Sevilla: Co.bas. realiza una marcha jornalera al Parlamento contra la inculpación de trabajadores

Convocados por el sindicato Comisiones de Base (Co.bas) y la Plataforma de Afectados del PER, alrededor de un centenar de jornaleros realizaron ayer domingo una marcha hasta el llamado Parlamento, donde permanecieron concentrados durante varias horas.

La marcha jornalera partió a las once de la mañana de La Rinconada, población cercana a Sevilla, encabezada por una pancarta con el lema “en defensa del empleo y del campo”, recorriendo desde allí a pie la distancia que les separaba desde dicha localidad hasta la sede del Parlamento en Sevilla, alrededor de unos doce kilómetros. Tanto durante la marcha como a lo largo de la posterior concentración frente al Parlamento, corearon gritos como los de Susana, escucha, el pueblo está en la lucha” y “Justicia para los jornaleros”.

Según Co.bas, “el objetivo de la marcha era la defensa del empleo en la comarca que desde hace años viene retrocediendo. En el caso del campo se hace aún más virulento, ya que unido a la irregularidad laboral, está haciendo que muchos jornaleros/as se queden sin percibir sus prestaciones, al no poder alcanzar las 35 peonadas”.

Otro de ellos era mostrar mediante la misma  el “rechazo a las actuaciones del gobierno de elevar el caso Agrícola Espino y Baena Franco a la vía penal, pidiendo desde 6 meses hasta 3 años de cárcel para los jornaleros cuando fue la empresa quien no cumplió con sus obligaciones de abonar los seguros sociales, dejando una deuda millonaria”.

También el reclamar a la Junta de Andalucía y a los grupos parlamentarios el que se solidaricen, al igual que hace ya lo hicieron los de la Diputación de Sevilla, que aprobaron una moción por unanimidad, de Sevilla de apoyo a los trabajadores de las empresas Agrícola Espino, de Osuna (Sevilla), y Baena Franco, de Puente Genil (Córdoba), afectados por las sanciones impuestas por el Servicio Estatal de Empleo SEPE. en la que se manifestaba que “cuesta creer que en vez de arremeter contra los empresarios responsables del fraude se cargue contra las víctimas, en este caso los trabajadores y trabajadoras de ambas empresas. Cuesta creer que a la condena al hambre que supone las sanciones se le sume ahora la petición de penas de cárcel.” Igualmente les piden a los grupos “que tomen cartas en el asunto para que saquen a los trabajadores del auto”.

Las sanciones cautelares impuestas por el SEPE, cuya cuantía oscila entre 2.500 y 3.000 euros, se deben al incumplimiento de ambas empresas por no haber ingresado durante varios años las cotizaciones sociales de los trabajadores. Además, también se les ha reclamado la devolución de las prestaciones por subsidio agrario cobradas, que en algunos casos llegaban a los 14.000 euros.

También se ha abierto la vía penal, amparándose en la reforma del artículo 307 del Código Penal, con peticiones de prisión de seis meses a tres años porque la Fiscalía entiende que hubo connivencia entre los trabajadores y la empresa para defraudar. Los trabajadores piden a la Fiscalía que se archive la causa abierta contra ellos porque -sostienen- que los responsables del fraude son los empresarios.

Co.bas acusa  a la Administración de abrir diligencias penales contra los trabajadores de las empresas Agrícola Espino y Baena Franco con el objetivo de “criminalizar a los jornaleros y al PER en Andalucía”. Dicho intento respondería “a la necesidad de ir socavando los derechos de los jornaleros/as, como es el paro antiguo y la renta agraria, ya que el desempleo creciente, debido a la mecanización y a la política de cupo de producción de la UE, hace que cada vez sea más acuciante la idea entre las altas esferas de la propia rentabilidad de mantener el PER en Andalucía”.

Al llamamiento de los trabajadores solo acudieron parlamentarios de IU y Podemos, entre ellos Diego Cañamero y María García Bueno, así como miembros del SAT que se solidarizaron con los compañeros uniéndose a la protesta.  Diego Cañamero denunció la injusticia que supone el requisito de las peonadas y ha acusado a los empresarios de “aprovecharse no declarando los jornales de los trabajadores, que son totalmente inocentes” y reclamó su eliminación.  “Los trabajadores del campo no somos números, no nos pueden meter en una reserva india porque sobramos; si no hay jornales, hay que quitar ese requisito”.

La Otra Andalucía

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