La Asamblea Nacional Francesa aprueba la reforma constitucional

Tres meses después de los atentados de París, los diputados franceses aprobaron el miércoles la reforma impulsada por el presidente François Hollande para inscribir en la Constitución el estado de urgencia y la pérdida de nacionalidad, aunque esta aprobación no prejuzga su adopción definitiva.

Después de semanas de apasionados debates, la Asamblea Nacional (cámara baja) adoptó el proyecto de ley llamado de “protección de la Nación” por 317 votos a favor, 199 en contra y 51 abstenciones. “Es una etapa superada (…) pero el objetivo es que la revisión constitucional se adopte”, indicó la presidencia francesa en un comunicado.

La reforma deberá ser ahora sometida al Senado, donde es mayoritaria la oposición de derechas, y ser aprobada en términos idénticos al texto votado en la Asamblea. Y, a continuación, las dos Cámaras reunidas en Congreso deberán dar su visto bueno por una mayoría de al menos tres quintos para que la reforma entre en vigor.

La revisión consiste en la introducción en la Carta Magna de dos artículos, uno sobre el estado de emergencia y el otro sobre la pérdida de la nacionalidad francesa para los autores de crímenes y delitos terroristas.

Esta votación revestía una importancia crucial para Hollande, que anunció la reforma poco después de los atentados de París, los peores perpetrados nunca en Francia, que dejaron 130 muertos y cientos de heridos el 13 de noviembre.

Su rechazo hubiera enterrado la iniciativa y significado una espectacular desautorización para el jefe de Estado, potencialmente devastadora para sus ambiciones de obtener un segundo mandato en la elección presidencial de 2017. “Votar contra, es poner en dificultad al gobierno y en minoría al presidente”, había afirmado ante los diputados socialistas el primer ministro Manuel Valls, que después de la votación se declaró “satisfecho” y “convencido” de que la revisión constitucional será aprobada por el Congreso.

Dudas sobre su adopción

No obstante, las profundas divisiones al respecto tanto en la mayoría socialista como en la oposición de derecha hacen perdurar las dudas sobre las posibilidades de que el texto sea definitivamente adoptado.

En la derecha, el expresidente de la Asamblea Bernard Accoyer predijo al ejecutivo un fracaso, por considerar que la mayoría de tres quintos requerida en el Congreso es un “objetivo inalcanzable”. El ex primer ministro Alain Juppé, candidato favorito a la próxima primaria de la derecha, fustigó por su parte una “reforma inútil que divide”.

Y, sin embargo, Hollande había sido aplaudido en pie por los parlamentarios cuando anunció su proyecto, el 16 de noviembre. Pero, después, la polémica fue cada vez más áspera sobre la pérdida de la nacionalidad.

Esa medida, que teóricamente concierne a todos los franceses pero en la práctica sólo a los que tienen doble nacionalidad, llevó a la dimisión a fines de enero de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, que dijo dejar el gobierno por ese “desacuerdo político mayor”.

Para tratar de calmar a los opositores, el gobierno hizo votar una enmienda que retira toda referencia a la doble nacionalidad. Pero al mismo tiempo, el tema hacía olas incluso en el ejecutivo. El ministro de Economía, Emmanuel Macron, dio cuenta “a título personal” de su “incomodidad filosófica” al respecto, lo que le valió el miércoles una seca réplica de Valls, que aseguró que “todo el gobierno” apoya el texto “Macron entre los otros”.

Otro escollo en el largo proceso que espera al texto es la hostilidad creciente de parte de la izquierda a la prolongación del estado de emergencia, que autoriza los allanamientos y las detenciones domiciliarias y permite prohibir las manifestaciones. Paralelamente, la derecha exhorta al gobierno a preparar desde ya la salida del mismo.

Al margen del debate constitucional, se espera que el estado de emergencia, en vigencia desde los atentados de París, sea prolongado hasta fines de mayo, es decir dos semanas antes de la organización de la Eurocopa 2016 en Francia, que atraerá a cientos de miles de espectadores del mundo entero.

(Fuente: Agencia Fance Press – AFP)

Patrick Baudouin: “Francia se aleja del Estado de derecho”

Tras un debate parlamentario rápido, confuso y polémico por la división que ha creado en el seno de los partidos políticos franceses, la Asamblea Nacional ha aprobado el proyecto de reforma constitucional abanderado por François Hollande tras los atentados del 13 de noviembre.

La enmienda, bautizada como proyecto de “Protección de la Nación”, se basa en dos polémicas reformas para incluir en la Constitución el excepcional Estado de Emergencia y dificultar así su modificación, y, además, la retirada de la nacionalidad de aquellos ciudadanos nacidos en territorio francés que cometan actos terroristas.

El Presidente de Honor de la Fundación Internacional de Derechos del Hombre, Patrick Baudouin, denuncia lo que en su opinión se trata de un conjunto de medidas “represivas”, “ineficaces” y “desproporcionadas”que empeoran la imagen de Francia como adalid de los Derechos del Hombre.

¿Cómo valora esta reforma constitucional?

Empezando por el punto sobre la retirada de la nacionalidad, no creo que amenazar a terroristas con quitarles la nacionalidad les asuste mucho cuando están determinados a llevar a cabo una acción. Imagine un terrorista condenado a 15 o 20 años de prisión al que al ser puesto en libertad dicen “usted ya no tiene la nacionalidad francesa”. Esto significa que queremos enviarle fuera, pero, ¿a dónde? Me parece completamente imposible enviarlo a su país de origen. Tampoco podemos deshacernos de la responsabilidad que tenemos con esta gente enviándolos a Alemania o a Reino Unido. No vamos a exportar a nuestros terroristas argumentando que les despojamos de la nacionalidad, no tiene sentido. Ya sabemos a qué sector de la población va dirigida la medida, por mucho que hablen de que afectará a todo el mundo. Esto solo añade otro estigma a la discriminación que están viviendo los musulmanes en el país.

¿E inscribir el Estado de Emergencia en la Constitución sí le parece una medida acertada?

Para tratarse de un debate constitucional, está bastante indefinido. Hay una división entre los que dicen que hacer esto no sirve para nada porque contribuimos a banalizar el Estado de Emergencia y los que, al contrario, creen que incluirlo serviría para hacer un mejor uso de él. Lo que me parece lamentable es que todo esto se esté haciendo en la urgencia después de su anunciación tras los atentados de noviembre. Lo estamos mezclando todo, nadie termina de entender de qué va esto y estamos llevando el debate de forma precipitada cuando se podría haber hecho más tarde y con calma.

De aprobarse la reforma, una vez que el Senado dé el visto bueno y la reunión de ambas cámaras en un Congreso en Versalles la ratifique en los próximos meses, ¿qué consecuencias entrañaría?

   Cuando se modificó la ley el 20 de noviembre para que se pudiera prolongar ya durante tres meses, algunos avisamos de que si empezábamos a modificar la ley, ¿por qué parar después de tres meses? Es efectivamente esto lo que está pasando, estamos integrando esta medida excepcional de forma permanente. Lo más grave no es que se vuelva a extender la situación o que se incluya en la Constitución, sino que incluimos disposiciones en la ley que se integrarán de forma permanente: un incremento bárbaro del poder del prefecto, la policía y la fiscalía en detrimento de la justicia.

La reforma en paralelo del código penal que propone el nuevo ministro de justicia, va a facilitar que la administración pueda permitir los registros nocturnos con una simple orden de control del ministerio fiscal; facilitar a la policía la posibilidad de detener a una persona durante un control de identidad y retenerlo hasta cuatro horas sin la posibilidad de recurrir a un abogado, aunque tenga sus papeles en orden, y todo esto sin control judicial.

¿Es la urgencia por tomar estas medidas una prueba de la ineficacia de las mismas?

Es cierto que hay una urgencia, pero para eso se puede instalar el Estado de Emergencia durante dos días o incluso un mes para tomar esas medidas, intentar ir rápido y controlar a los posibles sospechosos, pero después no hay más urgencia. ¿Cuándo vamos a parar esta situación? No vamos a hacerlo, si esperamos a acabar con el terrorismo y a vencer a Daesh como propone Manuel Valls, tenemos para varios años… El poder ha comprendido que esto no tiene sentido y ahora, para poder esquivar este obstáculo, inscribe en la ley las medidas para transferir el poder a la autoridad administrativa. Esto es un peligro.

¿Por qué defiende que estas medidas no ayudan a luchar contra el terrorismo?

Porque son innecesarias y desproporcionadas. De los 3.000 registros efectuados durante estos tres últimos meses tan solo se han abierto 3 ó 4 procesos judiciales. La desproporción muestra su ineficacia. Ya existen leyes para luchar contra el terrorismo, pero hay un control que es necesario establecer.

Usted habla de un cambio en la filosofía de Francia sobre los Derechos Humanos. ¿Francia está dejando de ser el paradigma de los derechos del hombre?

Medidas de esta naturaleza nos alejan progresivamente de un Estado de derecho. Francia está traicionando su imagen. Desafortunadamente, continuamos sirviendo como referencia, pero en este caso es una mala referencia. Hay países que seguirán nuestro ejemplo tomando las mismas medidas que no se vuelven contra los terroristas sino contra cualquier opositor. Hace poco unos colegas en Túnez me hablaban del retroceso que se está produciendo en su país en los derechos, pero me preguntan: “¿Qué estáis haciendo en Francia? Estáis yendo hacia atrás”.

La amenaza terrorista es real pero no vamos a proteger a la población mediante leyes más represivas y restrictivas contra los derechos individuales. Hay que tomar medidas para dar medios a la policía y también al cuerpo de magistrados que se encuentra ya desbordado, y hay que tomar medidas sociales, culturales y educativas. Hacer leyes para asustar a los terroristas no les va a impedir cometer sus actos.

(Fuente: El Mundo / Autor: María D. Valderrama)

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