Ultimátum de la Junta a los cooperativistas de Marinaleda: Hasta el 31 de diciembre para comprar las fincas

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Carmen Ortiz, Consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, recibió este miércoles al alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (foto adjunta), quien había solicitado la reunión para negociar la cesión del suelo de la finca de los Humosos. Ortiz dejó claro que no hay posibilidad de cesión gratuita del suelo, como pretendía Sánchez Gordillo, y que la única hipótesis que contempla la ley de 2011 de reordenación del sector público de Andalucía es la adquisición de las tierras en un plazo que finalizará el próximo 31 de diciembre. A partir de entonces, si las ocho cooperativas de Marinaleda que recibieron 1.200 hectáreas entre 1992 y 1995 no han formalizado la compra de las tierras, éstas quedarán fuera de la legalidad al no estar vigente la concesión administrativa para el uso de esas tierras.

Justo cuando iba a acabar el plazo para solicitar la compra de las tierras, las cooperativas de Marinaleda registraron en ese Ayuntamiento un escrito dirigido a la Junta solicitando antes del 31 de diciembre de 2015 la adquisición de las fincas. Sin embargo, ese escrito no fue tramitado ante la Junta por el alcalde, que en agosto pasado logró que el Ayuntamiento aprobara una moción para solicitar a la Junta la cesión del suelo a una fundación participada por parados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antes SOC), jornaleros y pensionistas de Marinaleda. «Nosotros no queremos la propiedad de la tierra», insiste Sánchez Gordillo.

A sus espaldas, representantes de las cooperativas se reunieron con la Junta para acordar las condiciones de la compra del suelo, ante lo que el alcalde pidió una reunión con la consejera de Agricultura, a la que curiosamente no ha acudido el presidente de las cooperativas, Juan Antonio Prieto. Fuentes de la Junta indicaron ayer que la reunión transcurrió en un clima de cordialidad, aunque la consejera dejó claro a Sánchez Gordillo que no hay posibilidad de entregar gratis las tierras y que tienen quince días para formalizar la compra. «Hay tiempo aún para los trámites, aunque los plazos son ajustados», indicaron fuentes de la Administración autonómica.

Por su parte, el líder jornalero y alcalde de Marinaleda declaró a ABC que se está negociando una fórmula intermedia para que una fundación comprara las tierras, «aunque eso -dice- es algo que tendrán que estudiar los servicios jurídicos de la Junta». En todo caso, Juan Manuel Sánchez Gordillo rechaza la posibilidad de que las tierras puedan ser compradas por cada una de las ocho cooperativas de Marinaleda. El alcalde quiere evitar que esas cooperativas terminen vendiendo las tierras a los 110 socios cooperativistas, privatizándose de nuevo la tierra, como ha ocurrido con las cooperativas de Écija «La Era», «Las cabezuelas», «Copair» y «Tierra sur».

La consejera de Agricultura advirtió a Sánchez Gordillo de que si transcurrido el 31 de diciembre de 2016 las cooperativas de Marinaleda no han formalizado la compra de las fincas, éstas quedarán fuera de la legalidad. ¿Qué podrá pasar entonces? La Junta no quiere hablar de expulsión de las tierras, pero esa posibilidad está ahí porque la concesión administrativa habría expirado.

Por lo pronto, tanto la Junta como las cooperativas quieren llegar a un acuerdo y para ello se reunirán el próximo viernes los técnicos del Ayuntamiento, las cooperativas y la junta para valorar el precio de las tierras. El precio de lo que tendrían que pagar por las tierras es otro escollo a salvar.

¿Cuánto valen las 1.196 hectáreas que explotan las cooperativas de Marinaleda? La Ley estipuló que, llegado el momento de la venta de las tierras, podría descontarse del valor del suelo los cánones que hubieran pagado anualmente las cooperativas. Esos descuentos podían llegar hasta el 65% del valor del suelo. De hecho, las cuatro cooperativas de Écija compraron por 4,4 millones de euros 420 hectáreas tras ser descontado lo que habían pagado de cánones.

En el caso de las ocho cooperativas de Marinaleda, la valoración de las tierras está condicionada por el hecho de que no han abonado durante más de 24 años los cánones anuales de explotación por la concesión, que ascienden, según cálculos de la Junta, a 5,7 millones. Teniendo en cuenta lo que han pagado los cooperativistas de Écija por sus tierras (10.400 euros por hectárea), los de Marinaleda tendrían que haber abonado unos 12,5 millones si hubieran pagado los cánones. El alcalde de Marinaleda esgrime que esos cánones han prescrito y que no los pagaron porque la Junta no les giró los recibos. Asimismo, asegura que en caso de que sean expulsados de la tierra la Junta tendría que abonarles 12 millones.

(Fuente: ABC de Sevilla / Autor: M. J. Pereira)

 

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