Agresiones y racismo institucional: una “costumbre” en el Estado Español

En una famosa escena de La vida es bella, el hijo de Guido (Roberto Benigni) lee el siguiente cartel: “Prohibida la entrada a judíos y a perros”. Su padre le intenta explicar que cada uno tiene sus preferencias: en la ferretería no dejan entrar a españoles ni a caballos, en la farmacia, ni a chinos ni a canguros. Josué señala que en su librería ellos sí que dejan entrar a todo el mundo, por lo cual Guido le promete que, a partir de ese momento, vetarían la entrada a las arañas, que le caen muy mal al niño, y a los visigodos, que le caen muy mal a Guido.

La escena, del reciente y oscuro pasado de la historia europea, sigue ocurriendo todos los días. Por ejemplo, en Vitoria. El informe anual de SOS Racismo sobre la situación del racismo y la xenofobia en el Estado español, publicado este viernes, recoge los resultados de un experimento realizado en la capital alavesa con la ayuda de cinco personas: dos mujeres de Euskadi y Colombia y tres hombres de Benín, Marruecos y Argelia.

Presentaban condiciones muy similares respecto a su contrato de trabajo, edad o nómina; y preguntaban por una vivienda de características parecidas. Las respuestas recibidas, sin embargo, no se asemejaron en nada. Para la mujer vasca había frases amables y corteses, como “claro, siéntese”, “este apartamento podría interesarle” o “el dueño de este piso estará encantado de alquilárselo a una chica de aquí de toda la vida”. Cuando la que entraba era una persona inmigrante, de repente se habían “acabado los pisos en alquiler”, el dueño “no quería alquilárselo a negros” o, directamente, no arrendaban el piso “a extranjeros“.

El estudio aborda los 247 casos de discriminación que fueron denunciados a SOS Racismo en 2015. Unos datos que, según Mikel Mazkiaran, secretario general de la federación, son solo una “muestra”. La cifra apenas se ha movido en los últimos años debido a que la discriminación se ha normalizado y a que las víctimas desconocen su posibilidad de denunciar, no confían en ello o no se atreven, según explica la organización.

La opresión racial se refleja, en este informe, en dos tipos de consecuencias principales: las agresiones y el conocido como racismo institucional. Agresiones como la denunciada por Vanessa Míguez, presidenta de SOS Galicia: una persona regresa de madrugada y un hombre en estado de embriaguez le rompe una botella de cristal en la oreja. Cuando baja de su casa acompañado de su compañero de piso para ir al hospital, el agresor, escoltado por otras dos personas, le pega por detrás en la cabeza con una barra de hierro.

El racismo institucional, por su parte, abarca desde los CIE (Centros de internamiento de extranjeros) y sus dinámicas a los obstáculos para obtener la nacionalidad o regularizar la situación en el país. De todos los casos denunciados suponen el 22%. También se traduce, en palabras de Mohamed Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid, en “cacerías policiales para llenar un avión de deportados, la retención de un menor en un CIE durante 59 días, deportaciones a extranjeros que llevaban más de diez años en territorio español o la absoluta falta de transparencia de estos lugares, que impide conocer que ha ocurrido con hasta el 50% de las personas internas”.

Desde SOS Racismo exigen, por tanto, al próximo Gobierno la puesta en marcha urgente de “una Ley Integral contra la discriminación” y de una “Ley de protección de víctimas de delitos de odio”. Para que el problema empiece a solucionarse piden, además, que aumente “el conocimiento de esta realidad” y la creación de “una estrategia integral y consensuada entre las administraciones públicas, la sociedad civil y la ciudadanía”.

(Fuente: La Marea / Autor: Manuel Gómez Garrido)

SOS Racismo denuncia «un preocupante aumento de las actitudes racistas»

SOS Racismo ha hecho público hoy su informe anual sobre el racismo en el Estado español, en el cual se recogen un total de 247 incidentes racistas y casi 100 casos dentro de la categoría de delitos de odio. Estos datos «visibilizan en personas de carne y hueso una realidad oculta en nuestra sociedad», tal como resalta el colectivo.

El 28% de los casos recogidos en el documento están relacionados con conflictos y agresiones racistas, seguidos de denuncias de racismo institucional (22,86%) y problemas con la seguridad pública (18%).

La portavoz de SOS Racisme Catalunya, Alba Cuevas, apunta que “actuaciones de violencia como las denunciadas en el informe de la federación o en el propio de Catalunya muestran un preocupante aumento de las actitudes racistas y de un racismo de baja intensidad en el Estado”.

Es por ello que desde el colectivo insisten en la necesidad de buscar soluciones “que mejoren el tratamiento de estas situaciones que se están enquistando en nuestra sociedad”, tal como apuntaron Mohamed Gerehou, presidente de SOS Racismo Madrid, y Mikel Mazkiaran, secretario general de la federación.

Entre las exigencias al respecto al próximo gobierno están la elaboración urgente de una Ley Integral contra la discriminación así como una Ley de protección de víctimas de delitos de odio «que proteja a éstas independientemente de su situación administrativa, que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal como son la denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

El 50% del total de los incidentes de odio con motivación racista o xenófoba denunciados en las oficinas de SOS Racismo ha tenido un contenido en violencia, ya sea física o verbal, que preocupa especialmente a la federación. Estos incidentes violentos han sido perpetrados tanto por particulares como miembros de grupos de extrema derecha y agentes de empresas de seguridad privada.

También consideran significativo “el número de casos de discriminación racista y xenófoba vinculada a la denegación acceso a establecimientos de ocio como bares y discotecas, servicios inmobiliarios, alquiler de vehículos, etc”, destacan.

Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia valoró cómo estas cifras “se traducen en la práctica en insultos, agresiones, conflictos vecinales o casos de acoso que menoscaban la convivencia e influyen de forma muy negativa en la vida cotidiana de personas que deben considerarse víctimas de delitos».

Por su parte, respecto a las cifras del número de casos atendidos y de la aparente estabilidad del número de casos recogidos en los últimos años, Mazkiaran señaló que «a pesar de que el número de casos en los que interviene la federación es estable en los últimos años, no significa que no hayan aumentado, sino que permanecen invisibles bien porque se ha normalizado el acto discriminatorio y no se percibe como un delito, bien por el desconocimiento de las víctimas».

Uno de las circunstancias que corroborarían la afirmación de Mazkiaran es el reciente test que ha realizado SOS Racismo sobre el acceso a la vivienda. De él se desprende que “en muchos de los casos se aprecian preocupantes comportamientos racistas en nuestra sociedad que no se ven reflejados en ninguna estadística oficial”, indican desde el colectivo.

(Fuente: Diagonal)

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