Jerez: Los trabajadores afectados por el ERE municipal cumplen dos meses de encierro por su readmisión

Una docena de ex trabajadores, miembros de la plataforma de afectados del ERE municipal en Jerez de la Frontera, llevado a cabo por el PP en la anterior legislatura, mantienen desde el pasado jueves 4 de agosto un encierro indefinido en el edificio de los grupos municipales, junto al Ayuntamiento, para exigir su reincorporación, algo en lo que dicen estar de acuerdo el PSOE, actualmente en el gobierno, y Podemos e IU que le apoyan, pero que no termina de concretarse. Hoy cumplen dos meses de encierro en defensa de su readmisión sin haber sido aún sido atendido en su reclamación.

Esta medida de presión se decidió llevarla a cabo una vez transcurrido más de un año desde la llegada del PSOE a la Alcaldía, con el apoyo de IU y Podemos,  y tras una reunión con el Gobierno local para intentar clarificar la situación de los afectados por el ERE promovido en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP y que una sentencia judicial sentención en contra de dicha actuación.

Según los trabajadores que secundan la protesta, la intención es mantener el encierro hasta que al menos se celebre un pleno municipal en el que se aprueben una serie de informes que avalen la reincorporación de los afectados. El ERE afectó a 260 trabajadores, aunque aproximadamente la mitad de los despidos fueron considerados improcedentes.

Los trabajadores declararon  que se mantendrán su encierro “hasta que se firmen las transaccionales y se lleven a pleno”, los pasos que culminarían el procedimiento de reincorporación a la espera de que fueran avalados por el TSJA en las fechas correspondientes. “No entendemos que el gabinete jurídico no quisiera hacerse cargo de los informes. Pidieron “más sensibilidad y empatía al gobierno local”.

El anterior Gobierno municipal, presidido por María José García-Pelayo (PP), optó por la indemnización en lugar de la readmisión. Sin embargo, 118 ex trabajadores cuyos despidos han sido declarados improcedentes han expresado su voluntad de reincorporarse a la plantilla municipal, acogiéndose de este modo al compromiso que les trasladó la actual alcaldesa, Mamen Sánchez (PSOE).

El pleno municipal aprobó el pasado mes de septiembre el inicio del procedimiento para que los trabajadores que así lo desearan pudieran recuperar sus empleos, un proceso debía culminar el 30 de junio pasado. La Teniente de Alcalde de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, mantenía que “este Gobierno no ceja en su empeño para conseguir la incorporación de los afectados” y justificaba el retraso en que “se trata de un expediente muy complejo ya que en realidad no existe jurisprudencia sobre expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas y además el PP lo dejó todo atado para impedir la reincorporación”.

Posteriormente la Intervención Municipal emitió un informe pronunciándose sobre el asunto, asegurando que existen “insuficiencias y omisiones” en el informe del Gabinete Jurídico. No obstante, Laura Álvarez mantuvo entonces una reunión con los trabajadores, a los que explicó que trabajarían para solucionar cada uno de los problemas surgido con el expediente, reiterándole el compromiso del equipo de gobierno a readmitirlos. Fue entonces cuando se solicitó un nuevo informe jurídico a una empresa privada.

El informe es negativo y el gobierno local da marcha atrás

El famoso informe jurídico que estaba esperando el Ayuntamiento y del que la alcaldesa ya habló esta semana, sin que nadie de la oposición supiera nada al respecto, revela que los acuerdos transaccionales con los afectados por el ERE pueden incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal”. El gobierno señala que solicitó un informe jurídico para resolver las dudas planteadas por el PP sobre la viabilidad legal de las transaccionales. El documento concluye que estos acuerdos podrían no garantizar la salvaguarda del interés público, algo que, se insiste, debería certificar un secretario del Ayuntamiento antes de llevarlo a pleno, señalan desde el gabinete de prensa municipal.

El gobierno local, con el apoyo de todos los miembros del ejecutivo socialista, pidió un nuevo informe al gabinete Manuel Hortas Abogados. “Este informe, emitido para el asesoramiento de los miembros de este grupo político fue solicitado, por tanto, para conocer si la formalización de los acuerdos transaccionales pudiera conllevar o no posibles riesgos de incurrir en algún delito”, señalan desde el Ayuntamiento.

Este último documento recoge que “la transacción con los trabajadores, una vez que el Ayuntamiento acordó́ su despido y ya optó por la no readmisión en el trámite judicial, constituye un acto contrario a lo resuelto, y en este caso debiera existir una firme fundamentación tanto de hechos como de Derecho que impusiese la necesidad de actuar de forma contraria a lo ya acordado, como circunstancias sobrevenidas que determinarían grave perjuicio a la causa pública”.

“La existencia de un expediente de regulación —continúa el informe— aprobado y resuelto favorablemente, con sentencia definitiva, y la ejecución de este expediente por el Ayuntamiento mediante los correspondientes despidos constituye una actuación administrativa firme. El hecho de que el Ayuntamiento haya optado, en la vía judicial, por indemnizar y no readmitir a cada uno de los trabajadores, parece impedir que pueda actuar de otra forma y acordar la readmisión”.

“En el caso de transigir y acordar la readmisión de esos trabajadores, esa decisión podría llegar a ser considerada carente de fundamento legal y solo sustentada en el cumplimiento de determinadas promesas electorales o acuerdos políticos ajenos a la gestión municipal. En ese sentido sería una resolución infundada y, por ello, arbitraria y susceptible de constituir delito de prevaricación”, remata el documento encargado a Manuel Hortas Abogados.

El Ayuntamiento recuerda que el PP, al final de su mandato, optó por indemnizar a estos trabajadores en sede judicial, lo que impide, asegura, que ahora se  pueda “actuar de otra forma y acordar la readmisión”. Con las transaccionales con los afectados, según este gabinete, se puede incurrir en sendos delitos de prevaricación administrativa , malversación y nombramiento ilegal. El gobierno local expresa que este documento no podrá formar parte del expediente administrativo por ser un informe de asesoría particular de los concejales del grupo municipal Socialista.

“El gobierno vuelve a insistir en su solidaridad y comprensión con la situación de los trabajadores y trabajadoras afectados por el ERE municipal del PP, e incide que ha hecho todo lo posible durante casi un año y medio de trabajo para conseguir instruir un expediente administrativo que, conforme a la ley, permitiera una reincorporación de dichos trabajadores y trabajadoras a la plantilla del Ayuntamiento”, señala en una nota de prensa. Por eso, a tenor de lo que aportan estos informes, aseguran que no dará “un paso en falso que pudiera poner el peligro el interés general, objetivo básico de quien ejerce la función pública”.

Como ya hizo la alcaldesa, el gobierno local ofrece a Ganemos, IU y Ciudadanos que firmen ellos la readmisión de los trabajadores, eso sí, ahora asegura que “no recomienda que lo hagan”. “Si todavía están convencidos de que se puede proceder a la reincorporación conforme a ley, se reitera la disposición a que cuatro miembros de estos grupos políticos se incorporen al gobierno y aprueben dicha reincorporación en una junta de gobierno local, si es que consideran que se puede hacer así de esta forma”.

Afectados del ERE piden a la alcaldesa que “no se amedrente” por las amenazas del PP

La reacción de los afectados por el ERE, tras anunciar el gobierno local que un nuevo informe externo que desaconseja readmitir a estos trabajadores por la posibilidad de incurrir en “delitos de prevaricación, malversación y nombramiento ilegal”, no se ha hecho esperar. Un comunicado recoge el parecer de un grupo de antiguos empleados municipales, que se preguntan: “¿Qué documentos ha analizado el señor Hortas para realizar su dictamen? Porque seguro que no ha analizado el expediente completo del ERE, ya que el mismo es ilegal sacarlo del Ayuntamiento y utilizarlo de forma privada”.

“Un informe privado —abunda el comunicado— que no se encuentra en el expediente administrativo no puede dar soporte legal a una decisión de un Ayuntamiento y ni mucho menos puede ser usado por secretario o interventor u oposición”. Los afectados señalan que les parece “curioso” que el informe de Manuel Hortas Abogados “tenga mayor validez que la que puedan tener todos los informes que se poseen, incluido el de la Función Pública, que ven el acto de transaccionar como la única y mejor formar de dar solución al problema, así como la única existente”.

Los trabajadores recuerdan que ya presentaron en su día un informe de penales firmado por el letrado Juan Pedro Cosano, que concluía: “En consecuencia, una transacción judicial en ningún caso, repetimos, en ningún caso, puede acarrear consecuencias penales para los intervinientes en ella, so pena de considerarse que el Juez que la ha aprobado ha incurrido en delito de prevaricación judicial”. Por eso aseguran no entender por qué el documento elaborado por Hortas “posee más peso judicial que el del señor Cosano siendo ambos informes privados”.

“El informe —de Hortas— sólo habla de posibilidades, no da afirmaciones contundentes, no es concluyente, es genérico, no es un informe individualizado que es obligatorio al ser expedientes individuales”, recalcan los afectados, que creen que la alcaldesa, “tras las amenazas  judiciales del PP, ha buscado el informe que le exima de toda responsabilidad para poder decir no al proceso de reincorporación”. Los afectados, así, instan al gobierno local a que “no se amedrente ante las amenazas vertidas por el partido que hizo esta injusticia y que por tanto cumpla con su palabra y con los acuerdos de pleno siguiendo como base jurídicas todos los informes positivos que se poseen”.

(Fuentes: La Voz del Sur / La Voz de Cádiz / Diario de Jerez / Diario Bahía de Cádiz)

 

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