La Junta tardará siete años en retirar el amianto de colegios e institutos

La Junta de Andalucía destinará un total de 60 millones de euros a un plan de retirada progresiva del amianto en unas 220 infraestructuras públicas educativas de la comunidad, un 3% de los centros escolares públicos andaluces, una retirada que comenzará este mismo verano, tendrán dos fases y se prolongará hasta 2022 para “hacerlo compatible con la actividad escolar, ya que solo se pueden retirar los materiales en periodo de vacaciones”.

En rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Gobierno, que ha aprobado este martes esta planificación, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha precisado que “no hay ninguna situación de riegos para la salud en ningún centro educativo” y que “se actuará a partir de ahora de acuerdo a informes que determinen los técnicos de la Consejería de Educación”. La pregunta es obvia, si no hay o puede haber ninguna situación de riegos para la salud por qué se actúa? Si se hace, una de dos, o es por capricho o porque ese riesgo sí existe.

El portavoz del Ejecutivo expecificó que el programa se desarrollará en dos etapas. La primera, entre 2016 y 2020 y con un coste de 40 millones, tendrá como objetivo elaborar un registro de instalaciones, tanto de titularidad municipal como autonómica, escuelas infantiles, colegios de Infantil y Primaria, institutos de Educación Secundaria, centros de Educación Especial, Escuelas Oficiales de Idiomas, centros de enseñanzas artísticas y residencias escolares.

Además precisço que este mismo año ya se acometerán por vía de urgencia una treintena de intervenciones en las infraestructuras donde se constata riesgo de desprendimiento de fibras. Los trabajos se realizarán de forma compatible con el calendario escolar, para no interferir en el funcionamiento de los centros y según la normativa vigente.

La segunda etapa, a desarrollar entre 2021 y 2022 y con un coste estimado de 20 millones, se centrará en el resto de instalaciones afectadas. En este sentido, ha señalado que anteriormente la Junta ya realizó trabajos de eliminación de amianto en 54 centros “con absoluta normalidad y más por prevención que por riesgo para la salud”.

Siete años van a tener aún que permanecer miles de niños y adolescentes andaluces condenados a dar clases en instalaciones con amianto, una temporalidad que  no está determinado por necesidades educativas sino por la lentitud y desinterés administrativo. Con los fondos adecuados es posible realizarlo en una temporalidad mucho menor.

Por otro lado, Vázquez declaró que se ha proporcionado información a la comunidad educativa “sobre el material, los procedimientos que rigen esta situaciones y la situación específica de los colegios”. También afirmó que “está prohibida la fabricación, comercialización y el uso de estos materiales, pero no hay ninguna obligación legal de la retirada de los productos ya instalados” y “tampoco un plazo para dicha eliminación salvo en lo que se refiere al final de la vida útil de estos materiales”, lo que no concuerda con las múltiples manifestaciones de las ampas pidiendo información y exigiendo soluciones que se han venido desarrollando en los últimos años.

Asimismo, llegó a decir que la Agencia Pública de Educación “visita los centros escolares para atender las necesidades de retirada de estos elementos cuando se constata que pueden ser peligrosos”, y que “siempre que se requieren labores de reparación, se actúa dentro de la normativa”. Nuevamente la realidad desmiente nuevamente a Vázquez. Si hubiese sido así los padres, los alumnos y el profesorado no se hubiese visto en la necesidad de hacer pública la problemática y lanzarse a la calle. Es la presión de la comunidad educativa la que ha obligado a la Juta a actuar.

La Otra Andalucía

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