Familiares de los detenidos de Alsasua: «¿Cómo se juzgaría esta bronca en un bar en otra parte del Estado?»

«No sabéis por lo que estamos pasando». Quien habla es la madre de uno de los siete encarcelados a raíz de la presunta agresión de un grupo de jóvenes a dos guardia civiles fuera de servicio sucedida en Alsasua. Su hijo acaba de llamarla desde prisión, donde lleva ya un mes acusados de delitos de terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, incitación al odio y lesiones.

Pocas horas después de esa conversación, la Audiencia Nacional ha acordado la liberación de cuatro de ellos por no apreciar riesgo de fuga; en los otros tres sí. La acusación sigue siendo la misma contra los siete. La noticia la ha cogido de visita en Madrid, con vistas a mantener reuniones con varios grupos políticos en el Congreso de los Diputados. «Es una noticia agridulce», reconocen.

«Nos sentimos desprotegidos, como si hubiese un rodillo gigante que va aplastando todo a su paso», asegura otra de las madres, Edurne Goikoetxea. Junto a Antxon Ramírez de Alda y Nekane Ortigosa, también progenitores de otros dos de los nueve investigados, reciben a este diario en un edificio del centro de la capital. Desde su punto de vista, las medidas acordadas en este caso son «desproporcionadas». «Hay una sobreactuación judicial», defienden.

Esta tesis no solo la defienden ellos: el juez emérito del Tribunal Supremo Martín Pallín también se expresó en esta línea en una entrevista en Público, considerándola «desorbitada y fuera de la realidad social». También Baltasar Garzón, exjuez de la Audiencia Nacional, coincide en el argumento de la sobreactuación en una entrevista en la Cadena SER, y añade que «lo curioso es que no se les procesa por integración en organización terrorista».

«¿Cómo se juzgaría esta bronca de las cinco de la mañana en un bar de movida en cualquier otra parte del Estado español?», se pregunta Ortigosa, otra de las madres. «¿Quién tiene tanto interés en seguir invocando el terrorismo?», señala Goikoetxea.

Los progenitores y quienes les apoyan aducen que otros casos de agresión a guardias civiles, tanto estando de paisano como en acto de servicio, acarrean acusaciones menores. Este es el caso de la agresión del conocido personaje televisivo Rafa Mora a dos guardias civiles en una discoteca, que se solventó con una multa de 300 euros y 90.000 euros de indemnización para uno de los agentes, tal y como recoge El Periódico Mediterráneo.

Los hechos se remontan al 15 de octubre, durante la madrugada de las ferias de Alsasua. Dos guardias civiles, junto con sus parejas, se ven implicados en una pelea sobre las cinco de la mañana dentro de un bar; uno de ellos tiene que ser intervenido por fractura abierta de tobillo, los tres restantes solo presentan hematomas y contusiones.

En el lugar de los hechos se presenta la Policía Foral de Navarra, procediendo a la dentención de dos jóvenes: Jokin Unamuno y Aritz Urdangarin. Ambos prestan declaración dos días después ante la jueza Mari Paz Benito, del Juzgado nº3 de la Audiencia Provincial de Navarra. Ambos son puestos en libertad bajo medidas cautelares tras prestar declaración.

Es la intervención del  Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la de la Fiscalía la que eleva la agresión a la categoría de terrorismo. Es Covite quien presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional el 18 de octubre. El 9 de noviembre la la jueza Carmen Lamela reclama el caso, pasando así a la Audiencia Nacional.

«Nosotros nos enteramos de la implicación de nuestros hijos por la prensa». Se refieren a la publicación en El Mundo del auto de la Audiencia Nacional en el que se identifica a 12 jóvenes con nombre, apellidos y DNI, entre ellos dos menores de edad un día después de que el caso recaiga en manos del Juzgado Central de Instrucción nº3.

Las detenciones se produjeron cuatro días después de esa noticia, el 14 de noviembre, en un hecho que, según los padres, «buscaba el espectáculo». «Se ha intentado criminalizar a todo un pueblo, la imagen que algunos medios han intentado trasladar no es real», aducen las familias.

La respuesta de la mayoría de los habitantes de Alsasua fue inmediata: declaraciones institucionales, ruedas de prensa y una gran manifestación el 26 de noviembre para reclamar la retirada de la acusación de terrorismo y la devolución del caso a la Audiencia Provincial de Navarra. Según algunos medios, más de 15.000 personas asistieron a la misma, entre ellas la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Aznárez; la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana; o los portavoces parlamentarios de EH Bildu y Geroa Bai.

«Usamos el teléfono más que nunca, recibimos más abrazos y besos que nunca», expresa emocionado Ramírez de Alda. Se refiere a las muestras de cariño y preocupación de vecinos de Alsasua por la situación de sus hijos. «De todas la ideologías y familias. Muchos nos dicen que podría haber sido el suyo», afirma.

«El pueblo en sí está muy dolido, están diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que es Alsasua», continúa el padre. Lo ratifica Ortigosa: «Está triste. Alsasua siempre ha sido un pueblo acogedor, y lo sigue siendo».

Las familias van al Congreso con el mensaje de que lo ocurrido en Alsasua son «unos hechos acontecidos en un bar a altas horas de la madrugada, no premeditados y con resultado de lesiones leves». «Desde el convencimiento de que nunca debieron suceder, creemos que el caso debe juzgarse en Navarra», añaden en el documento elaborado para entregar a los diputados. Para el viaje de vuelta a Alsasua tendrán que reservar cuatro asientos más.

(Fuente: el diario.es /Autor: Mario P. Beiros)

«¿A qué intereses obedece llevar el caso de Altsasu a la Audiencia Nacional?»

“Fue una pelea, es esquizofrénico. Nadie puede entender lo que está pasando”, explica Nekane a Diagonal. Ella es madre de una de las personas imputadas por la pelea del Altsasu (Navarra), un caso que ha llevado ante la Audiencia Nacional a nueve jóvenes de entre 19 y 24 años a los que piden penas de entre 10 y 15 años de cárcel.

Nekane forma parte de un grupo formado por los padres de los imputados en esta causa que ayer acudieron a Madrid para reunirse con representantes de los grupos parlamentarios de Podemos, En Marea, Compromís, PDECat, ERC, Izqiuerda Unida, EH Bildu y PNV para transmitirles su preocupación ante la situación procesal de sus hijos y pedir que el caso vuelva a la Audiencia Provincial de Navarra.

¿Qué pasó en Altsasu?

15 de octubre. Dos guardias civiles de paisano acuden, a las 2 de la mañana a un bar de Altsasu (Navarra) con sus parejas. Tres horas después se produce una pelea con varios. El mayor daño ocasionado: una fractura en el tobillo de uno de los guardias civiles. Lo que no habría sido más que un caso de lesiones o, en su caso, atentado a la autoridad, se ha convertido en una causa por delitos de terrorismo en la que piden penas de hasta quince años de cárcel para once jóvenes de esta localidad navarra.

La misma noche de los hechos, dos de los jóvenes –Jokin y Aritz– fueron trasladados a Pamplona y detenidos en prisión incomunicada en el cuartel de la Policía Foral de la capital. El 17 de octubre declararon ante la juez Mari Paz Benito, del Juzgado número 3 de la Audiencia Provincial de Navarra y puestos en libertad con cargos, con medidas cautelares.

En el informe de la Guardia Civil sobre los hechos se hablaba de una agresión, no de linchamiento o paliza organizada. Sin embargo, el día siguiente, la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (COVITE) presentó una denuncia por los mismos hechos ante la Audiencia Nacional, relacionándolos con delitos de terrorismo.

En los siguientes días de octubre, todos los jóvenes citados acudieron a declarar voluntariamente ante la Audiencia Provincial, algunos en varias ocasiones. Aún así, el 9 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela reclama a la Audiencia Provincial navarra el traslado de la causa, había aceptado a trámite la denuncia de COVITE.

A pesar de que los jóvenes citados acudieron a declarar voluntariamente, el 14 de noviembre la Audiencia Nacional ordenó la detención de diez jóvenes. La mayoría de ellos fueron detenidos en la calle, cuando se dirigían a sus centros de estudio. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los 19 y 24 años.

La Audiencia Nacional ordena prisión preventiva para siete de los jóvenes, y medidas cautelares para dos más. A una chica más archiva provisionalmente su procesamiento. El argumento de la Audiencia Nacional: que al ser jóvenes, se potencia el riesgo de fuga.

“Pero, ¿cómo va a haber riesgo de fuga cuando han estado queriendo declarar desde que comenzó todo?”, se pregunta Nekane. Edurne, madre de otro de los imputados, explica que, en el caso de la detención de su hijo, la policía fue a buscarle a casa, pero él estaba ya en el instituto. “Mi hijo estudia en Gipuzkoa, le llamé por teléfono y le dije que la Guardia Civil iba a buscarle, le dije que, cuando llegara, bajara. Riesgo de fuga no hay ninguno, la mayoría de ellos son de Altsasu y estudian a 50 kilómetros a la redonda. Ellos lo que quieren es retomar su vida”.

El pasado lunes, la Fiscalía volvió a argumentar el riesgo de fuga para pedir el mantenimiento en prisión preventiva de los siete detenidos, sin embargo ayer, la Audiencia Nacional ordenó la puesta en libertad de cuatro de ellos, un cambio de actitud que fue recibido con esperanza los padres de los jóvenes imputados.

“Nosotros queremos ver la parte positiva de todo esto”, recalca otro de los padres, Antxón, quien explica cómo, cada día se celebran concentraciones en el municipio en apoyo a los detenidos. El mismo 22 de octubre, apenas tres días después de que COVITE presentara la denuncia ante la Audiencia Nacional y antes de que el alto tribunal la aceptara a trámite, más de 2.000 personas salieron a las calles de Altsasu –municipio que apenas cuenta 7.600 habitantes– en protesta por el tratamiento que se estaba dando al caso en los medios de comunicación generalistas.

Desde el Ayuntamiento de esta población, Podemos en Navarra y el Parlamento navarro han mostrado su repulsa a que este caso sea tratado como terrorismo. Hasta el juez Baltasar Garzón, impulsor de la teoría del “todo es ETA”, tachó de “sobreactuación judicial” el proceso y el coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra, Javier Hernández, rechazó la imagen que los medios de comunicación dieron de Altsasu. El 26 de noviembre, una nueva convocatoria llevó a las calles de este municipio entre 15.000 y 20.000 personas.

El papel de los medios

“Una gota más que te va haciendo daño”, así que como describe Edurne el papel de la prensa a la hora de cubrir el caso de la pelea de Altsasu. Desde que el 16 de octubre, el pueblo saltara a los medios de comunicación, se han ido sucediendo textos en los principales medios en los que se ha criminalizado tanto a los jóvenes imputados como a toda la población, se ha filtrado toda la información sobre el caso con las identidades y datos personales de los jóvenes, a pesar de que el caso sigue en fase de instrucción. “¿Os planteáis denunciar a los medios de comunicación?”, les preguntamos. “De momento, tenemos tal marrón encima que vamos a ocuparnos de los importante”, responde Nekane, quien subraya el “tremendo daño” que este caso ha hecho a la profesión periodística.

A día de hoy, tres jóvenes de Altsasu continúan en prisión preventiva y otros cinco están sometidos a medidas cautelares. Todos ellos están acusados de delitos de terrorismo por los que piden penas de hasta 15 años de cárcel, a pesar de que el propio informe de la Guardia Civil califica los hechos de atentado a la autoridad y lesiones. Como fondo, los padres de los imputados plantean una pregunta: “¿Por qué se quiere trasladar este caso a la Audiencia Nacional? ¿a qué intereses obedece?”.

(Fuente: Diagonal / Autor: Ter García)

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