Carmona: Cientos de jornaleros investigados por no pagar sus cotizaciones el empresario

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Más de 580 jornaleros de Carmona (Sevilla) están siendo investigados después de que el empresario para el que trabajaban dejara de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. La Guardia Civil ha subrayado en su nota de prensa que el 90% de las jornaleras investigadas son “amas de casa”. “No se han tomado la molestia ni de mirar la vida laboral de estas jornaleras”, señalan desde la Plaraforma de Afectados por el PER.

La empresa dejó de pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Han tenido que devolver prestaciones cobradas. Y ahora se enfrentan a una investigación por supuestos delitos que podrían conllevar penas de hasta tres años de prisión. Así es la historia de cientos de jornaleros en Carmona (Sevilla).

“Están mezclando a los verdugos con las víctimas”, señala David Pérez Ramos, portavoz de la Plataforma de Afectados del PER –formada por los trabajadores afectados– y miembro del sindicato Co.bas, que forma parte de esta plataforma. Ayer la Guardia Civil detuvo a Jesús E.H., administrador de la finca Agrícola Espino, dedicada a la explotación del melocotón y la nectarina, ubicada en Carmona (Sevilla). Le acusan de haber defraudado más de 600.000 euros a la Seguridad Social. Sin embargo, la nota de prensa difundida por la Guardia Civil ataca también a 586 trabajadoras de esta explotación agrícola, a las que acusa de estar en “connivencia” con el empresario y al que, según la Benemérita, habrían pagado entre 15 y 20 euros por peonada por tener acceso a prestaciones como la del SEP. La nota del cuerpo destaca que en un 90% eran “amas de casa”.

“No tenemos constancia de dónde lo han sacado, no han hablado con los jornaleros”, afirma Pérez sobre el supuesto pago por las peonadas por parte de los trabajadores. “Hay un intento de vincularnos con la empresa. No hemos pagado por cobrar prestaciones, quien no ha pagado a la Seguridad Social es la empresa”, continúa Pérez, quien añade que el planteamiento de que la mayoría de jornaleras afectadas son amas de casa “es para echarse a llorar. Sí son amas de casa, pero también trabajan fuera, no es contradictorio. No se han tomado la molestia ni de mirar la vida laboral de estas jornaleras, que llevan trabajando en el campo desde los 16 años”.

El caso de estos cientos de jornaleras y jornaleros se remonta al año 2010, cuando esta empresa y otra denominada Baena Franco dejaron de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de unas 2.000 personas que trabajaban en sus tierras. “El SEPE decidió responsabilizar a los trabajadores bajo el argumento de que había connivencia con el empresario”, explica Pérez, que señala que se los jornaleros se enteraron de la deuda con la Seguridad Social cuando, a principios de 2015, el SEPE congeló sus prestaciones.

“Nosotros hemos ido a trabajar como cualquier trabajador del campo, pero la Administración lo que hizo fue declarar la empresa como parcialmente ficticia a partir de un informe de Asaja, del que sacaron una parte descontextualizada que citaba que el trabajo del melocotón se realizaba entre mayo y junio, como si en el resto de tiempo no hubiera trabajo, y el trabajo del melocotón se realiza durante todo el año”, explica Pérez.

Las jornaleras y jornaleros, de los que muchos habían trabajado en la empresa durante un año, se encontraron con la obligación de devolver importes de prestaciones de hasta 2.500 euros, otros incluso más. “Sin derecho a defendernos, sin abrirnos audiencia y sin pruebas, decidieron castigarnos y nos hicieron devolver las prestaciones cobradas”, continúa Pérez, que apunta que este caso ha hecho mucho daño en unos sectores sociales más empobrecidos. Todos los ayuntamientos de la comarca y la Diputación de Sevilla se posicionaron de parte de los trabajadores, aprobando mociones con las que pedían que se les devolvieran las prestaciones.

Los jornaleros de Agrícola Espino, organizados en la Plataforma de Afectados del PER, presentaron más de 200 denuncias contra el SEPE ante la congelación de sus ayudas. Pérez explica que, en la mayoría de las sentencias, los juzgados de lo Social evitaron cuestionar la certeza del acta de inspección por las que se congelaron las prestaciones. “Les dieron un plus de veracidad a la Administración”, apunta. Sin embargo, en el caso de cerca de 40 denuncias, los juzgados de lo Social señalaron que el acta de inspección estaba mal realizada. “Lo cierto es que no aparece en el acta de infracción, más allá de suposiciones, conjeturas y datos genéricos (…), las conclusiones alcanzadas por Inspección de Trabajo no tiene su base en datos ciertos e inequívocos de los que pueda deducirse la existencia de una actuación fraudulenta encaminada a la obtención de unas prestaciones en la Seguridad Social”, explica la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla en mayo de 2015.

A día de hoy, todos los procesos están en recurso, en espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se pronuncie sobre si el bloqueo de las prestaciones de estos jornaleros fue o no legal.

Mientras, la Guardia Civil ha continuado investigando al empresario, pero también a los trabajadores. “Nos enteramos de que el administrador de la finca había puesto la tierra a nombre de su hijo y se declaraba insolvente, así que la administración ha decidido ir a por los trabajadores”, apunta Pérez. La nota de prensa difundida por la Guardia Civil señala que, desde julio de 2016, comenzó la investigación sobre los jornaleros.

Ahora, además de la devolución de las prestaciones, más de 500 jornaleras y jornaleros se enfrentan a un proceso penal que podría suponerles penas de entre 3 meses y tres años de cárcel, además de la prohibición de recibir prestaciones durante entre cinco y ocho años y al pago de hasta seis veces la cantidad supuestamente defraudada. Los cargos derivan de la reforma del Código Penal impulsada en 2013 por Alberto Ruiz Gallardón, durante su etapa como ministro de Justicia, con la que se convertía en delito penado con cárcel el fraude a la Seguridad Social, antes considerado como infracción administrativa-

(Fuente: Diagonal)

La Guardia Civil de Sevilla da por finalizada las investigaciones

La Guardia Civil de Sevilla dio por finalizada el pasado lunes la llamada “Operación Meloconecta”, que ha supuesto la detención del dueño de una empresa agrícola, con sede social en Tocina, por un delito de fraude a la hacienda pública. La Administración le reclama 614.440 euros de las cuotas a la Seguridad Social que debió pagar por sus trabajadores. Según la información ofrecida por el Instituto Armado, este empresario no ha cumplido desde el año 2010 con ninguna de las obligaciones impositivas con la Agencia Tributaria.

La sociedad bajo sospecha se llama Agrícola Espino S.L.U., cuyo administrador es Jesús E. H., detenido y puesto en libertad con cargos. La Guardia Civil confirma que también está siendo investigado su hijo. La empresa, dedicada a la producción y recolección de melocotón y nectarina, tiene una explotación agrícola en Carmona.

Según la Guardia Civil, una inspección realizada conjuntamente con funcionarios pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo, detectó posibles irregularidades fiscales que dieron lugar a la apertura de una investigación policial más amplia. Dichas pesquisas revelaron que “el modus operandi de la empresa respecto a la contratación del personal, era tramitar altas y bajas masivas de trabajadores declarando muchas más jornadas de trabajo que las necesarias para la explotación de la finca, incluso en periodos no productivos”.

Interrogatorios en verano

Fue en ese momento cuando la Guardia Civil comenzó a indagar en los trabajadores que constan en los archivos de la empresa. En total han sido investigados 585 jornaleros, que según los funcionarios policiales podrían haber pagado al empresario entre 15 y 25 euros por peonada para acceder a prestaciones por desempleo como el PER. Según el comunicado del Cuerpo Benemérito, el 90% eran amas de casa y también hay familias completas en la que todos sus miembros habrían cobrado irregularmente ayudas.

Los investigados pertenecen en su inmensa mayoría a municipios de la comarca de La Vega y están aglutinados en una plataforma de afectados en la que está presente el Sindicato de Comisiones de Base Co.bas. ABC se ha puesto en contacto con un portavoz de este colectivo, David Pérez, quien ha confirmado que los trabajadores comenzaron a ser citados en calidad de investigados por la Guardia Civil a partir de julio.

Por ahora han tenido que hacer frente a la devolución de las ayudas y la pérdida del derecho a solicitar el subsidio para mayores de 52 años, ya que mientras se desarrollaban las investigaciones de la Guardia Civil, el Servicio Público de Empleo resolvía la vía administrativa sancionando a los trabajadores. “Estamos hablando de una media de 2.500 euros que ha devuelto cada jornalero por culpa de la mala praxis de un empresario. Los trabajadores estamos pagando el agujero en la hacienda pública que ha ocasionado la empresa”. David Pérez señala que esto ha colocado en una situación muy delicada a la economía de centenares de familias que “sólo reciben 426 euros al mes”.

Desde la plataforma niegan las acusaciones que pesan sobre ellos de haber pagado por cobrar el PER. “Tenemos certificados de empresa y pruebas de que se han hecho las peonadas. Que el 90% sean amas de casa es normal. Son trabajadoras del campo que cuando acaban las campañas se quedan en casa porque no hay más faena”.

Además de la vía administrativa, este medio millar de jornaleros está siendo investigado por un delito de fraude de subvenciones. En caso de sentarse en el banquillo y dictarse condena, se exponen a penas de prisión que van de los seis meses a los tres años y a no poder obtener subvenciones ni beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Aunque la investigación policial se ha conocido este lunes, los trabajadores llevan desde hace meses realizando movilizaciones en las que solicitan la anulación de las sanciones. Además están recabando apoyos de ayuntamientos como el de Carmona o el de Osuna, cuyos plenos ha aprobado recientemente mociones a favor del colectivo.

(Fuente: ABC de Sevilla  / Autora: Silvia Tubio)

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