Puerto Real (Cádiz): Se reinicia el juicio contra el matadero animal de la perrera local

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Este martes se ha reanudado en Cádiz el primer juicio iniciado en el Estado Español contra una perrera de Puerto Real. El dueño, el director y un veterinario de las instalaciones se enfrentan a año y medio de cárcel por maltrato animal, al haberla convertido en un matadero donde se acababa con la vida de los animales suministrándoles Miroflex.

Este medicamento es un paralizante neuromuscular que inyectado en perros y gatos les ocasiona una muerte lenta y agónica por asfixia. La protectora de animales El Refugio denunció ante el Seprona que en los ocho primeros meses de 2007 se sacrificaron en la perrera de Puerto Real a 556 animales abandonados mediante esta inyección letal. Pudieron ser muchos más. El objetivo: ahorrar costes y reducir el tiempo de permanencia de los animales en las instalaciones. Este martes se reanuda en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, con la declaración de testigos, uno de los capítulos más importantes de la defensa de los derechos de los animales en España.

En el proceso están acusados el dueño, la directora y un veterinario por un presunto delito de maltrato animal continuado y para cada uno de ellos se solicita al juez año y medio de cárcel. El Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María se encargó de las diligencias previas de este caso, estimando su titular que el dueño y la directora “conocían el maltrato animal que se producía en la perrera de Puerto Real”, e incluso “podría haber existido instrucciones a los veterinarios para utilizar el paralizante muscular para así ahorrar costes”.

La organización proteccionista, que espera una resolución favorable por la vía penal y que está  inmersa en cerca de 100 procedimientos penales, civiles y administrativos en diferentes comunidades, ha venido señalando que en la perrera de Puerto Real se recogían anualmente miles de perros y gatos de varios municipios de la provincia gaditana, los cuales eran presuntamente sacrificados con el mencionado paralizante muscular, que era “inyectado indiscriminadamente” y que ocasionaba una muerte “agónica” por asfixia que podía durar varios minutos en los que el animal estaba consciente. Por su parte, el abogado de la defensa del propietario —que también lo es de la directora—, Felipe Meléndez, ya anunció que pedirá su libre absolución, argumentando que en el juicio “se discute que fueron o no fueron consciente de cómo se llevaba a cabo la eutanasia de los animales por parte de los veterinarios que en su momento estuvieron contratados por la empresa”.

En este sentido, ha añadido que “lo que se está discutiendo si era idóneo o no la forma de llevarse a cabo por parte de los veterinarios la eutanasia de los animales”, ya que ha recordado que “era un centro que entre sus funciones estaba llevar a cabo la eutanasia de los animales”. Si era legal o no la forma de aplicarla, ha manifestado que “lo sabrá el veterinario, que es el que conoce cómo tienen que aplicarse los medios oportunos para llevarla a cabo”. Es decir, Meléndez trata de hacer descansar toda la responsabilidad de los presuntos malos tratos a cientos y cientos de animales en los empleados de la perrera, cuando la instrucción del caso ya estimó lo contrario. De momento, El Refugio ha logrado cerrar el matadero de Puerto Real y poner a sus responsables ante la Justicia. Algo inédito hasta ahora en España.

(Fuente: La Voz del Sur)

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