La Junta denuncia por okupa a una solicitante de asilo, huida para evitar la ablación de su hija

La Agencia Andaluza de la Vivienda de la Junta de Andalucía lleva a juicio a una solicitante de asilo con dos niños por ocupar una vivienda pública. Con 40 años y dos hijos de 7 y 8 años, una mujer de Mali que lleva dos años y medio en España tiene previsto juicio el 16 de diciembre en Sevilla.

Si el juicio llega a celebrarse y la condenan, como es previsible, los antecedentes penales van a impedir que pueda renovar su tarjeta de protección internacional como persona solicitante de asilo, conocida como ‘tarjeta roja’. Las nefastas consecuencias de la ocupación ilegal de una vivienda en el Polígono Sur de Sevilla por parte de una mujer de Mali de 40 años y sus hijos de 7 y 8 años podrían concretarse en su deportación, dos años y medio después, a su país de origen. La denuncia por usurpación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), propietaria de la vivienda ocupada, tiene fecha de juicio (16 de diciembre). La Junta le ha mostrado a esta familia la tarjeta roja, pero la de expulsión “sin ofrecer a día de hoy una alternativa habitacional”, lamentan sus representantes. La Consejería le exige como premisa que abandone primero la vivienda, para poder ofrecerle un realojo provisional y para evitar el juicio.

A.W. se encuentra en España desde abril de 2014. Hace unos meses, solicitó la asistencia letrada del Comité René Cassin en un local de la parroquia de Jesús Obrero de Sevilla. Tiene expediente abierto en esta asociación desde julio de 2016, momento en el que le llegó la denuncia por usurpación por parte de la agencia pública andaluza de la vivienda. Cuando se le atendió por primera vez en el Comité, llegó con una infección importante, sin recursos para sanarla y sin haber ingerido ningún alimento en tres días por la misma causa, explican desde el Comité.

Esta madre de nacionalidad maliense llegó a España sin visado después de atravesar Mali, Argelia y Marruecos. Desde el Comité relatan que A.W. estuvo el primer año en un centro de acogida de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR). Después, la Cruz Roja le aprobó una ayuda de alquiler durante tres meses, pasados los cuales la propietaria de la vivienda alquilada le dijo que, si no pagaba, tendría que abandonar el inmueble. En ese momento, sus propios vecinos le aconsejaron que entrara en una vivienda del bloque que estaba vacía, siendo la ocupación “la única solución que pudo encontrar en su estado de necesidad”, apuntan desde el Comité. En ella decidió continuar hasta que no consiguiera una alternativa habitacional. La vivienda resultó ser de AVRA y estar adjudicada desde hace tiempo.

Sin alternativa habitacional definitiva

La agencia pública, en una reciente reunión con presencia de sus abogados, una trabajadora social y una representante de la Oficina de la Comisionada del Polígono Sur, aseguró que se retiraría la denuncia si A.W. abandonaba la vivienda. El Comité respondió que no habría problema, siempre y cuando se le ofreciera una alternativa habitacional. El caso es que ella sigue ocupando la vivienda. “A nosotros y a ella nos nos parece mal que abandone la vivienda pero necesitamos una solución habitacional. Los niños no pueden quedar en la calle ni un sólo día”, insisten desde el Comité.

Sus representantes insisten en que, si el juicio se llega a celebrar y condenan a esta madre, los antecedentes penales le impedirán que pueda renovar su tarjeta de protección subsidiaria. Por eso consideran “muy urgente” encontrar una solución habitacional transitoria o definitiva y evitar así que el juicio se produzca, “pero garantizando siempre que esos menores no pasarán ni un solo día en la calle”. El Comité trabaja paralelamente con CEAR para regular definitivamente la situación de A.W. en España y que el juicio no le pase factura sin remedio a su estancia en el país.

A.W. acudió este miércoles a los servicios sociales del Polígono Sur. Mientras se celebraba una reunión con su trabajadora social, esta mujer sufrió un ataque de ansiedad por el que tuvo que ser atendida por una ambulancia y trasladada al centro de salud, indican desde el comité. La propuesta que se les ofreció en este caso fue que intentarían que A.W. entrara en el proyecto Nazaret, de Cáritas, una oferta que finalmente “ha quedado en nada” porque dicha iniciativa está planteada para personas inmigrantes recién llegadas y ella y sus hijos llevan ya más de un par de años aquí.

Para el Comité René Cassin, la prioridad es que A.W. abandone la vivienda para evitar los antecedentes penales pero no a costa de dejar a esta familia desamparada en la calle. Ella cuenta con la tarjeta roja del sistema de asilo español, el documento oficial de identificación como solicitante de protección internacional que autoriza a una persona solicitante de asilo a permanecer en territorio español durante el periodo en que se decide la resolución de la solicitud. Esta identificación es una tarjeta en la que constan los datos de filiación de la persona solicitante y su fotografía. Esta mujer de Mali, con sus niños escolarizados, la ha renovado cuatro veces ya. “Es una situación muy normal que no les concedan el asilo pero tampoco se atrevan a denegarlo. Así no asumen riesgos ni responsabilidades”, explican desde el comité.

La Junta le exige que siga los pasos

Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta informan a  eldiario.es Andalucía de que A.W. “no es adjudicataria de esta vivienda y, por tanto, con su ocupación está privando del derecho a vivienda a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que han cumplido con todos los pasos reglamentarios para acceder a un inmueble, inscribiéndose en el registro municipal de demandantes”.

“Hemos mantenido reuniones con esta mujer y le hemos instado a que desalojara la vivienda de forma voluntaria para que pueda participar en los procesos de adjudicación que se vayan a realizar en un futuro en el Polígono Sur. En una de esas reuniones, tanto AVRA como la Comisionada del Polígono Sur, con el fin de dar respuesta a la situación en la que se encuentra, han ofrecido alternativas habitacionales transitorias (a través de Cruz Roja) a A.W., quien ha manifestado que no quiere ser atendida por Cruz Roja dado que únicamente le ofrecen una solución temporal (para tres meses)”, una versión coincidente con la expuesta por los representantes de A.W.

El Comité aluden a la “mala experiencia” que tuvo esta familia con Cruz Roja, cuya ayuda de tres meses expiró, a la hora de argumentar que no quiera repetir disponer de esa ayuda, que tampoco les ha sido concretada. “Si la Junta no está para atender casos concretos, entonces quién”, se preguntan desde el Comité, desde donde insisten en que “ella no ha rechazado ninguna alternativa habitacional, ni transitoria ni definitiva”. “No nos lo aseguran, no lo tienen garantizado, queremos que de un sitio pase a otro, pero no tenemos alternativa concreta a día de hoy”.

Dese la Consejería también señalan que AVRA y la Comisionada “han puesto en conocimiento de la situación de esta mujer a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, a quien han instado para que pueda inscribirse en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida con el fin de poder participar en las convocatorias de viviendas”.

La Consejería concluye que está “trabajando para explorar todas las vías de solución para evitar llegar a juicio, aunque para ello previamente A.W. deberá renunciar a la ocupación ilegal de la vivienda”. Fuentes del Comisionado del Polígono Sur también aluden a las reuniones para tratar de encontrar solución al caso y que hay propuestas para proceder a un realojo de urgencia pero, al igual que argumenta la Junta, la premisa es que A.W. abandone antes la vivienda ocupada. El juicio, mientras, sigue previsto a diez días en un juzgado de Sevilla.

(Fuente: el diario.es / Autor: Javier Ramajo)

“A mi hija no la tocan”

“A mi hija no la tocan”, repite Alima Wague una y otra vez. La mujer, de 35 años y natural de Malí, se tapa la cara con las manos mientras llora. Hace dos años solicitó protección en España tras huir de su país para evitar la ablación de su hija. Sin ingresos y viviendo de la caridad, según admite esta madre de dos niños de 6 y 8 años, hace unos meses ocupó una vivienda de la Junta, que la ha denunciado por la vía penal. Si es condenada, Alima podrá ser deportada.

“Yo sé lo que es la ablación y no quería que mi hija lo sufriera”, relata Alima Wague en español, con un poco de dificultad. “Mi familia me presionaba. Entiendo que es algo cultural, pero he visto a niñas morir. Tuve que marcharme de allí”. Mientras la malí cuenta cómo viajó de su país a Costa de Marfil en busca del apoyo del padre de sus hijos sin éxito, los pequeños Adja y Alfha juegan en el patio de la parroquia Jesús Obrero, en el Polígono Sur, ajenos a todo.

La mujer viajó con sus hijos en avión a Bélgica tras vender sus bienes. En este país, según asegura, le aconsejaron que viajara a España, donde podría solicitar la protección internacional. Tras un mes en Madrid, la trasladan junto a sus hijos al centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Sevilla. “Aquí estuvimos algo más de un año y luego la Cruz Roja nos dio una ayuda de alquiler durante tres meses. Después todo se acabó”, comenta Alima Wague, que confiesa haber pasado una noche en la calle con sus hijos.

Fueron los vecinos del bloque de pisos en el que vivió con la ayuda de Cruz Roja quienes le animaron a entrar en un piso que estaba vacío. La vivienda resultó ser de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). La casa ya estaba adjudicada a otra familia, que no se había instalado aún en ella y la Junta denunció a Alima Wague por usurpación. Este viernes se celebrará el juicio.

Según señala Alberto Revuelta, responsable del Comité René Cassim -entidad que ofrece asesoramiento jurídico de forma altruista a familias sin recursos- el problema radica en que aún el Ministerio del Interior no ha aprobado de manera definitiva su estatus de protección. Si éste falla en contra, deberá regularizar su situación a través de la ley de Extranjería, que sí tiene en cuenta los antecedentes penales. “Si Alima es condenada en el juicio no podrá renovar su tarjeta de protección subsidiaria”, explica Revuelta. “Podrá ser expulsada del país. Es cierto que, cuando hay niños, no suelen deportar a la madre, pero tanto ella como sus hijos estarían de manera irregular en España”.

Revuelta reconoce que la Junta “lleva razón”, lo que critica es la fórmula utilizada. “La Junta siempre ha realizado desahucios administrativos. Al no necesitar la orden de un juez, es la policía autonómica la que actúa”, explica. “Éste es el primer caso que conozco en el que la Junta elige la vía penal. Lo que consigue es quitarse la responsabilidad de un desahucio”.

Fuentes de la Junta recuerdan que Alima Wague no es la adjudicataria de la vivienda y “su ocupación está privando del derecho a vivienda a aquellas familias que han cumplido con todos los pasos reglamentarios para acceder a un inmueble”. En las reuniones mantenidas con la afectada, tanto AVRA como la Comisionada del Polígono Sur, según apuntan desde la Junta, han ofrecido residencias alternativas, a través de Cruz Roja, pero todas ellas son temporales. “La Junta está trabajando para explorar todas las vías de solución para evitar llegar a juicio, aunque para ello previamente Alima deberá renunciar a la ocupación ilegal de la vivienda”. La malí se pregunta dónde dormirán si abandonan la casa.

(Fuente: Diario de Sevilla / Autora: Cristina Díaz)

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