Marinaleda: Las fincas de los cooperativistas “fuera de la ley” desde el día 1 según la Junta

 

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Juan Manuel Sánchez Gordillo deja pasar el plazo legal para comprar las fincas de Marinaleda. Un nuevo órdago de Sánchez Gordillo a la Junta de Andalucía. Las ocho cooperativas de Marinaleda no han formalizado la compra de las 1.200 hectáreas públicas que ocupan antes de la fecha estipulada para esta operación: el 31 de diciembre de 2016.

A partir del 1 de Enero, las citadas cooperativas están, según la Junta de Andalucía, “fuera de ley”. El Gobierno andaluz tendrá que enfrentarse en 2017 a esta patata caliente, ya que si acepta venderle las tierras fuera de plazo podría interpretarse como un trato de favor para lograr la paz social y, si no lo hace, las cooperativas podrían ponerse en pie de guerra.

La Consejería de Agricultura ha puesto todos los medios para facilitar a las ocho cooperativas de Marinaleda la compra del suelo que ocupan en régimen de concesión desde 1992. Hace quince días les advirtió de que el plazo legal para comprar ese suelo acabaría el 31 de diciembre de 2016, por lo que instó al alcalde de la localidad, Juan Manuel Sánchez Gordillo, a presentar los papeles necesarios para formalizar la adquisición del terreno.

Todos los esfuerzos de la Junta han sido en vano. Las cooperativas, presidida por Juan Antonio Prieto, han hecho caso omiso a su ultimátum. Al día de hoy no han presentado un solo papel para comprar las fincas “Los Moledores”, “Hierbabuena”, “El Ciervo”, “Camilo Cienfuegos”, “Los jornaleros”, “Los compañeros”, “Domingos rojos” y “Tierra, trabajo y libertad”.

El líder jornalero ha declarado a ABC que no han presentado los papeles “porque esa fecha del 31 de diciembre de 2016 no es algo tajante”, restando así importancia al plazo legal para la compra de las tierras. “¿Qué nos puede pasar si no compramos antes de esa fecha?”, se pregunta el alcalde de Marinaleda. La respuesta ya se la dio la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, cuando se reunió con él a mediados de diciembre. “Las cooperativas de Marinaleda quedarán fuera de la Ley si no compran en plazo”, advirtió Ortiz, quien tiene en sus manos la posibilidad de dar por concluida la concesión y ordenar la expulsión de las mismas.

Otra de las consecuencias de estar “fuera de la Ley” es que no podrán pedir las ayudas de la PAC a la Unión Europea, cuestión que no es baladí, ya que desde el año 2000 han recibido 10,2 millones de euros, a razón de 625.000 euros cada año. A pesar de las ayudas ingresadas de la PAC y de que recibieron las tierras con riego preparadas para ser cultivadas, las cooperativas de Marinaleda no han abonado desde 1992 el canon anual que acordó con la Junta por el uso del suelo: exactamente 5,7 millones de euros.

El pasado 30 de diciembre, un representante de las cooperativas se presentó en la Consejería de Agricultura manifestando que están dispuestas a comprar pero sin presentar ni firmar un solo papel. Además, Sánchez Gordillo ya expresó su negativa a comprar las tierras, proponiendo a la Junta que las regalara a una fundación constituida por parados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antiguo SOC), jornaleros y pensionistas. El alcalde de Marinaleda asegura que esa fundación ya está creada y registrada en la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz ha explicado a Sánchez Gordillo que no es posible vender esas tierras a una fundación, ya que la Ley de Ordenación del Sector Público de 2011 otorga ese derecho a los actuales concesionarios de la tierra, no a personas ajenas. De hecho, cuatro cooperativas de Écija en las mismas circunstancias han comprado las tierras en tiempo y forma.

En base a lo que han pagado esas cooperativas astigitanas (10.400 euros por hectárea), las ocho de Marinaleda tendrían que abonar 12,5 millones, a lo que habría que sumar otros 5,7 millones de euros de cánones impagados, lo que haría un total de 18,2 millones de euros. El alcalde de Marinaleda por IU esgrime que esos cánones de explotación han prescrito y que no los pagaron porque la Junta no les giró los recibos. Asimismo, asegura que en caso de que sean expulsados de la tierra la Junta tendría que abonarles más de 12 millones por inversiones hechas en esas tierras.

(Fuente: ABC de Sevilla / Autor: M.J. Pereira)

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Las cooperativas ignoran la entrega de documentación requerida. Desde el 1 de enero pueden ser desalojados

Movimientos de última hora pero incumplimiento del ultimátum dado por el Gobierno andaluz. Este mismo viernes un economista como representante de las cooperativas de Marinaleda (Sevilla) se ha presentado en la Consejería de Agricultura para intentar otra prórroga. El alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo telefoneó horas antes a un alto cargo de la Junta para intentar seguir negociando.

Sin embargo, se han ignorado los requisitos exigidos, no se ha entregado en plazo la documentación exigida para iniciar la compra de las tierras ocupadas y desde el 1 de enero, el Gobierno andaluz se mantiene firme en su aviso: “No hay papeles y han entrado en una situación de alegalidad”. En cualquier momento, sería posible el desalojo, aunque fuentes del Ejecutivo autonómico avanzan que esperarán a que pasen las primeras semanas de enero antes de ninguna medida drástica.

El Gobierno andaluz dio como plazo tope el 31 de diciembre para que Marinaleda pudiera comprar las fincas que explota desde 1992 como fruto de un acuerdo de cesión. Esa finca, El Humoso, perteneció al duque del Infantando hasta 1991 y su concesión se convirtió en una especie de símbolo de la revolución jornalera. Las luchas de los jornaleros y habitantes de Marinaleda, con Sánchez Gordillo al frente, consiguieron la concesión administrativa de esas tierras situadas entre esta localidad y Écija. La ley de reordenación del sector público de 2011 ponía fin a ese régimen de concesión y abogaba por fórmulas para la venta de esas tierras. La reciente ley de agricultura de Andalucía ha puesto además fin al proyecto de un banco público de tierras y ha sacado a la venta las 10.000 hectáreas propiedad del Gobierno andaluz.

Pese a las facilidades del Gobierno, que contempla condiciones especialmente ventajosas para los cooperativistas que han explotado las tierras, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) siguen haciendo oídos sordos y defendiendo que no quieren la propiedad de la tierra sino la creación de un banco público. En una finca cercana en Écija se logró con éxito la venta de las tierras cedidas a los cooperativistas, que lograron un acuerdo de compra en 2011 que lleva a cada titular a pagar 4.000 euros anuales durante 20 años. Se fijó un precio de 10.400 euros por hectárea.

Con Marinaleda no ha sido posible. No hay tasación oficial aún del precio que debería pagarse por esas 1.196 hectáreas que regentan en la actualidad ocho cooperativas, que recibieron las tierras entre 1992 y 1995. Desde 2011 está situación tendría que haber quedado resuelta pero Sánchez Gordillo ha recibido ya varias prórrogas. La última en diciembre de 2015. Ahora, el Gobierno andaluz deja claro que ya no habrá más dilaciones. O acuerdan la compra o serán expulsados. Las tierras se dedican al cultivo de habas, alcachofas, pimientos del piquillo, pimientos morrones y aceite de oliva virgen extra.

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, se reunió a mediados de diciembre con Sánchez Gordillo para tratar de cerrar un acuerdo. En aquella reunión fijó un claro ultimátum. El histórico alcalde de Marinaleda trató de negociar la compra a través de una fundación, no directamente por las cooperativas. De hecho, fuentes de la administración no ocultan su sorpresa porque sea Sánchez Gordillo y no el presidente de las cooperativas quien haya asumido las negociaciones. Ese clima de desconfianza entre los cooperativistas y el alcalde complica aún más la situación.

Otro asunto aún sin resolver es el precio de estas tierras y la deuda pendiente de Marinaleda. En las condiciones de cesión se fijó un canon anual que debían abonar los cooperativistas y que 24 años se ha ignorado. La Consejería de Agricultura fija una deuda de 5,7 millones de euros que deberían añadirse al coste que se estime para las tierras. Sánchez Gordillo advierte de que no hay ninguna deuda pendiente porque la Junta no ha girado los recibos estos años y no hubo constancia de pagos pendientes hasta 2014.

Entre las consecuencias directas de esta situación de “alegalidad” de la cooperativa del Humoso está el fin de las ayudas europeas. Desde la Consejería de Agricultura dejan claro que no podrán seguir recibiendo subvenciones como hasta ahora. Según publicó meses atrás ‘Abc’, estas tierras habrían recibido 9,5 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) desde el año 2000. También la Junta regó con 300.000 euros en subvenciones una fábrica de conservas montada por la cooperativa. El PP interpeló en el Parlamento andaluz a la titular de Agricultura sobre este asunto, preguntándose cómo se le siguió entregando dinero público cuando no cumplían con el pago del canon anual. También se supo en 2012 que el ayuntamiento Sánchez Gordillo no pagaba el agua que se consumía en su municipio (2.748 habitantes) y debía más de un millones de euros al Consorcio de Aguas de Écija.

Sánchez Gordillo, un personaje muy peculiar y que durante años fue diputado andaluz, siempre ha sabido atraer ayudas e inversiones para su municipio. Era fácil verlo en los pasillos de la Cámara al quite de cualquier consejero del Gobierno andaluz para lograr sus propósitos. También en los últimos meses, tras recuperarse de una larga y complicada enfermedad, ha recibido el auxilio de la Delegación del Gobierno en Andalucía para regularizar los números de su ruinoso ayuntamiento ante el Ministerio de Hacienda. Segun datos oficiales, a cierre del pasado ejercicio 2015, el Ayuntamiento de Marinaleda tenía una deuda de 2.441.000 euros, el 140,83% del presupuesto municipal que ascendió a 1.733.251 euros.

(Fuente: El Confidencial / Autora: Isabel Morillo)

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