Se reabre el caso de la mina de Aznalcóllar. Los Ecologistas exigen el cese de la Viceconsejera de Empleo

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que dirige la magistrada Mercedes Alaya, ha emitido un auto por el que decide reabrir la investigación acerca de la adjudicación de la empresa México Minorbis de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar.

La Audiencia provincial lo hace al estimar el recurso interpuesto por la empresa Emerita Resources España contra el auto en el que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla confirmó el archivo de la causa el pasado diciembre. En un auto fechado el día 17 de diciembre de 2015, la juez confirmó el archivo de la causa contra los siete imputados, entre ellos la que fuera directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto.

En un auto de 59 páginas, la Sección Séptima dice que “existen indicios” de que “pudiera haber existido una actuación administrativa no meramente irregular, sino suficientemente grave como para que sea necesario continuar la instrucción”, por lo que estima los recursos presentados por Emerita –empresa que perdió el concurso– y Manos Limpias contra el auto en el que la juez de Instrucción número 3 archivó la causa.

Según agrega el tribunal, “el elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración Autonómica, indiciariamente arbitrarios, nos obliga a concluir por tanto que en el actual estado de la causa no se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos entre otros de un delito de prevaricación”.

“Si todos los procedimientos administrativos deben estar absolutamente sujetos en su tramitación al principio de legalidad, máxime, si cabe, en este caso, pues por las especiales circunstancias concurrentes era exigible un plus de transparencia y de rigor en la actuación administrativa: se trataba de una zona, la reserva minera de Aznalcóllar, donde ocurrió uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país”, manifiesta la Audiencia.

El tribunal concluye que, “por los incumplimientos manifestados de las bases del concurso y del pliego de condiciones, elaborados por la Administración, incumplimientos que a priori resultaron evidentes, numerosos y esenciales y que no se reducen a criterios interpretativos, ni Minorbis-Grupo México ni Minorbis sola debieron indiciariamente pasar a la segunda fase”.

“Existen indicios de que los expertos integrantes de la Mesa de Contratación habrían omitido el análisis del cumplimiento” de los requisitos esenciales, considera la Audiencia, que, “pese a los intentos de la Junta para hacer ver lo contrario”, concluye que la licitadora fue Minorbis-Grupo México. “Si a Grupo México como licitador se le permitió no acreditar extremos tan importantes como los expuestos, desde luego existen indicios de que pudiera haber existido una actuación administrativa no meramente irregular, sino suficientemente grave como para que sea necesario continuar la instrucción”, apunta.

La Junta mantendrá la explotación y los ecologistas piden el cese de la Viceconsejera

Pese a esta reapertura judicial del caso de presunta concesión irregular, la Administración andaluza ha decidido mantener abierta la explotación minera alegando que se refiere solo a cuestiones “administrativas” y que esta nueva decisión de la juez Alaya no afecta “a la adjudicación de la mina”. A través de una nota de prensa, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio contradice el auto de la juez Alaya y asegura que la decisión de la Audiencia de Sevilla de reabrir la investigación por la adjudicación de la mina “no afecta a la adjudicación de la mina, manteniéndose la actividad y el empleo”.

Por su parte  Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular en el caso, ha reclamado el cese “inmediato” de la Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, María José Asensio, “por los mismos motivos que fue cesada en agosto de 2015”. Además, «las irregularidades han seguido produciéndose durante este tiempo”.

Denuncia que el pasado mes de junio de 2016 la autoridad minera, aprovechando la autorización de un Plan de Restauración, otorgó la concesión minera denominada Zona Aználcollar a la empresa Minera Los Frailes, participada a su vez por el Grupo México y Magtel, “sin realizar ninguna Evaluación de Impacto Ambiental” y sin que hasta la fecha “se conozca siquiera el proyecto de explotación que se pretende ejecutar, que nunca ha sido sometido a ningún periodo de información pública: esto supone un flagrante incumplimiento de la legislación ambiental vigente y de todas las leyes de transparencia”.

Ecologistas ha recordado que en febrero de 2015 ya advirtió de que desde que la Junta convocó anticipadamente las elecciones andaluzas del 26 de enero de ese año los responsables políticos del PSOE en la Consejería competente en minas “presionaron hasta lo inadmisible” a la Comisión Técnica y Mesa de Contratación del concurso “para que lo resolvieran lo antes posible, de manera que su candidata pudiera anunciar la reapertura de la mina en plena campaña electoral”.

“La única intención del PSOE de Susana Díaz era entonces, y sigue siendo ahora, jugar con la incuestionable necesidad de empleo de la comarca de Aznalcóllar, a sabiendas de que existen dudas muy consolidadas sobre la viabilidad ambiental y técnica de esa reapertura minera», ha manifestado la organización conservacionista. Para lo que considera sus «fines electorales», la presidenta andaluza usó como «punta de lanza» a Asensio, por entonces directora general de Minas, para adjudicar el concurso, «sin las suficientes garantías y mezclando criterios políticos», a la entidad Minorbis-Grupo México, de la que participaba la empresa Magtel, “posteriormente investigada por tráfico de influencias”.

(Fuentes: El Correo de Andalucía / Andalucía Información / Sevilla Directo / Diario de Sevilla)

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