Velasco y la Guardia Civil para articular este montaje político.

A raíz de la operación Jaro, muchos medios han incidido mucho en que Causa Galiza surgió a a raíz de que los tribunales tacharan a Resistencia Galega de una organización terrorista

Esta es una de las manipulaciones más burdas del caso. Fue repetida a coro por la práctica totalidad de los medios. Quien conozca mÍnimamente los hechos sabe que Causa Galiza se constituyó en 2007. La sentencia de la Audiencia Nacional que dictamina que hay una organización armada actuando en nuestro país [en referencia a Resistencia Galega] es de septiembre de 2013 y fue recurrida a Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la indefensión de los procesados.

¿Cuáles son los orígenes de Causa Galiza?

En el 2007, gobernando en Galiza el bipartido PSOE-BNG, y el PSOE en el Estado español, se abre la posibilidad de un proceso de reforma estatutaria. En este momento, por un lado está un nacionalismo mayoritario de vocación autonomista que apostó por la reforma, liderado por el BNG, que reivindica un Estatuto de Nación y la “plurinacionalidad” del Estado español. Por otro, un universo independentista atomizado en organizaciones políticas y sociales. En esta coyuntura, se plantea la posibilidad de construir una unidad de acción puntual entre los sectores que rechazan y denuncian el marco autonómico y reivindican el ejercicio unilateral del derecho de autodeterminación. Éste es el origen de Causa Galiza, con la idea básica de denunciar la reforma del marco estatutario, socializar la necesidad que tiene nuestro pueblo de plena soberanía política y explicitar que ningún amaño o reforma de la Constitución española satisfará nuestra necesidad de poder político para decidir sobre nuestro territorio, recursos, condiciones y relaciones laborales, fiscalidad, etc.

Causa Galiza, hasta ahora, nunca se había presentado a elecciones, ¿os planteábais presentar candidatura en las próximas elecciones regionales?

No teníamos aún decisiones en firme. Cuando Eloy Velasco da luz verde a la operación policial, nosotras y nosotros estabamos planificando una campaña larga en el tiempo para socializar la necesidad de la independencia para nuestro país. Esta iniciativa política pretendía incidir en el debate que hoy está abierto en el campo nacionalista sobre estrategia y perspectivas, y en ese paquete estaba también la hipótesis de concurrir a las elecciones en la Galiza administrativa, como una forma más de lucha y con la misma perspectiva: fortalecer el músculo independentista en nuestro país, fortalecer la organización e incidir en el debate. La actuación policial, las detenciones e imputaciones y la ilegalización de hecho tiraron por tierra este esquema.

¿Consideráis esta operación como una nueva criminalización de opción independentista que vaya por la vía institucional?

Naturalmente. Criminalización que ya viene desde siempre y, sobre todo, tentativa de liquidarnos como opción política. El derecho a existir del independentismo galego politicamente organizado es lo que ahora está en cuestión. La Guardia Civil sabe perfectamente que aquí no hay armas, ni “organización terrorista”, ni las fantasías que reprodujeron los medios al toque de trompeta del Ministerio de Interior. Sabe que somos personas que militamos a la luz del día, y en la legalidad, porque los servicios de inteligencia hacen su trabajo de seguimiento sistemático de nuestra actuación política. La Operación Jaro lo que viene es a cuestionar la posibilidad de que en este país exista independentismo activo políticamente organizado, con estrategia propia, y trata de imponer un estado de excepción no declarado a la militancia independentista galega y colocar sobre nuestras cabezas la espada de damocles del delito de opinión. Lo que tratan es de reducirnos a un “problema de orden público”, rodearnos con un cinturón sanitario que nos aisle socialmente y tratar lo que es un problema político con represión, criminalización mediática y cárcel.

En este momento actual, con el Procés de Catalunya, con la salida de prisión de Arnaldo Otegi, con las negociaciones de cara a un posible pacto de Gobierno, se ha reabierto el debate sobre el modelo territorial

El debate sobre el modelo territorial del Estado español y sobre el estatus jurídico-político de las naciones que lo integran de manera no voluntaria ni democrática nunca se cerró, pero hoy está abierto en canal. Su existencia es la prueba misma del fracaso del “café para todos” y de la tentativa de la oligarquía española de abortar los procesos de liberación nacional en curso, pero también demuestra el éxito de los independentismos para impedir que esta cuestión se cerrase en falso como pretenden desde 1978.

En nuestro país, existe hoy una conciencia muy extendida en los sectores nacionalistas de que la vieja vía estatutaria, si existió algún día realmente, está muerta, y de que no existe ningún “encaje cómodo” posible para Galiza en el Estado español. El autonomismo como perspectiva estratégica está clausurado, es ya una percepción común afirmar que la gestión del marco existente no ofrece soluciones y el único horizonte posible para nuestra cuestión nacional y social es la constitución de nuestro propio Estado al servicio de la mayoría social.

Es probable que la planificación estratégica española sea consciente de esta realidad, del avance cuantitativo del independentismo entre una juventud galega condenada al desempleo y la emigración, de los peligros que supone esto a medio y largo plazo, y por eso haya decidido actuar. ¿Cómo? Con la receta tradicional: tolerancia y promoción de opciones y prácticas autonomistas y reformistas, y criminalización y represión de los sectores rupturistas que se salgan del cauce. Nosotros valoramos la represión absolutamente desproporcionada que enfrentamos ahora como aquello que decía Galeano de “arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba”. Nosotras y nosotros somos esas pequeñas hierbas que aspiran a crecer y fortalecerse. Para el Estado español y sus brazos ejecutores, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, Galiza sólo puede ser una fuente de energía, recursos y mano de obra barata. Tratar de abrir outro horizonte distinto de este para nuestro país activa la represión.

¿No crees más probable que la causa se desinfle?

Es una posibilidad, claro. Pero no sabemos lo que sucederá. Primero, porque estamos ante un tribunal de excepción sucesor del TOP fascista. Como aquel, este actúa movido por un impulso político muy fuerte y por tanto pensamos que el contexto político será más decisivo a la hora de determinar cómo se resuelve nuestra causa que los aspectos puramente técnicos o jurídicos. Hacer predicciones, a la vista de estas circunstancias, es un tanto especulativo porque no se trata de una cuestión estrictamente judicial.

Lo que sí nos parece claro es que aquí se va, utilizando distintos métodos e intensidades, a por aquellas opciones que defiendan un horizonte de soberanía nacional para nuestro pueblo. Nos parece muy sintomático que dos dirigentes de una organización como el BNG, como su ya exportavoz nacional Xavier Vence y el exsecretario de Organización Bieito Lobeira, fuesen citados en la proceso por reunirse com nosotros en alguna ocasión e interrogados sobre la relación política que mantuvieron con Causa Galiza. La Guardia Civil pretende pintarle en el suelo las lineas rojas al nacionalismo galego y prefijar las márgenes en las que se puede mover. A nosotras, como comentaba, seguimientos, multas, juicios, patada en la puerta, registros, conducciones a Madrid y experimentación de metodologías represivas que, mañana, serán aplicadas a otros sectores. El independentismo se lleva la palma en materia de represión política, pero la militancia nacionalista también está bajo la lupa y no es ajena a estas prácticas que pretenden negarnos cualquier futuro como pueblo.

(Fuente: Diagonal / Autor: Ter García)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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