Málaga: Juzgan a la presidenta de la protectora de Torremolinos por exterminio animal

El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga tiene previsto comenzar este martes día 15 a la presidenta de la protectora Parque Animal, ubicada en la localidad malagueña de Torremolinos, para la que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por el sacrificio “masivo”, haciendo “auténticas sesiones de exterminio”, de casi 2.200 animales, a los que, supuestamente, suministraba menos producto eutanásico y de forma incorrecta, lo que les provocaba “una lenta y dolorosa agonía”.

Inicialmente, el fiscal acusa a la que era responsable de este colectivo de los delitos continuados de maltrato animal e intrusismo profesional, por los que también acusa a un empleado de la protectora, aunque a éste en calidad de cooperador necesario. La mujer, C.M., se enfrentará a cuatro años de cárcel por un delito continuado de maltrato animal e intrusismo profesional así como un delito continuado de falsedad en documento oficial por un particular y en el banquillo de los acusados también se sentará un empleado de la protectora como cooperador necesario.

En su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal destaca que se realizaban sacrificios masivos, sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos por vía distinta a la intravenosa (como viene prescrito) y sin sedación previa. De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por la acusada ya que “se retorcían de dolor a su vista durante horas”.

Estas “auténticas sesiones de exterminio” se realizaban sobre animales normalmente sanos, jóvenes en muchas de las ocasiones, algunos de ellos entregados en el centro tan solo días (incluso horas) antes y sin que hubiese causa que justificase su muerte, salvo la falta de espacio y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados, según la acusación pública.

Para llevar a cabo estas exterminaciones masivas y programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba las música a la megafonía del centro a alto volumen. “Consciente los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano y para evitar que quedara testimonio de dicho acto”, se subraya en el escrito acusatorio.

Los dos acusados carecían de titulación en veterinaria de ninguna clase y el fiscal destaca que “por tal cruel procedimiento” se calcula que los procesados han sacrificado entre enero de 2009 y octubre de 2010 un número aproximado de 2.183 animales.

La dueña de la protectora como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella “quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba los datos necesarios para sus fines”. También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento o alteraba presuntamente su contenido en los extremos necesarios a sus intereses.

“Auténticas sesiones de exterminio”

En el escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público explica que de las investigaciones se extrae que desde principios de 2008 y hasta al menos octubre de 2010, los acusados vinieron sacrificando animales domésticos de los recogidos en la asociación “de forma masiva e injustificada”, haciendo “auténticas sesiones de exterminio” sobre animales normalmente sanos.

Para la acusación fiscal, esto se realizaba, supuestamente, “sin que hubiese causa que justificase la muerte”, salvo “la falta de espacio en el centro y la prioridad que la acusada le daba a sus fines privados”. Considera que la presidenta era la que “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente”, con la colaboración “imprescindible” del empleado, que se dedicaba a funciones de mantenimiento, limpieza de animales y dependencias.

Estos “sacrificios masivos” se realizaban, según la calificación inicial, “sin control veterinario de ninguna clase, administrando la acusada de su propia mano los productos eutanásicos a los animales, sin tener los conocimientos precisos, suministrando dosis por debajo de lo indicado, pero suficiente para causar la muerte”, con el objeto, “de ahorrar costes” dedicar las instalaciones “con preferencia a los fines privados (de pago)”.

Así, se indica que supuestamente inyectaba los productos “de forma inexperta” y “sin sedación previa”. “De esta forma se sometía a los animales a una lenta y dolorosa agonía, totalmente injustificada y conocida por los acusados, pues se retorcían de dolor a su vista durante horas”, pone de manifiesto el ministerio público, exponiendo algunos casos concretos, en los que los dueños entregaron sus animales a la asociación para adopción, pero fueron sacrificados. “Para llevar a cabo estas exterminaciones programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras de seguridad del centro y se conectaba la música a la megafonía del centro a alto volumen, conscientes los acusados del gran alboroto que producían los alaridos de los animales al sacrificarlos de modo tan inhumano”, dice el escrito de acusación fiscal.

Según la investigación, se calcula que de enero de 2009 a octubre de 2010 se habrían sacrificado unos 2.183 animales. Ambos acusados “carecían” en aquel momento la titulación necesaria. Además, la procesada, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, era ella “quien habitualmente firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba lo datos necesarios para sus fines”.

Asimismo, según esta acusación, era esta acusada la que “bajo el nombre de veterinarios supuestos firmaba certificados de eutanasia o los expedía en su totalidad de su puño y letra, así como otros certificados veterinarios”. También firmaba los listados mensuales de animales para incineración que eran presentados en el Ayuntamiento “o alteraba su contenido en los extremos necesarios a sus intereses”.

El fiscal pide que se le imponga a cada acusado un año de prisión por el delito continuado de maltrato animal, con la inhabilitación para profesión que tenga relación con los animales durante tres años; así como multa de 7.200 euros por el delito de intrusismo. Por el de falsedad documental se solicita que se imponga a la procesada tres años de prisión y multa de 7.200 euros.

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¿Qué ocurrió en la protectora de animales de Torremolinos?

Seis años han pasado desde que, tras una larga investigación, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) detuviese a la presidenta de la protectora de animales de Torremolinos, Carmen Marín, y otro empleado, acusados del presunto exterminio injustificado de más de 2.100 animales. El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga determinó hace meses la apertura del juicio oral, que tendrá lugar el próximo martes 15 de noviembre. Estas son las claves de uno de los casos más graves de maltrato animal destapados en los últimos años en España.

¿Qué es la Asociación Parque Animal?

Esta asociación fue fundada en 1996 con el supuesto objetivo de recoger animales abandonados y buscar dueños responsables que les proporcionaran un nuevo hogar. Años después llegó a disponer de una residencia canina y un centro zoosanitario. Era financiada mediante los donativos de sus socios y los beneficios de la residencia y, además, recibía cada año cerca de 27.500 euros del Ayuntamiento de Torremolinos, propietario de los terrenos. El Consistorio subvencionó la apertura del albergue de animales y también se hacía cargo de los costes de las incineraciones, que sólo en 2009 y 2010 ascendieron a más de 15.000 euros. La asociación también cobraba a particulares por la recepción de cada animal.

¿Por qué comenzó la investigación?

La Guardia Civil puso en marcha en junio de 2010 una investigación tras la denuncia por maltrato animal de un veterinario que había trabajado en la asociación. El empleado aportó varias grabaciones realizadas por teléfono móvil para evidenciar que los animales estaban siendo eutanizados de forma masiva e injustificada.

¿Qué descubrió el Seprona?

En un demoledor informe, el Seprona relata que, durante una visita sorpresa a las instalaciones de la protectora, encontró congeladores con 44 gatos, siete perros, una gaviota y dos cajas con despojos de carne troceada. Algunos de estos animales «no presentaban rigor mortis», por lo que habrían sido congelados antes de su fallecimiento. En el contenedor de la basura «había dos gatos muertos en bolsas de plástico y residuos sanitarios peligrosos». La Guardia Civil también requisó cinco facturas, con cargo al Ayuntamiento de Torremolinos, por la incineración de 702 animales (perros y gatos) entre el 30 de abril y el 31 de agosto de 2010. Los agentes muestran «el asombro por el elevado número de animales incinerados en tan solo cinco meses».

¿Cómo morían los animales?

La Fiscalía de Málaga acusa a Carmen Marín y su ayudante de realizar sacrificios sin tener titulación veterinaria en jornadas que califica como «auténticas sesiones de exterminio». Siempre según la acusación pública, ambos se introducían en las jaulas a primera hora de la mañana para eutanizar a los animales. Antes apagaban las cámaras de seguridad y subían el volumen de la radio, conectada a los altavoces, para silenciar los alaridos de los animales, que agonizaban durante horas debido a que recibían menos producto eutanásico del necesario para ahorrar costes. Este producto era inyectado por vía intramuscular en vez de intravenosa, como es preceptivo.

¿Qué relataron los trabajadores?

Uno de los empleados aseguró a los agentes de la Guardia Civil que Carmen Marín «se jactaba de sacrificar animales y recriminaba que los demás gastábamos mucho producto eutanásico y nos decía que con menos cantidad también se acababan muriendo», aunque la mala administración del producto causaba «agonía» en las mascotas. El fiscal calcula que, «por tal cruel procedimiento», los acusados «han sacrificado y entregado para su incineración» entre los meses de enero de 2009 y octubre de 2010 más de 2.180 animales. Los empleados afirman que los exterminios «eran tan indiscriminados» que, en una ocasión, Marín llegó a quedarse sin animales y tuvo que ir a buscar perros a la protectora El Paraíso, en Alhaurín de la Torre.

¿Qué delitos se le imputan a la expresidenta de Parque Animal?

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Marín por presuntos delitos de maltrato animal continuado, falsedad documental e intrusismo profesional. El fiscal sostiene que Marín falsificaba las firmas de los veterinarios en los listados mensuales de animales fallecidos y en las recetas de los productos eutanásicos. Asimismo, su ayudante es acusado de supuestos delitos de maltrato animal e intrusismo profesional al ser considerado «cooperador necesario».

¿Qué pruebas presenta la Fiscalía?

El fiscal aporta decenas de páginas de documentación, además de los vídeos mencionados y los testimonios de tres funcionarios del Seprona, varios empleados de Parque Animal y numerosos afectados que denuncian la desaparición de animales. Agunos de estos testigos relatan que recogieron perros o gatos encontrados en la calle para llevarlos al parque y que, horas después, cuando los propietarios eran localizados, habían desaparecido. La excusa oficial era que habían sido dados en adopción, pero la ley establece que los animales abandonados o perdidos no pueden entregarse o sacrificarse hasta transcurrido un plazo mínimo de diez días desde su recepción.

¿Hubo beneficio económico?

La investigación de la Guardia Civil concluye que «queda constatado que una parte importante de los ingresos obtenidos por Parque Animal fueron utilizados por su presidenta para fines distintos para los que fue constituida la asociación», como alojamientos en hoteles de lujo, el pago de las obras del centro médico de su hija, la compra de un vehículo, asistencias a gimnasios y circuitos de hidromasaje, viajes en tren, comidas en restaurantes, contratación de un servicio de videovigilancia instalado en su domicilio, vuelos a San Petesburgo, Marrakech o Boston, ingresos en su cuenta corriente y compras en grandes almacenes.

¿Qué alega Carmen Marín?

En su declaración como imputada tras la apertura de diligencias previas, Marín reconoció haber realizado pagos y compras con cargo a la asociación pero aseguró que con posterioridad ingresaba ese importe «en metálico o por transferencia» a la cuenta de Parque Animal. También afirmó que «por confusión» utilizaba de manera indiferente la tarjeta bancaria de la cuenta de la asociación y la propia pero que estos importes eran «recompensados». Marín también admitió haber comprado un coche por el cumpleaños de su nieta con cargo a la cuenta de la asociación y sostiene haber reingresado el dinero luego. En cuanto a los viajes, Marín explicó que se realizaban «para mantener contactos con otras asociaciones» de animales «e intercambiar opiniones sobre la manera de llevarlas».

(Fuentes: La Opinión de Málaga / diario Sur de Málaga / Litoral Digital)

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