Doñana: El espejismo de la ampliación en 14.000 hectáreas. Ahora la Junta “regulariza” 400 de cultivo

Lo que en un principio parecían buenas noticias para el Parque Nacional de Doñana ha derivado en una agria polémica. Priemro la Junta de Andalucía ampliaba en 14.000 hectáreas el espacio protegido, sumando un total de 128.385,82 y creando así una zona de amortiguación frente a las explotaciones agrarias limítrofes.

El pasado domingo, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía decidía regularizar 400 hectáreas tras la presentación, por parte de los agricultores de la comarca, de unos 180 escritos contra el Plan Especial de Ordenación de los Regadíos al norte de la corona forestal de Doñana. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, se trata de unas hectáreas que el plan determinaba que no eran regularizables y, que tras su revisión, sí lo son.

El citado Plan, aprobado por el Decreto 178/2014, afectaba a una superficie de 64.457 hectáreas, de las que aproximadamente 9.340 son susceptibles de ser consideradas como regables (7.240 de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y el resto de la del Tinto-Odiel-Piedras) en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).

“Los agricultores alegaron que se produjeron errores cartográficos, y que había tierras que eran perfectamente cultivables”, explica . Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva. “Durante años, los ayuntamientos han ido privatizando esos terrenos forestales. Y las leyes que han ido haciendo nuestros gobernantes se han ido incumpliendo sistemáticamente”, denuncia Romero.

Para el portavoz de Ecologistas en Acción, “la situación tiene culpables por acción y por omisión”. Los primeros, “los agricultores y ayuntamientos que han cogido y transformado el citado terreno forestal”. Los segundos, desde la Junta, “que han consentido ese crecimiento”.

En palabras de Romero, estamos ante un grave problema de difícil solución, especialmente en lo que concierne al agua, vital para la conservación de la biodiversidad en Doñana. “Los acuíferos están sobreexplotados, lo que ha creado una situación absolutamente caótica. La Junta debería tomar cartas en el asunto y tutelar la gestión del agua”. La solución, en opinión de Romero, pasaría por una agricultura sostenible. También por que Bruselas tome medidas contundentes: en este sentido, esperan la apertura de un expediente.

(Fuente: La Marea / Autor: Dani Cabezas)

Doñana: 14.000 hectáreas más; ni una amenaza menos

El Parque de Doñana es hoy más grande que nunca después de que sus fronteras se hayan movido esta semana para sumar otras 14.000 hectáreas. El resultado de la ampliación aprobada por la Junta de Andalucía son 128.385,82 hectáreas de espacio protegido. Pero el terreno ganado no es, ni mucho menos, un escudo frente a los peligros que acechan a Doñana, que no son pocos.

La cartografía del parque ha variado en dos zonas, Bodegones-Cabezudos y Coto la Matilla, por un lado, y parcelas agrícolas al sur de los arroyo de la Rocina, por otro, que ahora quedan dentro de los límites de Doñana, garantizando, según la versión oficial, más y mejor agua así como una zona de «amortiguación» frente a las explotaciones agrarias que la circundan. Una especie de cinturón protector que, sin embargo, y según Ecologistas en Acción, poco o nada añade al parque y, mucho menos aún, a su protección frente a las amenazas con las que convive.

Sobre todo porque la mayor parte de los ‘nuevos’ terrenos de Doñana -propiedad de la Junta, por cierto- ya formaban parte del espacio de facto y gozaban de protección ambiental, la mayoría de carácter europeo por estar incluidos dentro de la red Natura 2000.

Más allá de algunos cambios en la gestión administrativa, Doñana, dicen los conservacionistas, poco va a notar su estirón. Con todo, incluso los ecologistas se muestran a favor de la incorporación de estas 14.000 hectáreas, aunque añadiéndole un pero: es insuficiente para garantizar el futuro del parque. En eso coinciden el portavoz de Ecologistas en Acción en Huelva, Juan Romero, y el coordinador de la oficina de WWFen Doñana, Juanjo Carmona.

Este último aboga incluso por llevar a cabo una ampliación del espacio protegido hacia el área marina porque “el mar es el gran olvidado de Doñana”. Desde este punto de vista, la decisión de la Junta de ampliar no sería más que una operación estética con un objetivo más propagandístico que otra cosa, pero sin entrar e en el fondo del problema.

Un problema que son varios, aunque los hay mayores y menores. El más grave, en el que coinciden todos los que saben algo de esto, es el agua. La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos que nutren al parque y la consiguiente escasez de agua es el nubarrón más negro que se cierne sobre Doñana. Sin agua, los humedales, uno de los ecosistemas más preciados en el parque, morirán antes o después y Doñana dejará de ser lo que es. El agua es a Doñana lo que la sangre al cuerpo humano. Uno no existe sin la otra.

No es casual que otra de las grandes amenazas esté también directamente relacionada con el agua. Se trata de la minería, de explotaciones ubicados en el área de influencia del parque y que o se han reactivado en los últimos años o están a punto de hacerlo, como Aznalcóllar.

La reapertura de la mina reaviva una de las peores pesadillas de Doñana, la que se vivió en abril de 1998 cuando la presa de lodos tóxicos de la explotación minera reventó e inundó todo lo que había alrededor, incluyendo el Guadiamar. La lengua de contaminación quedó a las puertas del parque y, de acuerdo con Ecologistas en Acción, el peligro no ha pasado y que la mina vuelva a la actividad lo multiplica.

El proyecto del dragado del río Guadalquivir, que abanderan el Puerto de Sevilla y la patronal, es otro de los grandes riesgos. De nuevo, el agua. Los detractores, entre los que están los arroceros de la cuenca del Guadalquivir además de los conservacionistas, advierten de que la profundización del cauce -para permitir la entrada de buques de mayor calado- traería consigo una alteración irreversible de las condiciones del río, en especial la salinidad del agua aunque también el efecto se dejaría sentir en los márgenes. Y las consecuencias llegarían hasta Doñana.

Y llegamos al gas, el más actual (aunque no es nuevo ni el más grave) de los peligros a los que se enfrenta el parque. La ampliación del parque, a la que el gobierno de Susana Díaz ha tardado más de un año en dar el visto bueno desde que la anunció, coincide con la polémica por el proyecto de almacenamiento de gas que promueve una filial de Gas Natural Fenosa frente al que la Administración andaluza mantiene un discurso duro que se contradice con sus acciones.

Hace más de 30 años -entonces la legislación no era tan exhaustiva y los riesgos eran más desconocidos- se autorizó la extracción de gas natural del subsuelo. Hoy esos yacimientos están en gran medida vacíos y es lo que pretende aprovechar Gas Natural Fenosa para convertirlos en grandes almacenes. Lo que iba a ser un megaproyecto se troceó en cuatro y dos de ellos, los que no están justo dentro del parque, ya han obtenido el plácet de la Junta.

Hay quien detrás de este proyecto oscuros intereses e influencias políticas -el nombre de Felipe González ha salido a relucir- y se pregunta si no hay una iniciativa de ‘fracking’ en el fondo.

(Fuente: El Mundo – Andalucía / Autor: Chema Rodríguez)

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WWF calcula que un tercio de los cultivos al norte de Doñana son ilegales

Administración, científicos y ecologistas coinciden: Doñana se seca por culpa de los cultivos ilegales. Para poner freno a un desastre ambiental que ya está dando la cara, la Junta de Andalucía aprobó, con el consenso de los propios agricultores, el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana, también conocido como el Plan de la Fresa, en 2014.

Hoy en día, hay más de 11.000 hectáreas de cultivo al norte del espacio protegido. Según la Junta de Andalucía, un 15% de estos cultivos son ilegales y deben quedar fuera de la cartografía de “suelos agrícolas regables”.

WWF añade otro 15% de hectáreas irregulares, entre montes públicos transformados de zona forestal a agrícola, espacios protegidos, zonas “donde no se aprecia continuidad en el riego” desde 2013 y errores cartográficos (445 hectáreas).

En total, un 30% de los cultivos, unas 3.500 hectáreas cultivadas, serían ilegales. Según cálculos de la organización ecologista, eso supone una extracción ilegal de unos 15 hectómetros cúbicos de agua anualmente.

La Corona Norte es hoy en día una zona económica crucial para la provincia de Huelva y para Andalucía. El 80% de los cultivos de la zona son de fresas y otros frutos rojos. La producción de 300.000 toneladas de fresas de Huelva genera al año un negocio de 355 millones de euros y la provincia es a día de hoy la mayor zona de producción de fresas de Europa.

Una sobreexplotación del agua disponible no solo supone un desastre ambiental para un espacio protegido fundamental para aves migratorias y especies protegidas como el lince ibérico o el águila imperial, sino un “suicidio” para el negocio de la fresa.

El Plan trata precisamente de “establecer un equilibrio entre el desarrollo de la próspera actividad agrícola en el entorno de Doñana, y las consecuencias de esta actividad en el medio ambiente y fundamentalmente en las aguas subterráneas que inciden en el Espacio Natural”.

A pesar de que los agricultores aceptaron las condiciones del plan tras siete años de negociaciones, desde 2007 hasta 2014, ahora lo rechazan.

Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma de Regadíos del Condado de Huelva, ha manifestado a este diario que el plan presenta “muchas deficiencias” y que van a intentar “salvar las máximas hectáreas posibles. Vamos a intentar modificar esas clausulas, porque, aplicando la ley forestal (de 1992, que prohíbe la recalificación de suelo forestal), se pierde un 30% de la superficie actual, donde llevamos cultivando más de 20 años”.

Como medida de presión, los regantes han organizado para el miércoles 6 de abril una concentración ante las puertas del Parlamento de Andalucía, reclamando la amnistía de parcelas que a día de hoy se encuentran en una situación irregular por encontrarse en espacio protegido o zona forestal.

Una amnistía “suicida”

Desde la Consejería de Medio Ambiente insisten: “se cumplirá escrupulosamente” con el Plan y no se cederá a las presiones de los regantes para amnistiar los cultivos ilegales. El director de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera que “pedir una amnistía para los cultivos y los pozos ilegales es suicida”.

WWF le reclama a la Junta de Andalucía que aplique “cuanto antes” el Plan, ya que es “el único instrumento que puede poner orden en el caos de cultivos existente alrededor de Doñana, dar seguridad jurídica al sector, y asegurar la conservación del agua de la que dependen el futuro de la propia actividad agrícola en la zona y de los ecosistemas de Doñana”. Según la organización ecologista, la superficie de regadíos que se deben eliminar no son fincas enteras, sino partes de las explotaciones que han crecido ilegalmente en localidades como Lucena del Puerto o Moguer.

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por la extracción ilegal del acuífero 27, que nutre el espacio protegido de Doñana, y por cuyo estado la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir muestra su “preocupación”.

CSIC: “El agua de Doñana se está yendo a pique”

Carmen Díaz Paniagua, investigadora de la Estación Biología de Doñana que lleva más de una década estudiando las lagunas, asegura que “el agua de Doñana se está yendo a pique a marchas forzadas, porque nunca se ha organizado de manera sostenible. En Doñana casi todo son lagunas temporales, pero hay una serie de lagunas de larga duración, que no se secaban todos los años y que son muy importantes para especies que tienen mucha necesidad de agua. Pues bien, hay lagunas grandes, las permanentes, que están dejando de serlo. Eso está ocurriendo porque hay una bajada del nivel freático que impide que se llenen las lagunas y tengan una duración normal”.

El origen de esa bajada del nivel freático hay que buscarlo, según la experta del CSIC, tanto en el crecimiento urbanístico de Matalascañas, con sus campos de golf, como “en el crecimiento del sector de la fresa”. La zona más afectada, señala Paniagua, es la del norte, donde se encuentran las zonas de cultivo y donde el nivel freático baja hasta los 16-20 metros, descendiendo así hasta un nivel que impide que las lagunas se recuperen. “Antes, con un buen año de lluvia, se recuperaba el sistema. Ahora si tras un año de lluvias, llega uno normal, no se recupera. Como no hagamos una política de gestión del agua, nos quedamos sin Doñana”, sentencia.

(Fuente: el diario.es / Autor: Alejandro Ávila)

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