Los independentistas ven 2017 como crucial en el proceso hacia la República Catalana

Llegó el año 2017. Un año considerado por el movimiento independentista catalán como muy importante, crucial, para que sus aspiraciones a decidir en las urnas sobre la relación de Cataluña con el Estado español se vean hechas realidad, o no. Todo indica a que habrá adelanto electoral de las catalanas si esta consulta no se celebra. Unas elecciones en las que, en el caso de celebrarse, el President Carles Puigdemont no se presentaría como candidato, según ha anunciado recientemente. Puigdemont fechó el referéndum de autodeterminación para el próximo mes de septiembre. En los presupuestos propuestos por el Govern para el próximo año, elaborados por el vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, se reserva una partida de 5,8 millones de euros para esta consulta.

El pasado 23 de diciembre tuvo lugar la cumbre sobre el referéndum convocada por el Govern, una cumbre en la que Ada Colau y “los comunes” se sumaron a hacer campaña por el referéndum, aunque defienden que la consulta sea pactada. Xavier Doménech no duda en pedir ya las elecciones anticipadas. El Tribunal Constitucional ya ha avisado y paraliza el acuerdo del Parlament para la celebración de la consulta. Desde las fuerzas independentistas consideran que los intentos de diálogo de Mariano Rajoy con respecto a Cataluña son “una farsa“. La CUP da el diálogo por terminado. El Gobierno del Estado avisa: no habrá consulta de autodeterminación en Cataluña. Una afirmación que se ve reforzada por la sentencia del Constitucional de Alemania que rechaza que los estados federados puedan celebrar consultas de autodeterminación. Un empujón hacia adelante para el Gobierno, un jarro de agua fría para el Govern.

Voces de ERC, integrada en JxSi, y de las CUP piden un adelanto del referéndum si los tribunales siguen sin dar tregua a la política catalana. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declaró el pasado día 16 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acusada de desobedecer al Constitucional por permitir que la Cámara autonómica votara la hoja de ruta independentista. “Ningún tribunal puede impedir al Parlament debatir sobre la independencia”, aseveró la presidenta de la cámara autonómica ante los medios de comunicación. A este caso se le suman otros muchos, como los encausados por organizar la consulta del 9N en 2014, entre los que se encuentran el ex president Artur Mas, o las que entonces eran consejeras de la extinta CiU, Joana Ortega e Irene Rigau. Este juicio está previsto que se celebre del 6 al 10 de febrero. También se cuentan los más de 400 procedimientos abiertos contra ayuntamientos y representantes municipales catalanes.

Un factor determinante para el proceso independentista catalán, y para que continúe la legislatura en el Parlament y no se convoquen elecciones anticipadas, es la aprobación de los presupuestos de JxSi por parte de la cámara catalana. Una fecha clave para ello es el 28 de enero, cuando se reunirá la dirección de la CUP para decidir si apoyarán o no las cuentas. El debate en el Pleno sobre los presupuestos está previsto para los días 8 y 9 de febrero, es decir, para la misma semana que el juicio a Mas. La CUP votó a favor de la tramitación de los presupuestos, pero no se han cansado de repetir que las cuentas no son de su agrado. Si no salen adelante las cuentas, esta legislatura podría estar tocando su fin.

Todo esto hace que, dependiendo, además, de la relación y negociaciones que mantenga el Gobierno del PP con el Govern de JxSí, se abran distintos escenarios de cara al año 2017. JxSi y la CUP ya han pactado la ley de Transitoriedad Jurídica, en la que se reconoce a Cataluña como una “república de derecho, democrática y social”. Los servicios jurídicos del Parlament avisan de que esta ley puede ser declarada contraria a la Constitución. Desde el Gobierno parece que, con la designación como responsable de estos temas de Soraya Sáenz de Santamaría, y otros gestos como la nominación de Enric Millo como delegado del Gobierno en Cataluña, se quiere favorecer el diálogo. Los independentistas ven palabras vacías y pocos hechos en este cambio de talante. El propio Junqueras, en una entrevista con este medio, aseguraba: “Es evidente y parece seguro que desde el Gobierno harán lo posible para impedir que la voluntad democrática de los ciudadanos de Cataluña se concrete como los ciudadanos de Cataluña decidan. También es evidente que nosotros haremos todo lo posible para conseguir todo lo contrario”. En este contexto, cuartopoder.es habla con los principales responsables de las organizaciones independentistas más importantes: Jordi Sánchez, presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC); Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural; y Neus Lloveras, presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

“El 2017 será el año donde habrá que resolver democráticamente este conflicto que desde hace unos 10 años se plantea con toda su viveza, ya sea porque la Generalitat ponga las urnas en septiembre o porque algún tribunal, o el Estado, acelere el referéndum a antes del verano”, valora Jordi Sánchez, que añade: “Con la aprobación de las leyes de desconexión, el referéndum y la movilización constante de la sociedad civil creo que terminaremos 2017 como ciudadanos de una república catalana”. “No nos detendremos por las amenazas de sanción o inhabilitación de cargos públicos, ni tampoco por la colisión entre una legalidad que se impone en los tribunales y otra que emerge en el Parlament con la legitimidad de una clara mayoría nacida de las urnas el pasado 27 septiembre del 2015″, prosigue el presidente de la ANC.

En la misma línea se expresa Neus Lloveras: “Es un año importantísimo, crucial, después de muchos años en los que la población catalana lleva pidiendo cambios, el 2017 será el año”. La presidenta de la AMI, también alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, considera que el proceso independentista es “un proceso único en el mundo que empezó desde la sociedad civil, para luego dar el salto también a la política y al Parlament y el Govern“. Por su parte, Jordi Cuixart considera: “Es un año crucial para la celebración del referéndum, porque desde el 2010, cuando salió la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, han pasado siete años y la ciudadanía necesita ya soluciones, será un año crucial para este proceso de emancipación nacional y social que estamos viviendo”.

La independencia tomó mucha fuerza como idea política tras la suspensión por parte del Constitucional, en 2010, del Estatut impulsado por el ejecutivo de Pasqual Maragall. A pesar de que algunas voces señalan que volver a poner el Estatut encima de la mesa sería una buena manera de retomar las relaciones entre el Gobierno y el Govern, los independentistas lo tienen claro: o referéndum o referéndum. O referéndum pactado con el Estado o referéndum unilateral. Si no, no quedaría otra: elecciones anticipadas. “Lo del Estatut pasó hace muchos años, ahora la opción pasa por un referéndum, estamos pidiendo ejercer nuestro derecho a expresarnos en las urnas”, describe la presidenta de la AMI, asociación de la que forman parte unas 800 localidades de las cerca de 950 que hay en Cataluña. “Poner de vuelta el reloj en el momento del Estatut previo a la sentencia del Constitucional podría ser visto por muchos como una muestra de buena voluntad, pero si algo se ha demostrado todos estos años es que una cosa son las leyes y otra cumplirlas y, en este sentido, las cartas siempre están del lado del Gobierno, que puede incumplir impunemente las sentencias del Constitucional, mientras acusa a los otros de saltarse las leyes”, dice Sánchez, de la ANC, añadiendo: “Los puntos de partida pueden ser diversos, pero es necesario asumir que esto debe finalizar con la convocatoria de un referéndum”.

Una consulta que el Gobierno estatal intentará impedir por todos los medios y el Constitucional ya se ha pronunciado por su prohibición. “No es posible el referéndum”, insistía Sáenz de Santamaría hace unas semanas. No lo ven así las organizaciones independentistas. “Me gustaría que desde la mayoría que hoy asegura el Gobierno en España (PP, PSOE y C’S) se asumiera que un conflicto político sólo se puede resolver con más democracia, pero me temo que tendremos que ver cómo llevan a cabo actuaciones muy beligerantes, a pesar de que prohibir y perseguir urnas no es la imagen más constructiva que el mundo puede esperar de España”, comenta el presidente de la ANC. “En cualquier caso, el Govern, una mayoría del Parlament y la sociedad civil que ha protagonizado las grandes e históricas movilizaciones estamos dispuestos a llevar el referéndum hasta las últimas consecuencias”, advierte. La ANC ya ha anunciado que movilizará a partir del 15 de enero a 5.000 voluntarios para dar publicidad a los argumentos a favor del sí a la independencia.

De forma parecida a Sánchez se expresan Cuixart y Lloveras. “La voluntad de que todo esto pase por un referéndum con validez y con una pregunta binaria por un ‘sí’ o un ‘no’ sobre la cuestión de la independencia genera un consenso de país más grande que la mayoría independentista o soberanista”, asegura el de Ómnium. “La imagen internacional de que el Gobierno español sacara las urnas mediante las fuerzas de orden público sería una declaración ante el panorama internacional de que el Estado español es un estado demofóbico, yo creo que no van a llegar a ese extremo”, añade Cuixart. Por su parte, Lloveras considera al respecto: “Ningún demócrata del mundo podrá dudar de que es innegable el derecho de dar las herramientas para que una nación vote”. Y añade: “No se pueden aceptar a nivel internacional estas actitudes antidemocráticas”.

A pesar de algunos cambios de talante llevados a cabo por Rajoy en su estrategia de acercarse al Govern para intentar solucionar la cuestión catalana, los independentistas no se fían. “Está muy bien que se hable de diálogo o de cambios, pero se tienen que notar. Las palabras están muy bien, pero necesitamos hechos”, sentencia Lloveras. “No se ha visto cambio de actitud ni en el Gobierno, ni en el PSOE. Tendría que haber un cambio de actitud real, no estas ofertas de diálogo por la mañana que por la tarde terminan en una imputación a algún representante catalán, o en la prohibición del referéndum”, opina Cuixart, que reitera: “No veo cambio”. Tampoco lo ve Jordi Sánchez: “Hasta ahora lo único que hemos visto son bonitas palabras que la realidad se ha encargado de desmentir: los procesos judiciales siguen su curso, los cercanías siguen llegando tarde y los más débiles en Cataluña siguen pagando los desmanes presupuestarios del Gobierno del PP”.

Frente a la judicialización de la política catalana, muchos ven en las leyes de desconexión que se están trabajando en el Parlament una forma de dejar de obedecer la legalidad española, para adentrarse en un nuevo marco normativo. Forcadell, Coma, Mas y Homs son las caras más visibles de representantes políticos catalanes en conflicto con la justicia por el proceso independentista, pero hay muchos casos más, como los más de 400 procesos abiertos contra ayuntamientos o representantes municipales. Desde estas organizaciones independentistas consideran, en palabras de Jordi Sánchez: “Que la nueva encargada del supuesto diálogo con Cataluña sea una abogada del Estado como Sáenz de Santamaría sólo refuerza la idea de que el Estado se refugia en la interpretación estricta de las leyes para no afrontar sus problemas, pero en un estado democrático nunca un tribunal tendría que intentar resolver mediante sentencias aquello que se puede resolver mediante el ejercicio del sufragio universal, libre y secreto”.

“No hay separación de poderes y nos preocupa mucho esta situación. Esto nos reafirma en la necesidad de construir otro estado con otras normas de funcionamiento y un nivel democrático más alto”, considera la presidenta de la AMI sobre este aspecto. En el mismo sentido, habla el presidente de Ómnium: “Tenemos a la segunda autoridad de Cataluña, la presidenta del Parlament, en los tribunales por un delito tan poco considerable de delito como es dar la palabra a los parlamentarios elegidos democráticamente. Es surrealista, pero no por ello deja de ser muy grave”. Sobre el caso Forcadell también opina Sánchez: “La persecución a la que se le está sometiendo es inaudita en cualquier democracia. Que un tribunal decida suspender una ley es discutible en función de la lectura competencial que se haga, pero que un tribunal marque la agenda de lo que se puede discutir en un parlamento es inaceptable, se han traspasado los límites que diferencian una democracia parlamentaria de una democracia orgánica”. “La ANC está lista para apoyar a los representantes elegidos democráticamente en las urnas”, advierte. En la misma línea habla Lloveras: “La sociedad civil catalana y los cargos electos no podríamos aceptar que se suspendiera a ningún cargo electo, sería un delito muy grave contra la democracia y tendríamos una reacción contundente”.

(Fuente: Cuarto Poder / Autor: Sato Díaz)

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